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LA REALIDAD PARALELA DEL IDARTES: EL DESCARADO MONTAJE POST-DENUNCIA PARA EVADIR A LA CONTRALORÍA

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Por: Periodismo de Investigación Ciudadana Bogotá D.C., 7 de junio de 2026

Lo que ha sucedido en las últimas 48 horas en los pasillos del Instituto Distrital de las Artes (IDARTES) es digno de una película de mafiosos… sin ser película sino realidad; es una muestra de cómo una maquinaria burocrática, acorralada por las denuncias ciudadanas, es capaz de alterar expedientes públicos en tiempo real para fabricar una realidad paralela y lavarse las manos ante los entes de control fiscal.

El detonante de este escándalo ocurrió los días 4 y 5 de junio de 2026. Tras una rigurosa auditoría ciudadana al proceso de la BECA LEP – PRODUCCIÓN Y CIRCULACIÓN – RED DE ESCENARIOS 2026 (Específicamente la Categoría 3, destinada al Teatro al Aire Libre La Media Torta), se radicó una macro-denuncia que dejó al desnudo un fraude matemático insubsanable. La convocatoria, bajo la ordenación del gasto de la Subdirectora de Equipamientos Culturales, SILVIA OSPINA HENAO, ofertaba de manera fija y obligatoria 16 cupos para ganadores con recursos de la Contribución Parafiscal Cultural ($160.000.000). Sin embargo, el propio documento oficial de la entidad, denominado Inscritos y habilitados.pdf, demostraba que únicamente doce (12) propuestas reales habían sido habilitadas. Había más premios que concursantes legalmente aptos; el concurso estaba muerto antes de empezar.

El pánico del 5 de junio y la orden de “cuadrar” las cifras

La alerta ciudadana escaló de inmediato. El 5 de junio de 2026, la Dirección de Apoyo al Despacho de la Contraloría de Bogotá emitió el traslado de urgencia de la denuncia mediante el Oficio Consecutivo 11100-1-77045, abriendo de manera formal el Radicado de Control Fiscal No. 2-2026-12084.

Al verse notificados en tiempo real de que la Contraloría iniciaría una inspección técnica sobre un concurso viciado de origen (donde obligaron a los jurados a evaluar un listado raquítico de 12 propuestas para llenar 16 cupos fijos, omitiendo el deber legal de declarar la deserción parcial de los 4 cupos sobrantes), la reacción de las directivas del IDARTES no fue la transparencia, sino el pánico operativo y la adulteración documental.

El sábado 6 de junio de 2026, en una maniobra informática y administrativa relámpago ejecutada a menos de 24 horas del traslado de la denuncia, el IDARTES colgó en su plataforma un documento definitivo: el acta publicada 6 de junio 2026.pdf. Fue en ese preciso instante donde la entidad consumó una presunta Falsedad Ideológica en Documento Público. En un intento desesperado por disimular que la convocatoria carecía de quórum competitivo y que la bolsa de dinero público estaba rota, la entidad modificó la verdad histórica del proceso e insertó una cifra falsa en el texto del acta, asegurando ante los ojos de la ciudadanía y de los auditores fiscales que el universo de proyectos evaluados por los jurados no era de 12, sino de catorce (14) propuestas habilitadas.

De la noche a la mañana, y solo después de verse denunciados, el IDARTES “apareció” dos propuestas fantasmas en el papel para maquillar el déficit e intentar demostrar que sí existía una competencia real en los equipamientos culturales de la ciudad.

El truco de magia: Inventar reglas de juego con el partido ya terminado

El segundo gran pilar de la realidad paralela construida por la Subdirección de Equipamientos Culturales se ejecutó mediante lo que en derecho administrativo se conoce como una flagrante Desviación de Poder. Para blindar a la ordenadora del gasto, SILVIA OSPINA HENAO, tras el traslado de la denuncia el 5 de junio, el IDARTES no solo infló el número de participantes en el papel; también tuvo que inventarse una barrera de contención técnica para deshacerse de propuestas sobre la marcha.

En el acta publicada a las carreras el sábado 6 de junio de 2026, la entidad y su cuerpo de jurados sacaron de la manga un criterio de evaluación inédito: un sistema de “máximos y mínimos de puntaje de corte” para restringir de manera selectiva quiénes pasaban el filtro y quiénes no.

La trampa es burda. Al revisar minuciosamente los pliegos de condiciones técnicas y la Resolución No. 166 del 24 de febrero de 2026 —que legalmente son las únicas reglas de juego vinculantes e inmodificables del concurso—, en ninguna parte se estableció un tope eliminatorio de este carácter para la Categoría 3 de La Media Torta. Las reglas originales obligaban a premiar a 16 propuestas bajo un estricto orden de elegibilidad y evaluación objetiva.

