Una aclaración necesaria ante la mala interpretación de nuestra investigación periodística

Por Felipe Szarruk
Director de la Veeduría Ciudadana Ojo al Arte y Colectivo Subterránica

En las últimas semanas, tras la publicación de nuestro libro de investigación Negocio al Parque: 30 años de Rock al Parque, Corrupción, Poder y Dinero en el Rock Estatal, hemos sido testigos de un fenómeno preocupante pero predecible: la desinformación y la calumnia. Circula en redes sociales un video en el que se me acusa de haber señalado a la banda The Klaxon como “corrupta” o de haberla vinculado directamente con prácticas irregulares dentro del festival. Nada más falso.

Permítanme ser claro, contundente y definitivo:

NUNCA hemos acusado a The Klaxon, ni a sus integrantes, ni a su representante, de ser corruptos. Jamás. Lo que se denuncia en la veeduría, y lo que he denunciado durante más de una década de veeduría ciudadana, es la CORRUPCIÓN SISTEMÁTICA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES (IDARTES) y su forma de operar.

Este artículo no es una disculpa ni un retracto. Es una aclaración que, con toda honestidad, debería ser innecesaria para quienes han leído el libro con la atención que merece. Pero ante la mala fe de algunos y la ligereza de otros, me veo en la obligación de desglosar, punto por punto, lo que realmente dijimos y lo que realmente significa.

Lo que realmente dice el libro sobre The Klaxon

En el Capítulo VII, titulado “La Estafa de las Bandas”, documentamos el caso de The Klaxon en la edición de 2013. La narrativa del libro es clara y está respaldada por hechos documentados:

Primero: The Klaxon se presentó a la convocatoria pública distrital de Rock al Parque, el mecanismo oficial mediante el cual las agrupaciones locales compiten por un cupo en el festival a través de la evaluación de jurados. Es un proceso que, en teoría, debe ser democrático, transparente y basado en criterios artísticos objetivos.

Segundo: Tras surtir el proceso de evaluación, The Klaxon no pasó la convocatoria. Quedó oficialmente fuera del listado de ganadores. Eso significa que, bajo las reglas del juego establecidas por Idartes, la banda no debería haber estado en el cartel.

Tercero (y este es el punto crítico): Idartes, en un acto de absoluta discrecionalidad y arbitrariedad, ignoró el resultado de su propia convocatoria pública y metió a The Klaxon “a dedo” en el cartel oficial bajo la figura de “Show Especial” o “Invitado Distrital”. La banda terminó presentándose en el Escenario BID el domingo 30 de junio de 2013.

El libro dice textualmente:

“Este hecho constituyó una apología a la ‘rosca’ y una burla directa a los cientos de bandas que se sometieron al desgaste de la convocatoria pública. (…) Al meter a la banda de manera directa tras haber sido rechazada en el concurso público, la entidad violó el principio de selección objetiva y de igualdad de oportunidades consagrado en la Constitución Nacional.”

¿Dónde está la acusación contra The Klaxon? No existe. La crítica, la denuncia y el señalamiento son contra IDARTES, la entidad que administra los recursos públicos, que diseña las convocatorias y que decide a quién invitar y a quién excluir.

The Klaxon es una banda excelente. Su inclusión en el cartel fue, desde el punto de vista artístico, un acierto. Andrés, su representante y líder, es un amigo y un músico al que respeto profundamente. El problema no es que The Klaxon haya tocado. El problema es CÓMO y POR QUÉ tocaron.

Un patrón documentado: no es un caso aislado

Para que no quede duda de que estamos ante un patrón de conducta institucional y no ante un ataque a una banda en particular, la investigación documenta otros casos idénticos:

El caso SHIP (2016): Al igual que The Klaxon, la banda SHIP no pasó la convocatoria pública de ese año. Sin embargo, tras presiones externas y contactos dentro de la organización, fue invitada directamente a presentarse en un evento del festival con recursos pagados por el distrito. La misma lógica: se ignora el resultado de la convocatoria y se favorece a quienes tienen la capacidad de presionar o de acceder a los canales no oficiales.

El caso Paul Gillman (2017-2026): Aquí el favoritismo se tiñe de censura ideológica. En 2017, el músico venezolano fue vetado del cartel tras una campaña de desprestigio impulsada por empresarios privados. Idartes, en lugar de defender la libertad de expresión y su propia programación, cedió a la presión y canceló al artista. Años después, con un cambio de administración política, Gillman fue reinvitado. Su música nunca fue el problema. La sumisión de Idartes a grupos de presión y a la ideología del gobierno de turno sí lo fue.

El caso The Castles: La investigación documenta cómo esta banda también fue víctima de la arbitrariedad institucional, siendo retirada de la programación por decisiones caprichosas de la burocracia cultural.

En todos estos casos, el denominador común no son las bandas. Son las decisiones unilaterales, discrecionales y muchas veces ilegales de los funcionarios y contratistas de Idartes.

¿Por qué es grave este patrón de conducta?

