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Colombia

BOMM, Idartes y el Ministerio de Cultura: ¿Un circuito cerrado que excluye por retaliación?

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En los últimos años se ha consolidado en Colombia una preocupante forma de captura del campo cultural por parte de un grupo de gestores, programadores y empresarios que concentran recursos públicos, visibilidad y toma de decisiones en torno a la música.

Espacios que se presentan como públicos o de interés general —como Rock al Parque, Hip Hop al Parque, los estímulos de Idartes, las convocatorias del Ministerio de Cultura y el Bogotá Music Market (BOMM)— han terminado convertidos en cotos cerrados donde se distribuyen oportunidades entre los mismos actores, excluyendo voces críticas o incómodas.

Esta no es solo una denuncia es un patrón verificable con nombres, trayectorias y contratos.

Por ejemplo, el Bogotá Music Market (BOMM) es un programa de la Cámara de Comercio de Bogotá que cuenta con apoyo público, se presenta como vitrina para “toda la música colombiana” y promete criterios transparentes de selección.

Pero la composición de su equipo curatorial revela conexiones muy estrechas con el ecosistema de Idartes y con proveedores recurrentes de recursos públicos que vetan y segregan a los críticos de sus gestiones y lanzan ataques personales contra ellos. Siempre los mismos personajes terminan en todos los espacios auspiciados de alguna manera por el Estado y eso se ha perpetuado, llevan años cómodamente instalados haciendo lo que quieren:

Gustavo “Chucky” García: ex-programador de Rock al Parque para Idartes, figura polémica por su estilo confrontativo y su historial de insultos y descalificaciones a músicos y gestores que critican la opacidad del sistema.

María Camila Rivas: también exintegrante del comité de Rock al Parque, festival financiado 100% con impuestos de los bogotanos.

Geovanny Escobar Rubio: productor del Festival Hip Hop al Parque, otro programa distrital de Idartes.

Francisco Mendoza (Páramo Presenta): gerente de una empresa privada que ha ganado contratos de producción para escenarios de Rock al Parque, al tiempo que programa su propio festival Estéreo Picnic.

Jorge Jiménez (Árbol Naranja): empresario cuyo colectivo ha sido contratista frecuente de Idartes, ofreciendo producción técnica para Rock al Parque y otros festivales.

Todos con relaciones con el gobierno ¿Para qué? ¿Por qué? ¿No existen otros profesionales diferentes? ¿Qué transparencia puede haber si algunos de ellos que pelean de frente con los independientes y han lanzado ataques públicos documentados, son parte de una curaduría que debe ser transparente pero a la que le ganan las rencillas personales y la falta de profesionalismo. Estas relaciones no son meramente “colaboraciones sectoriales”, son relaciones contractuales directas con recursos públicos. Personas que han definido quién toca en los festivales del Distrito ahora deciden también quién puede vender su música en la principal rueda de negocios del país.

El problema es que convierten las rencillas personales en vetos institucionales, no basta con el conflicto de interés estructural. Existe evidencia anecdótica y testimonial (cómo lo que ha sucedido con Subterránica, uno de los agentes más importantes para el ecosistema musical de Latinoamérica) de que estos curadores usan su poder para excluir a músicos y gestores que los han criticado.

Denunciar la falta de transparencia, los contratos repetidos y la concentración de oportunidades no debería convertir a nadie en enemigo público, pero en la práctica quienes levantamos la voz somos vetados sistemáticamente.

Se trata de una forma de retaliación política blanda: no te censuran directamente, pero te cierran las puertas en todas las instancias donde tienen poder.

Así, lo que debería ser una plataforma de toda la música colombiana se convierte en un club de amigos donde las críticas se castigan y la diversidad estética o ideológica se sofoca, es un patrón que se repite también en Idartes y el Ministerio de Cultura, no es exclusiva del BOMM porque como ya dijimos, son los mismos en las mismas en todas partes, en todos los espacios, como si en el país en realidad no más gente verdaderamente capacitada para estos cargos.

En Idartes las convocatorias, festivales y estímulos se resuelven muchas veces entre los mismos actores que programan, producen o evalúan, empresas proveedoras ganan contratos de producción y luego tienen representantes como jurados o curadores en otros espacios, en el Ministerio de Cultura, algo similar ocurre con la designación de jurados y la circulación de recursos de concertación.