Al inventar y aplicar un umbral de puntuación ex post facto (con el proceso cerrado, los sobres abiertos y la denuncia de la Contraloría ya radicada en sus despachos), IDARTES violó el principio constitucional del debido proceso y la buena fe objetiva. Cambiar las reglas de un concurso público después de que los participantes han competido —y con el único fin de “cuadrar” matemáticamente un resultado que los favorezca ante la auditoría fiscal— configura un presunto delito de Fraude Procesal. Modificaron los elementos del expediente para inducir a error a los investigadores de la Contraloría de Bogotá, pretendiendo hacer pasar un sesgo selectivo extemporáneo como si fuera legalidad técnica.

Los jurados como parachoques y la ridícula coartada.

Para entender las dimensiones del fraude procesal, es necesario mirar la línea de tiempo del expediente. Según consta en el propio documento manipulado, el cuerpo de jurados cerró formalmente sus deliberaciones el día 1 de junio de 2026 a las 14:00:00. Por ley y cronograma, el listado de elegibles debió ser publicado de inmediato. Sin embargo, la entidad retuvo el acta de manera irregular durante cinco días, rompiendo la cadena de custodia del proceso administrativo.

¿Por qué guardaron el documento bajo llave? El pánico del 5 de junio, cuando la Contraloría les trasladó la macro-denuncia ciudadana bajo el Radicado 2-2026-12084, les dio la respuesta. IDARTES utilizó ese preocupante lapso de retención para inyectar en el documento definitivo una narrativa defensiva ex post facto antes de colgarlo en la plataforma el sábado 6 de junio.

Al revisar la página 5 del acta prefabricada, el cinismo institucional queda al descubierto. IDARTES obligó o indujo a los jurados a plasmar justificaciones que no tienen nada que ver con los pliegos originales de la Resolución No. 166 de 2026, sino que buscan culpar al propio software de la entidad por el fracaso en la participación artística de la ciudad. Textualmente se sembró en el acta la siguiente coartada:

“…Esta falta de propuestas viables se ve agravada por el propio diseño de la plataforma de la convocatoria, la cual confunde al participante con formularios duplicados que inducen al plagio de fichas técnicas (riders), exige insumos ajenos a la categoría de circulación (como libretos)… y ofrece herramientas presupuestales rígidas que desconfiguran sus fórmulas”.

Esto es una aberración dentro del periodismo de investigación y la veeduría pública: IDARTES pretendió usar el acta de los jurados como un mecanismo de auto-exoneración penal y fiscal. En el derecho administrativo, las fallas, rigideces o asimetrías de las plataformas informáticas diseñadas por el propio Estado jamás pueden ser elevadas a la categoría de argumentos para descalificar propuestas o para recortar bolsas de dinero parafiscal de destinación específica. Al sembrar este testimonio artificial el 6 de junio, la entidad consumó una Falsedad Ideológica por Ocultamiento y una abierta Desviación de Poder, pretendiendo que los jurados asumieran la culpa del bache matemático que Subterránica ya había puesto en conocimiento del organismo de control fiscal.

La fase criminal: Guerra sucia, video filtrado y amenazas de muerte

El descarado montaje documental del 6 de junio de 2026 no fue la única respuesta del entorno que protege los oscuros intereses de la contratación de IDARTES. Al verse al descubierto ante el traslado inmediato de la Contraloría de Bogotá (Radicado No. 2-2026-12084), y ante el peso de una fiscalización ciudadana que lleva más de 13 años (2013-2026) documentando el direccionamiento del Programa Distrital de Estímulos y las roscas operativas de los Festivales al Parque, los implicados decidieron cruzar la línea de la legalidad para pasar al terreno de la delincuencia organizada.

En las últimas horas, de manera paralela a la publicación del acta falsificada, actores indeterminados, pero directamente coordinados con los intereses de la entidad han desatado una campaña sistemática de guerra sucia y asesinato moral contra el veedor ciudadano. Denunciamos públicamente ante el país y la comunidad internacional la difusión masiva e ilícita de un video de carácter estrictamente privado extraído de mi entorno personal. Este material íntimo ha sido burda y maliciosamente sacado de contexto con un único objetivo delictivo, destruir mi buen nombre, minar mi credibilidad periodística y desviar la atención pública de los contundentes hallazgos que hunden la gestión de la Subdirectora de Equipamientos Culturales, SILVIA OSPINA HENAO. Y no solo eso, no es primera vez, en la fiscalía corre un proceso contra músicos aliados a Idartes y beneficiciaron anteriores por los mismos motivos.

Pero el perfilamiento y la difamación informática son solo la antesala. El ataque escaló de inmediato a la intimidación violenta: he comenzado a recibir amenazas anónimas de muerte que advierten represalias extremas si se detiene la ampliación de estas denuncias ante la Contraloría.