Porque viola los principios fundamentales de la contratación pública y de la gestión del Estado:

1. El Principio de Selección Objetiva (Artículo 5 de la Ley 1150 de 2007): La entidad está obligada a elegir las propuestas más favorables para el interés público mediante un proceso transparente y competitivo. Cuando Idartes ignora el resultado de su propia convocatoria para meter a una banda “a dedo”, está vulnerando este principio de manera flagrante.
2. El Principio de Igualdad: Se crean dos categorías de participantes: los que se someten a las reglas y los que, por tener los contactos adecuados, pueden saltarse el proceso. Esto es un mensaje demoledor para los cientos de bandas que cada año invierten tiempo, dinero y esfuerzo en diligenciar formularios, preparar carpetas y someterse a la evaluación de jurados.
3. El Principio de Transparencia: No existe un acto administrativo formal que justifique estas invitaciones directas. No hay una resolución, no hay una explicación pública, no hay un criterio objetivo. Es la pura y simple voluntad de quien ejerce el poder de contratación.
4. La Desnaturalización del Festival: Rock al Parque fue declarado Patrimonio Cultural de Bogotá mediante el Acuerdo 120 de 2004. Su misión es la protección, circulación y visibilización del género rock en la capital. Cuando Idartes diluye ese mandato para incluir géneros ajenos o para complacer favores, está traicionando el espíritu de la ley.

¿Cómo funciona el “círculo de los elegidos”?

Lo que hemos documentado a lo largo de 189 páginas es la existencia de un sistema, una “rosca” institucionalizada, que opera de la siguiente manera:

• Un grupo reducido de agrupaciones repite año tras año en el cartel, acumulando hasta 10 o 12 presentaciones en el festival.
• Un círculo de contratistas y asesores decide qué bandas entran, cuáles se quedan fuera y quiénes reciben los millonarios contratos de producción y logística.
• Los jurados de las convocatorias son seleccionados a dedo, sin criterios de imparcialidad, y en muchos casos tienen vínculos directos con las bandas que evalúan.
• Los medios de comunicación aliados reciben acreditaciones masivas y a cambio se comprometen a guardar silencio sobre las irregularidades.
• Los veedores ciudadanos que se atreven a denunciar son sometidos a campañas de desprestigio, linchamiento digital y vetos institucionales.

Las bandas, en este ecosistema, son piezas de un tablero. No son las culpables. Son, en muchos casos, víctimas de un sistema que las obliga a bailar al ritmo que marca el Estado si quieren sobrevivir.

La responsabilidad de Idartes y la cooptación de la crítica

En el libro también documentamos un fenómeno que el teórico Antonio Gramsci llamó “transformismo”: el proceso mediante el cual el Estado absorbe, neutraliza y asimila a los elementos disidentes a través de la asignación de contratos, recursos públicos o prebendas.

En el Capítulo VI, “El Cartel de los Medios y el Botín de las Acreditaciones”, relatamos el caso de un periodista y gestor cultural, que entre 2012 y 2013 fue uno de los críticos más duros de la gestión de Rock al Parque, fue contratado directamente por Idartes como asesor de comunicaciones. Tras recibir el flujo de fondos públicos, su línea editorial crítica se desvaneció por completo.

Esa es la forma de operar de Idartes: comprar conciencias, silenciar voces y neutralizar la fiscalización ciudadana con recursos del erario.

Y cuando eso no funciona, cuando la crítica persiste, se recurre a la descalificación, al matoneo digital y a la difamación. Como ocurrió conmigo mismo, como ocurrió con el Colectivo Subterránica, como ha ocurrido con todos los que nos hemos atrevido a señalar las irregularidades.

La calumnia como mecanismo de defensa

Ahora entiendo por qué están circulando esos videos que me acusan de haber calumniado a The Klaxon. Es el mismo mecanismo de siempre:

Primero: Se descontextualiza mi declaración.
Segundo: Se reduce el libro a un titular sensacionalista.
Tercero: Se me acusa de atacar a una banda querida por el público.
Cuarto: Se desvía la atención de las verdaderas denuncias: los hallazgos fiscales por más de 960 millones de pesos, los contratos a dedo con Teatro R101, los vetos ideológicos, la persecución a Félix Báez, el desorden documental, las puertas giratorias y el nepotismo institucionalizado.

Es un truco viejo. Y no funcionará.

La verdad está en el libro, no en los titulares

Invitó a quienes han visto esos videos y han dudado a que hagan lo que muchos ya están haciendo: leer el libro completo. No basta con leer un fragmento, un tuit o un titular. Negocio al Parque es un expediente documentado de 30 años de corrupción estructural. Contiene:

• Pruebas documentales oficiales: Contratos, minutas, estudios previos y actas de liquidación extraídos de SECOP I y II.
• Hallazgos de entes de control: Informes de la Contraloría de Bogotá que documentan sobrecostos, pagos sin soporte y desorden administrativo.
• Respuestas oficiales: Derechos de petición y requerimientos de control fiscal que evidencian las excusas y evasivas de Idartes.
• Análisis estadístico: Datos de programación que demuestran la repetición sistemática de bandas y la exclusión de la escena emergente.