El resultado es nepotismo cultural, no el de los apellidos de sangre, sino el de las redes cerradas de recomendación mutua y blindaje contra la crítica.

¿Es delito o falta ética y administrativa? Algunos se burlan diciendo: “Eso no es delito, es el negocio de la cultura”. Pero veamos: La ley colombiana prohíbe el favoritismo indebido en la asignación de recursos públicos, el Código Disciplinario sanciona a funcionarios que usen el cargo para favorecer o excluir a terceros arbitrariamente, las entidades que distribuyen recursos públicos están obligadas a garantizar igualdad y transparencia, la Cámara de Comercio recibe recursos públicos y tiene un deber de rendición de cuentas en sus programas.

Entonces excluir a alguien por enemistad personal o retaliación política es arbitrario y contrario a los principios del Estado Social de Derecho. Aunque no sea un delito penal típico (no van a la cárcel por eso) puede ser investigable como falta administrativa o disciplinaria, el problema es que como ya sucedió con Rock al Parque en donde la contraloría encontró infinidad de estas faltas, no pasa nada porque en el país la ley es blanda y la verdad el arte le importa muy poco.

Quienes creemos en la música como un bien público no podemos aceptar que se repartan recursos y espacios con criterios de venganza personal, no se trata de pedir caridad ni favoritismo, se trata de exigir transparencia, pluralidad y profesionalismo en la gestión cultural financiada con los impuestos de todos.

Si el BOMM quiere ser la “gran vitrina de la música colombiana” no puede comportarse como un club exclusivo que castiga a quien denuncia su falta de diversidad pero los artistas callan por miedo al veto, los medios callan por miedo al veto y los que callan porque son cómplices están disfrutando de sus beneficios. La verdad cansa llenar tantas convocatorias para ver siempre a los mismos embolsillándose millones y millones, o ver jurados excontratistas premiando a concursantes excontratistas, eso es ridículo.

Hablemos claro: el rock colombiano fue capturado.

Lo que alguna vez fue un movimiento rebelde, plural, contestatario, se transformó en un espacio cooptado por gestores y programadores que usan el poder estatal para decidir quién existe y quién no.

Otro ejemplo: Rock al Parque, que nació para dar cabida a todas las voces, se volvió el feudo de curadores con agenda propia, contratistas de Idartes que se eligen entre ellos como jurados y programadores, músicos y empresarios que deciden quién toca y quién queda por fuera, convocatorias con criterios opacos, resultados predecibles y favoritismos evidentes.

Quien se atreve a cuestionarlo —como nosotros en Subterránica— queda marcado. Excluido de festivales, ruedas de negocios y de cualquier espacio público y no solo eso, Idartes permite los insultos y la denigración pública lavándose las manos diciendo que solo son “contratistas” como si la ley no exigiera que el instituto es quien debe responder por estos actos. Pero en Colombia la ley es de plástico y corrupta.

No se trata solo de festivales públicos. También la radio se contaminó con estos vetos. Ahora Radiónica como lo han denunciado varios de los que ya salieron de ahí por la nueva administración o figuras como Alejandro Marín se han erigido también como “curadores” de la música colombiana mientras ignoran sistemáticamente el rock local, lo caricaturizan o simplemente lo excluyen de su parrilla. Mientras predican la apertura a la música global y la sofisticación pop, se olvidan de las escenas de base, de los músicos independientes, del rock crítico y hablan mal de los agentes de la industria.

Y no es casualidad. Muchos de ellos están en la misma red: Curadores del BOMM, jurados de convocatorias públicas, “conferencistas” (Muchas veces sin la educación necesaria), invitados a viajes y ruedas de negocio, amigos de festivales privados que se lucran del Estado y así consolidaron una narrativa única: el rock es cosa del pasado, o se resume en cinco bandas amigas. ¡Delicioso! Que envidia.

Pero el resultado de esto ha sido devastador: Bandas que no tienen cómo circular ni grabar porque no pasan por la rosca, escenas locales moribundas, músicos que ya no denuncian nada para no ser vetados, productores independientes arruinados, público aburrido, sin oferta nueva ni riesgosa y dejando vacíos festivales como Rock al Parque al cual le inflan los números los medios amigos para no reflejar el fracaso y mientras tanto, los “curadores” viajan a ferias internacionales diciendo que representan “la música colombiana”.