En un país como Colombia, donde la corrupción contractual y la defensa del erario público se pagan históricamente con sangre, estas amenazas no son un chiste digital ni una simple hostilidad de redes sociales; representan un riesgo inminente, real y letal contra la vida y la del núcleo familiar de quienes denuncian. Aquí se mata por deporte para blindar los presupuestos del fomento cultural. El uso de material privado para perfilar a un ciudadano es el procedimiento estándar de las mafias contractuales antes de pasar al atentado material. Hago responsable directo al Estado colombiano, a las directivas de IDARTES y a los operadores privados que se lucran de su contratación por cualquier atentado contra mi integridad física, la de mi esposa o la de mis hijas.

El veredicto ciudadano: Exigencia de cese total y las preguntas que la Contraloría no puede evadir

La farsa de los “14 habilitados”, la invención extemporánea de puntajes mínimos de corte para recortar las bolsas de estímulos y la posterior campaña de hostigamiento contra la veeduría ciudadana demuestran que IDARTES ha desbordado cualquier límite de la legalidad. No estamos ante un problema de software ni ante un error de digitación de un funcionario de rango medio; estamos ante el modus operandi de una cofradía burocrática institucionalizada que prefiere acudir a la falsedad ideológica y a la guerra sucia antes que permitir que se auditen los recursos públicos.

Permitir que el IDARTES continúe ejecutando el presupuesto ordinario del fomento, legalizando contratos de circulación y tramitando los fondos parafiscales de la Contribución Cultural (recursos LEP) bajo un expediente burdamente alterado, constituiría un insulto a los miles de artistas independientes que año tras año ven cómo se cierran las puertas del circuito artístico de Bogotá. Ante la gravedad de los hechos y el riesgo inminente para la vida del fiscalizador, la ciudadanía y los colectivos musicales independientes exigen la aplicación inmediata de medidas extraordinarias: el CESE INMEDIATO DE TODA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA, CONTRACTUAL Y PRESUPUESTAL DEL IDARTES, y la intervención urgente de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Fiscalía General de la Nación para frenar la intimidación criminal.

La pelota está ahora en la cancha de la Contraloría de Bogotá D.C. El radicado especial No. 2-2026-12084 determinará si el órgano de control fiscal se arrodilla ante las realidades paralelas de la burocracia o si hace cumplir la Constitución. Los ciudadanos y los medios independientes exigimos respuestas públicas, taxativas y escritas a un cuestionario que no admite evasivas:

  1. ¿Validará la Contraloría de Bogotá la cifra falsa de 14 habilitados sembrada a última hora por el IDARTES, o tipificará de manera contundente la comisión de los presuntos delitos de Falsedad Ideológica en Documento Público y Fraude Procesal post-denuncia?
  2. ¿Aceptará el organismo de control fiscal que las entidades distritales inventen e implementen criterios de puntaje excluyentes con el concurso ya cerrado y las denuncias radicadas, destruyendo el principio de Selección Objetiva?
  3. Dado el entorno de presunta corrupción sistemática que abarca la contratación del fomento y los Festivales al Parque, ¿decretará la Contraloría la Medida Cautelar de Suspensión Preventiva y cese de actividades sobre el IDARTES para proteger el patrimonio de la ciudad?
  4. Frente a las amenazas de muerte directas y el perfilamiento mediante la filtración de material privado que hoy sufre el veedor de este caso, ¿qué acciones afirmativas e inmediatas tomará la Contraloría para garantizar que ejercer el control social en Bogotá no sea una sentencia de muerte?
  5. Dígale de frente a la ciudadanía: ¿Es la Contraloría de Bogotá D.C. una institución tolerante con el maquillaje de expedientes y la opacidad en el sector cultura, o compulsará copias de urgencia a la Fiscalía General de la Nación por las conductas delictivas plenamente probadas en este proceso?

La verdad histórica del expediente ya fue expuesta. El documento original definitivo con solo 12 propuestas habilitadas reales contra el acta prefabricada del 6 de junio con 14 participantes artificiales son las pruebas reinas de un montaje que la ciudad no va a silenciar. Seguiremos vigilantes, informando cada paso de este proceso, porque la cultura y los recursos de Bogotá le pertenecen a los artistas, no a los parásitos que pretenden administrarlos a puerta cerrada.

Y ojo… esa manía que tienen los colombianos de compartir chats, conversaciones, videos que no son de ustedes se castiga CON CARCEL:

  1. Ley 1273 de 2009 (Ley de Delitos Informáticos)
    Esta es la norma principal cuando el material privado se obtiene o se difunde a través de medios digitales (WhatsApp, redes sociales, correos electrónicos).

Artículo 269F: Violación de datos personales.

Castiga a quien, sin estar facultado para ello, con provecho propio o de un tercero, obtenga, compile, sancione, modifique, divulgue o difunda códigos de acceso, datos personales contenidos en base de datos o medios semejantes.

Pena de cárcel: De 48 a 96 meses (de 4 a 8 años) de prisión.

Multa: De 100 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

  1. Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000)
    Si la conversación o el video se obtuvieron interceptando o violando la privacidad de las comunicaciones, aplican los delitos contra la intimidad:

Artículo 192: Violación de ilícita de comunicaciones.