The Klaxon aparece en una de las páginas del libro como un ejemplo de la arbitrariedad de Idartes. No como un ejemplo de corrupción.

The Klaxon es parte de la solución, no del problema

Andrés y The Klaxon son parte del ecosistema musical de Bogotá. Han trabajado por el rock local, han defendido la escena y han hecho buena música. Su inclusión en el cartel de 2013 fue un acierto artístico. Eso no lo discute nadie.

Lo que discuto es que, para que ellos tocaran, Idartes tuvo que violar sus propias reglas. Si la convocatoria decía que no habían pasado, la entidad no debería haberlos invitado. O, mejor aún, la convocatoria debería haber sido lo suficientemente flexible y justa para que bandas como The Klaxon pudieran pasar sin necesidad de “contactos”.

El problema no es la banda. El problema es un sistema que obliga a las bandas a depender de la voluntad de un burócrata.

La fatiga del veedor y la resistencia ciudadana

Llevo más de diez años haciendo veeduría ciudadana. He interpuesto derechos de petición, acciones de tutela, denuncias penales y quejas disciplinarias. He sido vetado, difamado, amenazado y perseguido. He visto cómo Idartes utiliza el presupuesto de los bogotanos para comprar a críticos, silenciar medios y consolidar un feudo cultural.

Y estoy cansado.

Cansado de que me calumnien por no saber leer. Cansado de que se desvíe la atención de las verdaderas irregularidades. Cansado de que se me acuse de atacar a músicos cuando lo que estoy atacando es un sistema que los victimiza.

Pero también estoy fortalecido. Porque la gente está leyendo el libro. En masa. Y se están dando cuenta de la verdad.

No, The Klaxon no es corrupto. La forma en que actuó Rock al Parque, a través de Idartes, es lo que ha sido, durante décadas, la antítesis de la transparencia y la justicia para los artistas de esta ciudad.

El Festival Rock al Parque no es de Idartes. No es de los contratistas. No es de los curadores de turno. Es de la ciudadanía. Es un patrimonio cultural que debe ser defendido, saneado y devuelto a los músicos y al público.

Seguiremos investigando. Seguiremos denunciando. Seguiremos ejerciendo el control social que la Constitución y la ley nos otorgan. Y no nos callarán con calumnias.

Invito a quienes han malinterpretado el libro a que lo lean con atención. Invito a los medios de comunicación a que hagan periodismo serio y no se dejen instrumentalizar por la maquinaria de propaganda de Idartes. Invito a los músicos a que se organicen y exijan transparencia.

The Klaxon es una excelente banda. La corrupción está en las oficinas de Idartes, no en los escenarios.

Toca que aprendan a leer… pero para eso, hay que hacerlo primero.

---

Felipe Szarruk
Director de la Veeduría Ciudadana Ojo al Arte
Colectivo Subterránica
Bogotá, septiembre de 2026

En Medellín nadie lo vio venir. No hubo rueda de prensa, no hubo anuncio institucional, no hubo presupuesto asignado ni mesa de trabajo con funcionarios. Lo que está a punto de ocurrir en el Cerro Nutibara nació de una conversación privada, de un recuerdo que volvió y de una pregunta que alguien se hizo en voz baja ¿por qué no volvemos a hacer una Rockatón?

Esa pregunta la formuló Román Gonzáles, un artista y gestor cultural de larga data de la ciudad que prefiere mantenerse al margen del ruido mediático, pero que desde el primer momento entendió que cuando el país tiembla —y esta vez tiembla de verdad, con casas derrumbadas, familias desplazadas y una emergencia humanitaria que no espera— el arte no puede darse el lujo de mirar hacia otro lado. No se trataba de protagonismo ni de construir un currículum. Se trataba de algo mucho más antiguo y mucho más simple: ayudar desde lo que uno sabe hacer y lo que esta escena sabe hacer es juntar gente.

Hablamos con Román sobre esta iniciativa. La Rockatón de 1999 quedó grabada en la memoria de quienes la vivieron. Fue un momento en el que la música de Medellín demostró que podía ser respuesta, que los músicos, los técnicos, los roadies y el público podían convertirse en una red de solidaridad activa. Veintisiete años después, cuando la tierra volvió a moverse y el país entró en estado de emergencia, ese recuerdo no fue nostalgia: fue combustible. Román, que hoy está también detrás de esta nueva Rockatón estuvo allí en el noventa y nueve y sabe lo que significó. Sabe que aquello no fue un concierto, fue un acontecimiento que le mostró a la ciudad que el rock podía ser mucho más que ruido y rebeldía.

Por eso, cuando la noticia del terremoto recorrió los grupos de WhatsApp y las pantallas de los teléfonos, su reacción fue inmediata, aunque no planeada. No hubo un documento de intención ni una estrategia de comunicación. Hubo un teléfono en la mano y una lista de contactos que empezó a desplegarse como una madeja. ¿Quién se apunta? ¿Quién puede ayudar? ¿Quién tiene un escenario disponible? ¿Quién conoce a alguien que conozca a alguien?