Es necesaria una guerra cultural. Una guerra contra el amiguismo disfrazado de gestión cultural, el reparto de recursos públicos como botín de un clan. la retaliación contra quien critica, el bloqueo de sonidos incómodos o disidentes, la captura del discurso sobre “lo que es válido” en la música, la dictadura estética y política que han impuesto sobre el rock.

El Estado debe salir de la música (o reformarse radicalmente) y digámoslo sin miedo: el Estado colombiano fracasó como mecenas cultural, en vez de garantizar diversidad y acceso, financió roscas, compró silencios y generó dependencia clientelista. Su dinero, que es nuestro dinero, terminó consolidando un circuito cerrado de curadores, empresas contratistas privilegiadas artistas obedientes y dóciles como corderos, vetos y listas negras extraoficiales. El Estado debe salir de la música si no es capaz de apoyarla sin corromperla o al menos debe refundar sus políticas culturales con veeduría ciudadana real, con una selección transparente de jurados y curadores, prohibir de conflictos de interés y exigir profesionalismo y requisitos académicos a estos personajes como manda la ley, rotación obligatoria en comités y puestos, auditoría independiente de contratos y resultados y esto es solo el comienzo

Subterránica no va a callar, no vamos a aceptar más vetos invisibles, más retaliación disfrazada de criterio curatorial, más contratos a dedo con dineros públicos, vamos a nombrar a los responsables, vamos a exigir las pruebas, vamos a mostrar los contratos, vamos a pedir las explicaciones y vamos a invitar a todos los músicos, periodistas, gestores y públicos cansados de la dictadura cultural a sumarse.

Porque el rock nació para denunciar y la música es demasiado importante para dejarla en manos de burócratas corruptos o gestores vengativos.

La música debe ser libre.
La cultura debe ser de todos.
El Estado debe ser para todos, o no ser.

@darielconway

Colombia

No, The Klaxon no es corrupto, la forma en que actuó Rock al Parque sí lo es.

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Una aclaración necesaria ante la mala interpretación de nuestra investigación periodística

Por Felipe Szarruk
Director de la Veeduría Ciudadana Ojo al Arte y Colectivo Subterránica

En las últimas semanas, tras la publicación de nuestro libro de investigación Negocio al Parque: 30 años de Rock al Parque, Corrupción, Poder y Dinero en el Rock Estatal, hemos sido testigos de un fenómeno preocupante pero predecible: la desinformación y la calumnia. Circula en redes sociales un video en el que se me acusa de haber señalado a la banda The Klaxon como “corrupta” o de haberla vinculado directamente con prácticas irregulares dentro del festival. Nada más falso.

Permítanme ser claro, contundente y definitivo:

NUNCA hemos acusado a The Klaxon, ni a sus integrantes, ni a su representante, de ser corruptos. Jamás. Lo que se denuncia en la veeduría, y lo que he denunciado durante más de una década de veeduría ciudadana, es la CORRUPCIÓN SISTEMÁTICA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES (IDARTES) y su forma de operar.

Este artículo no es una disculpa ni un retracto. Es una aclaración que, con toda honestidad, debería ser innecesaria para quienes han leído el libro con la atención que merece. Pero ante la mala fe de algunos y la ligereza de otros, me veo en la obligación de desglosar, punto por punto, lo que realmente dijimos y lo que realmente significa.

Lo que realmente dice el libro sobre The Klaxon

En el Capítulo VII, titulado “La Estafa de las Bandas”, documentamos el caso de The Klaxon en la edición de 2013. La narrativa del libro es clara y está respaldada por hechos documentados:

Primero: The Klaxon se presentó a la convocatoria pública distrital de Rock al Parque, el mecanismo oficial mediante el cual las agrupaciones locales compiten por un cupo en el festival a través de la evaluación de jurados. Es un proceso que, en teoría, debe ser democrático, transparente y basado en criterios artísticos objetivos.

Segundo: Tras surtir el proceso de evaluación, The Klaxon no pasó la convocatoria. Quedó oficialmente fuera del listado de ganadores. Eso significa que, bajo las reglas del juego establecidas por Idartes, la banda no debería haber estado en el cartel.

Tercero (y este es el punto crítico): Idartes, en un acto de absoluta discrecionalidad y arbitrariedad, ignoró el resultado de su propia convocatoria pública y metió a The Klaxon “a dedo” en el cartel oficial bajo la figura de “Show Especial” o “Invitado Distrital”. La banda terminó presentándose en el Escenario BID el domingo 30 de junio de 2013.