Castiga al que ilícitamente interceptre comunicación dirigida a otra persona, o se entere de su contenido, la modifique o la divulgue.

Pena de cárcel: De 16 a 54 meses (de 1.3 a 4.5 años) de prisión.

Artículo 194: Divulgación y empleo de documentos reservados.

Sanciona al que hallándose en posesión de un documento, chat, grabación o video que por su naturaleza deba permanecer en reserva, lo divulgue de manera que pueda causar perjuicio.

Pena: Multa y pérdida del empleo o cargo público (si aplica), además de agravarse si se usa para chantaje o descrédito.

Agravantes del Delito (Aumento de la Pena)
La ley estipula que la pena de cárcel aumentará de la mitad a las tres cuartas partes (pudiendo superar los 10 o 12 años de prisión) si se cumplen las siguientes condiciones, las cuales encajan con su situación de control social:

Uso de la información para descrédito: Cuando el material se difunde con la intención explícita de dañar el buen nombre, la honra o la credibilidad de la víctima.

Fines de retaliación o chantaje: Cuando se utiliza como un mecanismo de presión para que la persona desista de una acción (como una denuncia fiscal).

Difusión masiva: Cuando se utilizan redes sociales, medios informáticos o canales de mensajería para multiplicar el alcance del daño. PRgunten a nuestro amigo el guitarrista.

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El punk no debería morir así…

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Hay noticias que no deberían existir, pero en este momento del mundo pareciera que la violencia es la nueva normalidad. La muerte de Ómar Alexis Ayala Taborda, conocido en la escena punk de Medellín como El Punk o El Crespo, es una de ellas. Tenía 35 años y pertenecía a esa generación de personas que durante años han construido la escena desde lugares que rara vez aparecen en las grandes historias oficiales de la música, contruia desde los barrios, los talleres, los ensayos, los conciertos pequeños, las calles y los espacios donde una comunidad se reconoce a sí misma.

Alexis era ebanista y había trabajado en talleres de Medellín, su vida estaba vinculada a una escena que lleva décadas utilizando el punk como una forma de expresión frente a la desigualdad, la violencia, la exclusión y las contradicciones de una sociedad que muchas veces deja pocas posibilidades para quienes nacen en sus márgenes. En ese contexto, los conciertos no han sido solamente lugares para escuchar música sino espacios de encuentro, amistad, identidad, protesta y solidaridad.

El sábado 12 de septiembre de 2026, Alexis asistió a Ruido Solidario, un concierto realizado en la cancha El Tierrero, en el sector de Popular 1, Medellín. El evento tenía el propósito de recoger ayudas para las personas afectadas por el terremoto del 10 de agosto. La actividad comenzó aproximadamente a las dos de la tarde, participaron varias bandas y la entrada tenía un valor de siete mil pesos, además de la posibilidad de realizar donaciones.

Era una jornada organizada alrededor de la música y de la solidaridad, pero cerca de las diez de la noche se produjo una riña entre varias personas que terminó trágicamente. Según el reporte conocido por las autoridades y publicado por periódico El Colombiano, durante la pelea una persona habría sacado un arma blanca y dos hombres resultaron heridos. Uno de ellos fue Alexis y el otro, un hombre de 28 años, recibió una herida en el pecho. Este último fue trasladado a la Clínica CES y posteriormente dado de alta después de determinarse que la lesión no comprometía órganos vitales.

Alexis fue trasladado a la Unidad Intermedia de Santa Cruz con una herida en la pierna derecha. De acuerdo con la información publicada, inicialmente fue dado de alta porque la lesión no parecía ser grave, pero se presentó una complicación y Alexis murió. Su fallecimiento quedó registrado el 13 de septiembre.

Es precisamente en este punto donde comienza una de las preguntas más importantes de toda la historia. ¿Qué ocurrió entre aquella primera atención médica y la muerte de Alexis? Una herida en una pierna puede tener diferentes consecuencias dependiendo de las estructuras afectadas y de su evolución, pero no sería responsable decir que fue una causa médica sin conocer el dictamen correspondiente. La causa concreta del fallecimiento tendrá que establecerse mediante los documentos médicos y forenses de la investigación.

Existe además una versión que ha comenzado a circular dentro de la escena punk y que ha sido recogida por medios que han reconstruido el episodio. Según esos relatos, Alexis habría intentado intervenir para separar a las personas que estaban peleando y terminó siendo atacado con el arma blanca. Esta circunstancia todavía debe ser establecida formalmente y no puede presentarse como un hecho judicialmente demostrado, pero resulta relevante porque modifica sustancialmente la manera de entender el episodio. Si la investigación llegara a confirmar que Alexis intervino para detener la pelea, estaríamos ante una tragedia todavía más absurda, una persona que intentaba contener una situación violenta terminó convirtiéndose en una de sus víctimas.