El para qué era claro, ayudar. Pero con una condición que marca una diferencia radical con cualquier otra campaña de recaudación. Esta Rockatón no está pidiendo dinero. Está pidiendo comida, elementos de higiene, pañales, leche, cobijas, cosas para niños, para adultos mayores, para mascotas. No hay transferencias bancarias ni códigos QR para donar. Hay puntos de recepción física y una lógica de ayuda concreta, directa, que no se diluye en intermediarios ni se pierde en burocracias. Román lo explica sin rodeos, no se trata de solucionar el problema de fondo, porque eso excede cualquier esfuerzo artístico. Se trata de aportar desde lo que se sabe hacer, y lo que se sabe hacer es convocar, reunir, producir y poner la música al servicio de quienes más lo necesitan.

Y entonces comenzó el milagro de los dos días.

Porque lo que está a punto de suceder en el Carlos Vieco no es un festival que se haya gestado durante meses. No hay un año de planeación, no hay patrocinadores millonarios, no hay una máquina burocrática detrás. Lo que hay es una red de personas que, en cuestión de horas, empezó a tejer lo que hoy son más de setenta bloques artísticos confirmados para dos jornadas completas. Setenta bandas, solistas, proyectos y colectivos que han dicho que sí sin preguntar cuánto pagan, sin exigir condiciones, sin poner condiciones. Setenta propuestas musicales que van del metal al punk, del reggae al rock, del ska al pop, de la electrónica a lo acústico, y que representan la diversidad de una escena que muchos daban por fragmentada o por muerta.

Pero la Rockatón no es solo música. Es también la gente que trabaja detrás, productores, técnicos de sonido, iluminadores, roadies, ingenieros, comunicadores, fotógrafos, personal de logística y seguridad. Equipos enteros que se han sumado sin contrato ni remuneración. Gente que ha movilizado sus propias herramientas, sus propios vehículos, su propio tiempo. Re-Roadies está ahí. Escenario Vivo, Fusión Logística, Persival, Backline Co., Máximo Nivel, REV Music. Nombres que suenan en el circuito independiente y que han puesto su experiencia al servicio de una causa que no pregunta de dónde vienes, sino qué puedes aportar.

Y hay algo que Román subraya con especial énfasis, no todos los que están participando son personas con las que él hubiera trabajado antes. Muchos aparecieron porque entendieron la causa, porque alguien los llamó, porque un amigo les pasó el contacto, porque vieron la convocatoria en redes y decidieron que querían estar. No hay una lista cerrada de invitados, no hay un comité de selección. Hay una necesidad y una disponibilidad que se encuentran en el camino.

El escenario elegido tampoco es casual. El Teatro al Aire Libre Carlos Vieco Ortiz, en el Cerro Nutibara, tiene una capacidad para aproximadamente mil personas y es uno de los espacios con más historia musical de Medellín. Lleva el nombre de un compositor y músico paisa que dedicó su vida al arte, y para el gestor, cerrar la Rockatón allí tiene un peso simbólico que va más allá de la logística. Inicialmente se barajaron otras opciones, como La Macarena o la Plaza de Eventos, pero los tiempos apremiaban y el Vieco ofrecía las condiciones para hacerlo bien y hacerlo rápido y también se unió a la causa. Y además, hay algo en ese escenario al aire libre, con la ciudad extendiéndose a sus pies, que convierte cualquier concierto en una declaración de principios.

Esto no se hizo con una gran convocatoria institucional ni con un formulario sofisticado. Se hizo llamando gente, escribiendo por WhatsApp, preguntando quién podía ayudar. Un músico llamó a otro, una banda recomendó otra, un técnico consiguió un contacto, alguien consiguió un equipo. Fue creciendo como crecen las cosas en la escena independiente: de persona en persona.

Hay una cifra que suena casi a exageración, pero es real, más de setenta bloques artísticos se van a subir al escenario del Carlos Vieco durante los dos días que dure la Rockatón. Setenta proyectos musicales que van a tocar sin cobrar un peso. Setenta agrupaciones que van a sacar tiempo de sus ensayos, de sus trabajos, de sus vidas, para estar ahí con sus instrumentos, su energía y su disposición a ayudar. Y cuando se dice que no van a cobrar, no es un gesto retórico. Es una decisión concreta que cada banda tomó cuando recibió la invitación.

Román insiste en que esto no es un concurso de popularidad ni una muestra de poder de convocatoria. No se trata de decir “miren cuántas bandas conseguimos”. Lo que realmente lo impresiona es la cantidad de gente que decidió poner lo suyo al servicio de algo que es más grande que cada banda. Porque tocar gratis implica costos reales: transporte, equipos, ensayos adicionales, tiempo de preparación, desplazamientos. Y aun así, la respuesta fue masiva. Nadie preguntó cuánto pagan. Nadie pidió condiciones especiales. Nadie dijo que no porque el escenario fuera pequeño o porque el sonido no fuera el de una gran producción.

Lo que está ocurriendo es exactamente lo contrario a la lógica del mercado musical. En un ecosistema donde los artistas suelen medir su valor por el caché, por el número de seguidores o por la calidad de los escenarios en los que tocan, esta Rockatón está operando bajo una lógica completamente distinta: la de la necesidad compartida. Y esa lógica, cuando se activa, tiene una fuerza que los números no alcanzan a capturar.

Pero hay un matiz que vale la pena subrayar. Cuando alguien menciona que en dos días se levantó un festival con más de setenta bandas, la comparación con eventos como Rock al Parque o Altavoz aparece casi por inercia. Román es el primero en frenar esa conversación. No cree que tenga sentido decir que la Rockatón es mejor o más grande que esos festivales. Son procesos diferentes, con presupuestos, equipos, instituciones y tiempos de preparación completamente distintos. Pero es inevitable pensar, que el rock es masivo, es grande y que en este país se han acostumbrado tanto a los formularios, trabas, audiciones, etc. Que este evento echa por el piso todas las teorías que defienden desde las instituciones, imaginen por un momento que esto lo hubiera organizado el sector público, sencillamente no se hace. Porque lo que la Rockatón ha logrado en cuestión de días —movilizar más de setenta proyectos musicales alrededor de una causa, sin pagarles por tocar, sin una estructura institucional detrás— dice algo sobre la vitalidad de la escena que muchas veces se subestima. Durante años se ha escuchado que el rock está muerto, que la escena está fragmentada, que los músicos solo están pendientes de sus propias carreras, que el público ya no responde. Y de repente ocurre una emergencia y todo eso se desmiente.

El gestor cuenta que la convocatoria no fue un proceso frío de envío de correos ni de llenado de formularios. Fue un proceso humano: llamar, escribir, preguntar. Y la respuesta llegó en forma de cadena. Una banda confirmaba y recomendaba a otra. Un técnico decía que sí y conseguía a un colega. Un productor ofrecía su experiencia y su red de contactos. Así fue creciendo, como crecen las cosas en la escena independiente: de persona en persona. Sin algoritmos, sin campañas pagadas, sin métricas. Con el único motor de la confianza y el compromiso.

Y ahí hay una verdad incómoda para quienes piensan que la cultura solo puede sostenerse con dinero del Estado o con grandes patrocinios. La Rockatón está demostrando que hay otra manera de hacer las cosas. No es la única manera, ni pretende serlo. Pero existe. Y funciona.

Román también reflexiona sobre el papel de la escena en la sociedad. No como entretenimiento, sino como tejido. Un músico de metal, uno de punk, uno de reggae, uno de rock, un productor, un roadie, un periodista o una persona del público pueden trabajar juntos por una misma causa. Eso, para él, es mucho más importante que cualquier cifra de bandas o de asistentes. Porque lo que está en juego no es solo recoger alimentos o elementos de higiene. Lo que está en juego es demostrar que la música puede ser un puente, que la cultura puede ser respuesta, que el arte no es un adorno sino una herramienta.

Y si después de todo esto queda la sensación de que cuando Colombia necesite algo, el rock también puede responder, entonces ya se habrá logrado bastante.

Porque la Rockatón no es solamente el festival. No es solamente el escenario, las bandas, el sonido, la logística o la recolección de ayudas. La Rockatón es la comprobación de que todavía somos capaces de unirnos. Es la evidencia de que, cuando la urgencia llama, la escena responde. No desde la institución, no desde el presupuesto, no desde la burocracia. Desde la calle, desde el WhatsApp, desde el teléfono que suena y la pregunta que se hace una y otra vez: ¿en qué ayudo?

Esa pregunta ha sido el verdadero motor de todo esto. El rock jamás ha estado muerto, está es ahogado en la burocracia de este país y simplemente estaba esperando una razón para volver a encontrarse.

Por: Periodismo de Investigación Ciudadana Bogotá D.C., 7 de junio de 2026

Lo que ha sucedido en las últimas 48 horas en los pasillos del Instituto Distrital de las Artes (IDARTES) es digno de una película de mafiosos… sin ser película sino realidad; es una muestra de cómo una maquinaria burocrática, acorralada por las denuncias ciudadanas, es capaz de alterar expedientes públicos en tiempo real para fabricar una realidad paralela y lavarse las manos ante los entes de control fiscal.