Las autoridades reportaron la captura de Cristian Alexis Daza González, de 21 años, quien se presentó voluntariamente acompañado por su padre para aclarar su presunta participación en la riña y en las lesiones ocasionadas con arma blanca. Ese es, hasta ahora, el dato público más concreto sobre una persona vinculada formalmente al caso.

Una captura no equivale a una condena y mientras no exista una decisión judicial que establezca responsabilidades, Daza debe ser considerado un presunto implicado. También hace falta conocer públicamente qué ocurrió después de su presentación ante las autoridades, qué imputación realizó la Fiscalía, qué elementos probatorios existen, si la captura fue legalizada y qué decisión tomó el juez frente al proceso.

La investigación tampoco debería limitarse a determinar quién participó en la pelea. Hay que reconstruir qué ocurrió durante la agresión, qué personas estuvieron presentes, cómo fue atendido Alexis, por qué fue dado de alta inicialmente y qué circunstancias condujeron posteriormente a su muerte. Cada uno de esos elementos forma parte de una misma historia y todos son necesarios para comprenderla.

Sería muy fácil utilizar la muerte de Alexis para alimentar el estereotipo de que el punk es una cultura asociada con el alcohol, las drogas y la violencia ya que algunos medios han mencionado un alto consumo de alcohol y sustancias alrededor del evento, algo que también deberá ser establecido y contextualizado adecuadamente. Pero convertir ese elemento en una explicación automática de lo ocurrido sería tan simplista que cae en el amarillismo estúpido de Colombia, el Punk así como el rock o el Metal siempre han sido satanizados en este país conservador.

El punk no creó la violencia que atraviesa a Medellín ni a Colombia. buena parte de su historia se construyó precisamente como respuesta frente a sociedades marcadas por la desigualdad, la exclusión, la represión y distintas formas de violencia. En Colombia las escenas punk y rock han generado durante décadas espacios de organización, expresión artística y solidaridad que difícilmente pueden reducirse a los comportamientos de algunas personas en una noche determinada.

Eso no significa que la escena deba mirar hacia otro lado, una comunidad cultural también tiene que ser capaz de reconocer aquello que ocurre dentro de ella, incluso cuando resulta incómodo. Si existen conflictos personales que llegan hasta los conciertos, si hay personas que acuden armadas, si determinadas situaciones de consumo terminan aumentando los riesgos o si las organizaciones carecen de mecanismos suficientes para prevenir una confrontación, todo eso debe ser discutido. La muerte de Alexis obliga a hacerlo.

Porque un concierto debería ser un espacio en el que una persona pueda encontrarse con otras, escuchar música, bailar, discutir sobre política, gritar una canción, beber una cerveza, conocer una banda o simplemente pasar unas horas lejos de los problemas cotidianos. Un concierto de punk tiene que ser ruidoso, incómodo, irreverente, provocador y contestatario, para eso es el género. Lo que no debería formar parte de eso es la posibilidad de que una discusión termine con alguien muerto.

Y por eso esta historia merece ser contada con cuidado, pero también con la suficiente firmeza para no permitir que se convierta en una noticia pasajera ¿Qué está ocurriendo dentro de nuestras escenas musicales cuando una diferencia puede terminar de esta manera?

Si la versión según la cual Alexis intentó detener la pelea termina siendo confirmada, su historia debería servir precisamente para recordar que intervenir no siempre es un acto menor. En ocasiones puede ser la diferencia entre que una discusión termine con dos personas insultándose y que termine con una familia enterrando a uno de sus miembros. La escena merece además que esta historia se cuente completa. No solamente porque murió Alexis, sino porque detrás de una tragedia de esta naturaleza existe una comunidad que tendrá que seguir encontrándose en los mismos barrios, en los mismos conciertos y alrededor de la misma música.

Alexis merecía terminar aquella noche regresando a su casa. Merecía seguir trabajando, escuchando música, encontrándose con sus amigos y viviendo la vida que todavía tenía por delante. La causa que reunió a todos aquella tarde era ayudar a personas que habían sufrido una tragedia. Resulta imposible no sentir la dimensión de la contradicción cuando, horas después, una persona de esa misma comunidad terminaba luchando por su vida.

El punk no debería morir así.

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No, The Klaxon no es corrupto, la forma en que actuó Rock al Parque sí lo es.

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Una aclaración necesaria ante la mala interpretación de nuestra investigación periodística

Por Felipe Szarruk
Director de la Veeduría Ciudadana Ojo al Arte y Colectivo Subterránica

En las últimas semanas, tras la publicación de nuestro libro de investigación Negocio al Parque: 30 años de Rock al Parque, Corrupción, Poder y Dinero en el Rock Estatal, hemos sido testigos de un fenómeno preocupante pero predecible: la desinformación y la calumnia. Circula en redes sociales un video en el que se me acusa de haber señalado a la banda The Klaxon como “corrupta” o de haberla vinculado directamente con prácticas irregulares dentro del festival. Nada más falso.