El detonante de este escándalo ocurrió los días 4 y 5 de junio de 2026. Tras una rigurosa auditoría ciudadana al proceso de la BECA LEP – PRODUCCIÓN Y CIRCULACIÓN – RED DE ESCENARIOS 2026 (Específicamente la Categoría 3, destinada al Teatro al Aire Libre La Media Torta), se radicó una macro-denuncia que dejó al desnudo un fraude matemático insubsanable. La convocatoria, bajo la ordenación del gasto de la Subdirectora de Equipamientos Culturales, SILVIA OSPINA HENAO, ofertaba de manera fija y obligatoria 16 cupos para ganadores con recursos de la Contribución Parafiscal Cultural ($160.000.000). Sin embargo, el propio documento oficial de la entidad, denominado Inscritos y habilitados.pdf, demostraba que únicamente doce (12) propuestas reales habían sido habilitadas. Había más premios que concursantes legalmente aptos; el concurso estaba muerto antes de empezar.

El pánico del 5 de junio y la orden de “cuadrar” las cifras

La alerta ciudadana escaló de inmediato. El 5 de junio de 2026, la Dirección de Apoyo al Despacho de la Contraloría de Bogotá emitió el traslado de urgencia de la denuncia mediante el Oficio Consecutivo 11100-1-77045, abriendo de manera formal el Radicado de Control Fiscal No. 2-2026-12084.

Al verse notificados en tiempo real de que la Contraloría iniciaría una inspección técnica sobre un concurso viciado de origen (donde obligaron a los jurados a evaluar un listado raquítico de 12 propuestas para llenar 16 cupos fijos, omitiendo el deber legal de declarar la deserción parcial de los 4 cupos sobrantes), la reacción de las directivas del IDARTES no fue la transparencia, sino el pánico operativo y la adulteración documental.

El sábado 6 de junio de 2026, en una maniobra informática y administrativa relámpago ejecutada a menos de 24 horas del traslado de la denuncia, el IDARTES colgó en su plataforma un documento definitivo: el acta publicada 6 de junio 2026.pdf. Fue en ese preciso instante donde la entidad consumó una presunta Falsedad Ideológica en Documento Público. En un intento desesperado por disimular que la convocatoria carecía de quórum competitivo y que la bolsa de dinero público estaba rota, la entidad modificó la verdad histórica del proceso e insertó una cifra falsa en el texto del acta, asegurando ante los ojos de la ciudadanía y de los auditores fiscales que el universo de proyectos evaluados por los jurados no era de 12, sino de catorce (14) propuestas habilitadas.

De la noche a la mañana, y solo después de verse denunciados, el IDARTES “apareció” dos propuestas fantasmas en el papel para maquillar el déficit e intentar demostrar que sí existía una competencia real en los equipamientos culturales de la ciudad.

El truco de magia: Inventar reglas de juego con el partido ya terminado

El segundo gran pilar de la realidad paralela construida por la Subdirección de Equipamientos Culturales se ejecutó mediante lo que en derecho administrativo se conoce como una flagrante Desviación de Poder. Para blindar a la ordenadora del gasto, SILVIA OSPINA HENAO, tras el traslado de la denuncia el 5 de junio, el IDARTES no solo infló el número de participantes en el papel; también tuvo que inventarse una barrera de contención técnica para deshacerse de propuestas sobre la marcha.

En el acta publicada a las carreras el sábado 6 de junio de 2026, la entidad y su cuerpo de jurados sacaron de la manga un criterio de evaluación inédito: un sistema de “máximos y mínimos de puntaje de corte” para restringir de manera selectiva quiénes pasaban el filtro y quiénes no.

La trampa es burda. Al revisar minuciosamente los pliegos de condiciones técnicas y la Resolución No. 166 del 24 de febrero de 2026 —que legalmente son las únicas reglas de juego vinculantes e inmodificables del concurso—, en ninguna parte se estableció un tope eliminatorio de este carácter para la Categoría 3 de La Media Torta. Las reglas originales obligaban a premiar a 16 propuestas bajo un estricto orden de elegibilidad y evaluación objetiva.

Al inventar y aplicar un umbral de puntuación ex post facto (con el proceso cerrado, los sobres abiertos y la denuncia de la Contraloría ya radicada en sus despachos), IDARTES violó el principio constitucional del debido proceso y la buena fe objetiva. Cambiar las reglas de un concurso público después de que los participantes han competido —y con el único fin de “cuadrar” matemáticamente un resultado que los favorezca ante la auditoría fiscal— configura un presunto delito de Fraude Procesal. Modificaron los elementos del expediente para inducir a error a los investigadores de la Contraloría de Bogotá, pretendiendo hacer pasar un sesgo selectivo extemporáneo como si fuera legalidad técnica.

Los jurados como parachoques y la ridícula coartada.

Para entender las dimensiones del fraude procesal, es necesario mirar la línea de tiempo del expediente. Según consta en el propio documento manipulado, el cuerpo de jurados cerró formalmente sus deliberaciones el día 1 de junio de 2026 a las 14:00:00. Por ley y cronograma, el listado de elegibles debió ser publicado de inmediato. Sin embargo, la entidad retuvo el acta de manera irregular durante cinco días, rompiendo la cadena de custodia del proceso administrativo.