Permítanme ser claro, contundente y definitivo:

NUNCA hemos acusado a The Klaxon, ni a sus integrantes, ni a su representante, de ser corruptos. Jamás. Lo que se denuncia en la veeduría, y lo que he denunciado durante más de una década de veeduría ciudadana, es la CORRUPCIÓN SISTEMÁTICA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES (IDARTES) y su forma de operar.

Este artículo no es una disculpa ni un retracto. Es una aclaración que, con toda honestidad, debería ser innecesaria para quienes han leído el libro con la atención que merece. Pero ante la mala fe de algunos y la ligereza de otros, me veo en la obligación de desglosar, punto por punto, lo que realmente dijimos y lo que realmente significa.

Lo que realmente dice el libro sobre The Klaxon

En el Capítulo VII, titulado “La Estafa de las Bandas”, documentamos el caso de The Klaxon en la edición de 2013. La narrativa del libro es clara y está respaldada por hechos documentados:

Primero: The Klaxon se presentó a la convocatoria pública distrital de Rock al Parque, el mecanismo oficial mediante el cual las agrupaciones locales compiten por un cupo en el festival a través de la evaluación de jurados. Es un proceso que, en teoría, debe ser democrático, transparente y basado en criterios artísticos objetivos.

Segundo: Tras surtir el proceso de evaluación, The Klaxon no pasó la convocatoria. Quedó oficialmente fuera del listado de ganadores. Eso significa que, bajo las reglas del juego establecidas por Idartes, la banda no debería haber estado en el cartel.

Tercero (y este es el punto crítico): Idartes, en un acto de absoluta discrecionalidad y arbitrariedad, ignoró el resultado de su propia convocatoria pública y metió a The Klaxon “a dedo” en el cartel oficial bajo la figura de “Show Especial” o “Invitado Distrital”. La banda terminó presentándose en el Escenario BID el domingo 30 de junio de 2013.

El libro dice textualmente:

“Este hecho constituyó una apología a la ‘rosca’ y una burla directa a los cientos de bandas que se sometieron al desgaste de la convocatoria pública. (…) Al meter a la banda de manera directa tras haber sido rechazada en el concurso público, la entidad violó el principio de selección objetiva y de igualdad de oportunidades consagrado en la Constitución Nacional.”

¿Dónde está la acusación contra The Klaxon? No existe. La crítica, la denuncia y el señalamiento son contra IDARTES, la entidad que administra los recursos públicos, que diseña las convocatorias y que decide a quién invitar y a quién excluir.

The Klaxon es una banda excelente. Su inclusión en el cartel fue, desde el punto de vista artístico, un acierto. Andrés, su representante y líder, es un amigo y un músico al que respeto profundamente. El problema no es que The Klaxon haya tocado. El problema es CÓMO y POR QUÉ tocaron.

Un patrón documentado: no es un caso aislado

Para que no quede duda de que estamos ante un patrón de conducta institucional y no ante un ataque a una banda en particular, la investigación documenta otros casos idénticos:

El caso SHIP (2016): Al igual que The Klaxon, la banda SHIP no pasó la convocatoria pública de ese año. Sin embargo, tras presiones externas y contactos dentro de la organización, fue invitada directamente a presentarse en un evento del festival con recursos pagados por el distrito. La misma lógica: se ignora el resultado de la convocatoria y se favorece a quienes tienen la capacidad de presionar o de acceder a los canales no oficiales.

El caso Paul Gillman (2017-2026): Aquí el favoritismo se tiñe de censura ideológica. En 2017, el músico venezolano fue vetado del cartel tras una campaña de desprestigio impulsada por empresarios privados. Idartes, en lugar de defender la libertad de expresión y su propia programación, cedió a la presión y canceló al artista. Años después, con un cambio de administración política, Gillman fue reinvitado. Su música nunca fue el problema. La sumisión de Idartes a grupos de presión y a la ideología del gobierno de turno sí lo fue.

El caso The Castles: La investigación documenta cómo esta banda también fue víctima de la arbitrariedad institucional, siendo retirada de la programación por decisiones caprichosas de la burocracia cultural.

En todos estos casos, el denominador común no son las bandas. Son las decisiones unilaterales, discrecionales y muchas veces ilegales de los funcionarios y contratistas de Idartes.

¿Por qué es grave este patrón de conducta?

Porque viola los principios fundamentales de la contratación pública y de la gestión del Estado:

  1. El Principio de Selección Objetiva (Artículo 5 de la Ley 1150 de 2007): La entidad está obligada a elegir las propuestas más favorables para el interés público mediante un proceso transparente y competitivo. Cuando Idartes ignora el resultado de su propia convocatoria para meter a una banda “a dedo”, está vulnerando este principio de manera flagrante.
  2. El Principio de Igualdad: Se crean dos categorías de participantes: los que se someten a las reglas y los que, por tener los contactos adecuados, pueden saltarse el proceso. Esto es un mensaje demoledor para los cientos de bandas que cada año invierten tiempo, dinero y esfuerzo en diligenciar formularios, preparar carpetas y someterse a la evaluación de jurados.
  3. El Principio de Transparencia: No existe un acto administrativo formal que justifique estas invitaciones directas. No hay una resolución, no hay una explicación pública, no hay un criterio objetivo. Es la pura y simple voluntad de quien ejerce el poder de contratación.
  4. La Desnaturalización del Festival: Rock al Parque fue declarado Patrimonio Cultural de Bogotá mediante el Acuerdo 120 de 2004. Su misión es la protección, circulación y visibilización del género rock en la capital. Cuando Idartes diluye ese mandato para incluir géneros ajenos o para complacer favores, está traicionando el espíritu de la ley.

¿Cómo funciona el “círculo de los elegidos”?

Lo que hemos documentado a lo largo de 189 páginas es la existencia de un sistema, una “rosca” institucionalizada, que opera de la siguiente manera:

  • Un grupo reducido de agrupaciones repite año tras año en el cartel, acumulando hasta 10 o 12 presentaciones en el festival.
  • Un círculo de contratistas y asesores decide qué bandas entran, cuáles se quedan fuera y quiénes reciben los millonarios contratos de producción y logística.
  • Los jurados de las convocatorias son seleccionados a dedo, sin criterios de imparcialidad, y en muchos casos tienen vínculos directos con las bandas que evalúan.
  • Los medios de comunicación aliados reciben acreditaciones masivas y a cambio se comprometen a guardar silencio sobre las irregularidades.
  • Los veedores ciudadanos que se atreven a denunciar son sometidos a campañas de desprestigio, linchamiento digital y vetos institucionales.

Las bandas, en este ecosistema, son piezas de un tablero. No son las culpables. Son, en muchos casos, víctimas de un sistema que las obliga a bailar al ritmo que marca el Estado si quieren sobrevivir.

La responsabilidad de Idartes y la cooptación de la crítica

En el libro también documentamos un fenómeno que el teórico Antonio Gramsci llamó “transformismo”: el proceso mediante el cual el Estado absorbe, neutraliza y asimila a los elementos disidentes a través de la asignación de contratos, recursos públicos o prebendas.

En el Capítulo VI, “El Cartel de los Medios y el Botín de las Acreditaciones”, relatamos el caso de un periodista y gestor cultural, que entre 2012 y 2013 fue uno de los críticos más duros de la gestión de Rock al Parque, fue contratado directamente por Idartes como asesor de comunicaciones. Tras recibir el flujo de fondos públicos, su línea editorial crítica se desvaneció por completo.

Esa es la forma de operar de Idartes: comprar conciencias, silenciar voces y neutralizar la fiscalización ciudadana con recursos del erario.

Y cuando eso no funciona, cuando la crítica persiste, se recurre a la descalificación, al matoneo digital y a la difamación. Como ocurrió conmigo mismo, como ocurrió con el Colectivo Subterránica, como ha ocurrido con todos los que nos hemos atrevido a señalar las irregularidades.

La calumnia como mecanismo de defensa

Ahora entiendo por qué están circulando esos videos que me acusan de haber calumniado a The Klaxon. Es el mismo mecanismo de siempre:

Primero: Se descontextualiza mi declaración.
Segundo: Se reduce el libro a un titular sensacionalista.
Tercero: Se me acusa de atacar a una banda querida por el público.
Cuarto: Se desvía la atención de las verdaderas denuncias: los hallazgos fiscales por más de 960 millones de pesos, los contratos a dedo con Teatro R101, los vetos ideológicos, la persecución a Félix Báez, el desorden documental, las puertas giratorias y el nepotismo institucionalizado.

Es un truco viejo. Y no funcionará.

La verdad está en el libro, no en los titulares

Invitó a quienes han visto esos videos y han dudado a que hagan lo que muchos ya están haciendo: leer el libro completo. No basta con leer un fragmento, un tuit o un titular. Negocio al Parque es un expediente documentado de 30 años de corrupción estructural. Contiene:

  • Pruebas documentales oficiales: Contratos, minutas, estudios previos y actas de liquidación extraídos de SECOP I y II.
  • Hallazgos de entes de control: Informes de la Contraloría de Bogotá que documentan sobrecostos, pagos sin soporte y desorden administrativo.
  • Respuestas oficiales: Derechos de petición y requerimientos de control fiscal que evidencian las excusas y evasivas de Idartes.
  • Análisis estadístico: Datos de programación que demuestran la repetición sistemática de bandas y la exclusión de la escena emergente.

The Klaxon aparece en una de las páginas del libro como un ejemplo de la arbitrariedad de Idartes. No como un ejemplo de corrupción.