¿Por qué guardaron el documento bajo llave? El pánico del 5 de junio, cuando la Contraloría les trasladó la macro-denuncia ciudadana bajo el Radicado 2-2026-12084, les dio la respuesta. IDARTES utilizó ese preocupante lapso de retención para inyectar en el documento definitivo una narrativa defensiva ex post facto antes de colgarlo en la plataforma el sábado 6 de junio.

Al revisar la página 5 del acta prefabricada, el cinismo institucional queda al descubierto. IDARTES obligó o indujo a los jurados a plasmar justificaciones que no tienen nada que ver con los pliegos originales de la Resolución No. 166 de 2026, sino que buscan culpar al propio software de la entidad por el fracaso en la participación artística de la ciudad. Textualmente se sembró en el acta la siguiente coartada:

“…Esta falta de propuestas viables se ve agravada por el propio diseño de la plataforma de la convocatoria, la cual confunde al participante con formularios duplicados que inducen al plagio de fichas técnicas (riders), exige insumos ajenos a la categoría de circulación (como libretos)… y ofrece herramientas presupuestales rígidas que desconfiguran sus fórmulas”.

Esto es una aberración dentro del periodismo de investigación y la veeduría pública: IDARTES pretendió usar el acta de los jurados como un mecanismo de auto-exoneración penal y fiscal. En el derecho administrativo, las fallas, rigideces o asimetrías de las plataformas informáticas diseñadas por el propio Estado jamás pueden ser elevadas a la categoría de argumentos para descalificar propuestas o para recortar bolsas de dinero parafiscal de destinación específica. Al sembrar este testimonio artificial el 6 de junio, la entidad consumó una Falsedad Ideológica por Ocultamiento y una abierta Desviación de Poder, pretendiendo que los jurados asumieran la culpa del bache matemático que Subterránica ya había puesto en conocimiento del organismo de control fiscal.

La fase criminal: Guerra sucia, video filtrado y amenazas de muerte

El descarado montaje documental del 6 de junio de 2026 no fue la única respuesta del entorno que protege los oscuros intereses de la contratación de IDARTES. Al verse al descubierto ante el traslado inmediato de la Contraloría de Bogotá (Radicado No. 2-2026-12084), y ante el peso de una fiscalización ciudadana que lleva más de 13 años (2013-2026) documentando el direccionamiento del Programa Distrital de Estímulos y las roscas operativas de los Festivales al Parque, los implicados decidieron cruzar la línea de la legalidad para pasar al terreno de la delincuencia organizada.

En las últimas horas, de manera paralela a la publicación del acta falsificada, actores indeterminados, pero directamente coordinados con los intereses de la entidad han desatado una campaña sistemática de guerra sucia y asesinato moral contra el veedor ciudadano. Denunciamos públicamente ante el país y la comunidad internacional la difusión masiva e ilícita de un video de carácter estrictamente privado extraído de mi entorno personal. Este material íntimo ha sido burda y maliciosamente sacado de contexto con un único objetivo delictivo, destruir mi buen nombre, minar mi credibilidad periodística y desviar la atención pública de los contundentes hallazgos que hunden la gestión de la Subdirectora de Equipamientos Culturales, SILVIA OSPINA HENAO. Y no solo eso, no es primera vez, en la fiscalía corre un proceso contra músicos aliados a Idartes y beneficiciaron anteriores por los mismos motivos.

Pero el perfilamiento y la difamación informática son solo la antesala. El ataque escaló de inmediato a la intimidación violenta: he comenzado a recibir amenazas anónimas de muerte que advierten represalias extremas si se detiene la ampliación de estas denuncias ante la Contraloría.

En un país como Colombia, donde la corrupción contractual y la defensa del erario público se pagan históricamente con sangre, estas amenazas no son un chiste digital ni una simple hostilidad de redes sociales; representan un riesgo inminente, real y letal contra la vida y la del núcleo familiar de quienes denuncian. Aquí se mata por deporte para blindar los presupuestos del fomento cultural. El uso de material privado para perfilar a un ciudadano es el procedimiento estándar de las mafias contractuales antes de pasar al atentado material. Hago responsable directo al Estado colombiano, a las directivas de IDARTES y a los operadores privados que se lucran de su contratación por cualquier atentado contra mi integridad física, la de mi esposa o la de mis hijas.

El veredicto ciudadano: Exigencia de cese total y las preguntas que la Contraloría no puede evadir

La farsa de los “14 habilitados”, la invención extemporánea de puntajes mínimos de corte para recortar las bolsas de estímulos y la posterior campaña de hostigamiento contra la veeduría ciudadana demuestran que IDARTES ha desbordado cualquier límite de la legalidad. No estamos ante un problema de software ni ante un error de digitación de un funcionario de rango medio; estamos ante el modus operandi de una cofradía burocrática institucionalizada que prefiere acudir a la falsedad ideológica y a la guerra sucia antes que permitir que se auditen los recursos públicos.

Permitir que el IDARTES continúe ejecutando el presupuesto ordinario del fomento, legalizando contratos de circulación y tramitando los fondos parafiscales de la Contribución Cultural (recursos LEP) bajo un expediente burdamente alterado, constituiría un insulto a los miles de artistas independientes que año tras año ven cómo se cierran las puertas del circuito artístico de Bogotá. Ante la gravedad de los hechos y el riesgo inminente para la vida del fiscalizador, la ciudadanía y los colectivos musicales independientes exigen la aplicación inmediata de medidas extraordinarias: el CESE INMEDIATO DE TODA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA, CONTRACTUAL Y PRESUPUESTAL DEL IDARTES, y la intervención urgente de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Fiscalía General de la Nación para frenar la intimidación criminal.

La pelota está ahora en la cancha de la Contraloría de Bogotá D.C. El radicado especial No. 2-2026-12084 determinará si el órgano de control fiscal se arrodilla ante las realidades paralelas de la burocracia o si hace cumplir la Constitución. Los ciudadanos y los medios independientes exigimos respuestas públicas, taxativas y escritas a un cuestionario que no admite evasivas:

1. ¿Validará la Contraloría de Bogotá la cifra falsa de 14 habilitados sembrada a última hora por el IDARTES, o tipificará de manera contundente la comisión de los presuntos delitos de Falsedad Ideológica en Documento Público y Fraude Procesal post-denuncia?
2. ¿Aceptará el organismo de control fiscal que las entidades distritales inventen e implementen criterios de puntaje excluyentes con el concurso ya cerrado y las denuncias radicadas, destruyendo el principio de Selección Objetiva?
3. Dado el entorno de presunta corrupción sistemática que abarca la contratación del fomento y los Festivales al Parque, ¿decretará la Contraloría la Medida Cautelar de Suspensión Preventiva y cese de actividades sobre el IDARTES para proteger el patrimonio de la ciudad?
4. Frente a las amenazas de muerte directas y el perfilamiento mediante la filtración de material privado que hoy sufre el veedor de este caso, ¿qué acciones afirmativas e inmediatas tomará la Contraloría para garantizar que ejercer el control social en Bogotá no sea una sentencia de muerte?
5. Dígale de frente a la ciudadanía: ¿Es la Contraloría de Bogotá D.C. una institución tolerante con el maquillaje de expedientes y la opacidad en el sector cultura, o compulsará copias de urgencia a la Fiscalía General de la Nación por las conductas delictivas plenamente probadas en este proceso?

La verdad histórica del expediente ya fue expuesta. El documento original definitivo con solo 12 propuestas habilitadas reales contra el acta prefabricada del 6 de junio con 14 participantes artificiales son las pruebas reinas de un montaje que la ciudad no va a silenciar. Seguiremos vigilantes, informando cada paso de este proceso, porque la cultura y los recursos de Bogotá le pertenecen a los artistas, no a los parásitos que pretenden administrarlos a puerta cerrada.

Y ojo… esa manía que tienen los colombianos de compartir chats, conversaciones, videos que no son de ustedes se castiga CON CARCEL:

1. Ley 1273 de 2009 (Ley de Delitos Informáticos)
   Esta es la norma principal cuando el material privado se obtiene o se difunde a través de medios digitales (WhatsApp, redes sociales, correos electrónicos).

Artículo 269F: Violación de datos personales.

Castiga a quien, sin estar facultado para ello, con provecho propio o de un tercero, obtenga, compile, sancione, modifique, divulgue o difunda códigos de acceso, datos personales contenidos en base de datos o medios semejantes.

Pena de cárcel: De 48 a 96 meses (de 4 a 8 años) de prisión.

Multa: De 100 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

2. Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000)
   Si la conversación o el video se obtuvieron interceptando o violando la privacidad de las comunicaciones, aplican los delitos contra la intimidad:

Artículo 192: Violación de ilícita de comunicaciones.

Castiga al que ilícitamente interceptre comunicación dirigida a otra persona, o se entere de su contenido, la modifique o la divulgue.

Pena de cárcel: De 16 a 54 meses (de 1.3 a 4.5 años) de prisión.

Artículo 194: Divulgación y empleo de documentos reservados.

Sanciona al que hallándose en posesión de un documento, chat, grabación o video que por su naturaleza deba permanecer en reserva, lo divulgue de manera que pueda causar perjuicio.

Pena: Multa y pérdida del empleo o cargo público (si aplica), además de agravarse si se usa para chantaje o descrédito.

Agravantes del Delito (Aumento de la Pena)
La ley estipula que la pena de cárcel aumentará de la mitad a las tres cuartas partes (pudiendo superar los 10 o 12 años de prisión) si se cumplen las siguientes condiciones, las cuales encajan con su situación de control social:

Uso de la información para descrédito: Cuando el material se difunde con la intención explícita de dañar el buen nombre, la honra o la credibilidad de la víctima.

Fines de retaliación o chantaje: Cuando se utiliza como un mecanismo de presión para que la persona desista de una acción (como una denuncia fiscal).

Difusión masiva: Cuando se utilizan redes sociales, medios informáticos o canales de mensajería para multiplicar el alcance del daño. PRgunten a nuestro amigo el guitarrista.