The Klaxon es parte de la solución, no del problema

Andrés y The Klaxon son parte del ecosistema musical de Bogotá. Han trabajado por el rock local, han defendido la escena y han hecho buena música. Su inclusión en el cartel de 2013 fue un acierto artístico. Eso no lo discute nadie.

Lo que discuto es que, para que ellos tocaran, Idartes tuvo que violar sus propias reglas. Si la convocatoria decía que no habían pasado, la entidad no debería haberlos invitado. O, mejor aún, la convocatoria debería haber sido lo suficientemente flexible y justa para que bandas como The Klaxon pudieran pasar sin necesidad de “contactos”.

El problema no es la banda. El problema es un sistema que obliga a las bandas a depender de la voluntad de un burócrata.

La fatiga del veedor y la resistencia ciudadana

Llevo más de diez años haciendo veeduría ciudadana. He interpuesto derechos de petición, acciones de tutela, denuncias penales y quejas disciplinarias. He sido vetado, difamado, amenazado y perseguido. He visto cómo Idartes utiliza el presupuesto de los bogotanos para comprar a críticos, silenciar medios y consolidar un feudo cultural.

Y estoy cansado.

Cansado de que me calumnien por no saber leer. Cansado de que se desvíe la atención de las verdaderas irregularidades. Cansado de que se me acuse de atacar a músicos cuando lo que estoy atacando es un sistema que los victimiza.

Pero también estoy fortalecido. Porque la gente está leyendo el libro. En masa. Y se están dando cuenta de la verdad.

No, The Klaxon no es corrupto. La forma en que actuó Rock al Parque, a través de Idartes, es lo que ha sido, durante décadas, la antítesis de la transparencia y la justicia para los artistas de esta ciudad.

El Festival Rock al Parque no es de Idartes. No es de los contratistas. No es de los curadores de turno. Es de la ciudadanía. Es un patrimonio cultural que debe ser defendido, saneado y devuelto a los músicos y al público.

Seguiremos investigando. Seguiremos denunciando. Seguiremos ejerciendo el control social que la Constitución y la ley nos otorgan. Y no nos callarán con calumnias.

Invito a quienes han malinterpretado el libro a que lo lean con atención. Invito a los medios de comunicación a que hagan periodismo serio y no se dejen instrumentalizar por la maquinaria de propaganda de Idartes. Invito a los músicos a que se organicen y exijan transparencia.

The Klaxon es una excelente banda. La corrupción está en las oficinas de Idartes, no en los escenarios.

Toca que aprendan a leer… pero para eso, hay que hacerlo primero.


Felipe Szarruk
Director de la Veeduría Ciudadana Ojo al Arte
Colectivo Subterránica
Bogotá, septiembre de 2026

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Colombia

K-Tarzys y el grito de la sabana: rock y metal con conciencia social frente al horror de la guerra

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Hay propuestas emergentes que entienden el rock y el metal no solo como vehículos de descarga sónica, sino como trincheras de reflexión humana. Este es el caso de K-Tarzys, una sólida agrupación de la sabana de Bogotá conformada por jóvenes músicos que irrumpen en la escena independiente con una premisa clara: utilizar la música como un altavoz para diseccionar las heridas sociales y políticas que golpean al mundo.

La banda presenta su más reciente sencillo, “Susurros de Piedad”, un lanzamiento que trasciende el circuito convencional del género al proponer una profunda y dolorosa reflexión sobre el impacto humano de los conflictos armados y el sufrimiento de las víctimas anónimas de la guerra.

“Susurros de Piedad” nace de la necesidad de mirar de frente una realidad que continúa afectando a millones de personas. Lejos de la estriducción vacía, K-Tarzys canaliza la crudeza instrumental del rock y el metal hacia una atmósfera densa e interpelante, buscando sacudir al oyente y remover conciencias. Es un ejercicio de empatía hecho canción, donde los pesados acordes y la potencia rítmica sirven para traducir el desgarro de los territorios atravesados por el fuego cruzado.

La agrupación se encuentra actualmente puliendo los detalles de su primer EP de siete canciones, un trabajo discográfico de larga duración con el que buscan consolidar su identidad dentro de la escena independiente colombiana y abrirse paso con fuerza en los circuitos culturales y escenarios de Bogotá y su región.

El valor de K-Tarzys radica precisamente en su capacidad de hibridar la destreza técnica de sus integrantes con una inquietud narrativa genuina. En tiempos donde la música suele buscar el consumo efímero, ver a jóvenes creadores apostar por temáticas de profunda trascendencia humana demuestra que el rock nacional sigue vivo, inconforme y con los pies firmemente puestos sobre la realidad de su entorno

Para quienes deseen sumergirse en esta propuesta, la banda ha dispuesto su material en plataformas digitales y redes oficiales:

Instagram oficial: @ktarzys.oficial

K-Tarzys demuestra que desde la sabana de Bogotá se sigue agitando un rock con memoria, agudeza y un profundo sentido de urgencia.

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