El libro dice textualmente:

“Este hecho constituyó una apología a la ‘rosca’ y una burla directa a los cientos de bandas que se sometieron al desgaste de la convocatoria pública. (…) Al meter a la banda de manera directa tras haber sido rechazada en el concurso público, la entidad violó el principio de selección objetiva y de igualdad de oportunidades consagrado en la Constitución Nacional.”

¿Dónde está la acusación contra The Klaxon? No existe. La crítica, la denuncia y el señalamiento son contra IDARTES, la entidad que administra los recursos públicos, que diseña las convocatorias y que decide a quién invitar y a quién excluir.

The Klaxon es una banda excelente. Su inclusión en el cartel fue, desde el punto de vista artístico, un acierto. Andrés, su representante y líder, es un amigo y un músico al que respeto profundamente. El problema no es que The Klaxon haya tocado. El problema es CÓMO y POR QUÉ tocaron.

Un patrón documentado: no es un caso aislado

Para que no quede duda de que estamos ante un patrón de conducta institucional y no ante un ataque a una banda en particular, la investigación documenta otros casos idénticos:

El caso SHIP (2016): Al igual que The Klaxon, la banda SHIP no pasó la convocatoria pública de ese año. Sin embargo, tras presiones externas y contactos dentro de la organización, fue invitada directamente a presentarse en un evento del festival con recursos pagados por el distrito. La misma lógica: se ignora el resultado de la convocatoria y se favorece a quienes tienen la capacidad de presionar o de acceder a los canales no oficiales.

El caso Paul Gillman (2017-2026): Aquí el favoritismo se tiñe de censura ideológica. En 2017, el músico venezolano fue vetado del cartel tras una campaña de desprestigio impulsada por empresarios privados. Idartes, en lugar de defender la libertad de expresión y su propia programación, cedió a la presión y canceló al artista. Años después, con un cambio de administración política, Gillman fue reinvitado. Su música nunca fue el problema. La sumisión de Idartes a grupos de presión y a la ideología del gobierno de turno sí lo fue.

El caso The Castles: La investigación documenta cómo esta banda también fue víctima de la arbitrariedad institucional, siendo retirada de la programación por decisiones caprichosas de la burocracia cultural.

En todos estos casos, el denominador común no son las bandas. Son las decisiones unilaterales, discrecionales y muchas veces ilegales de los funcionarios y contratistas de Idartes.

¿Por qué es grave este patrón de conducta?

Porque viola los principios fundamentales de la contratación pública y de la gestión del Estado:

  1. El Principio de Selección Objetiva (Artículo 5 de la Ley 1150 de 2007): La entidad está obligada a elegir las propuestas más favorables para el interés público mediante un proceso transparente y competitivo. Cuando Idartes ignora el resultado de su propia convocatoria para meter a una banda “a dedo”, está vulnerando este principio de manera flagrante.
  2. El Principio de Igualdad: Se crean dos categorías de participantes: los que se someten a las reglas y los que, por tener los contactos adecuados, pueden saltarse el proceso. Esto es un mensaje demoledor para los cientos de bandas que cada año invierten tiempo, dinero y esfuerzo en diligenciar formularios, preparar carpetas y someterse a la evaluación de jurados.
  3. El Principio de Transparencia: No existe un acto administrativo formal que justifique estas invitaciones directas. No hay una resolución, no hay una explicación pública, no hay un criterio objetivo. Es la pura y simple voluntad de quien ejerce el poder de contratación.
  4. La Desnaturalización del Festival: Rock al Parque fue declarado Patrimonio Cultural de Bogotá mediante el Acuerdo 120 de 2004. Su misión es la protección, circulación y visibilización del género rock en la capital. Cuando Idartes diluye ese mandato para incluir géneros ajenos o para complacer favores, está traicionando el espíritu de la ley.

¿Cómo funciona el “círculo de los elegidos”?

Lo que hemos documentado a lo largo de 189 páginas es la existencia de un sistema, una “rosca” institucionalizada, que opera de la siguiente manera:

  • Un grupo reducido de agrupaciones repite año tras año en el cartel, acumulando hasta 10 o 12 presentaciones en el festival.
  • Un círculo de contratistas y asesores decide qué bandas entran, cuáles se quedan fuera y quiénes reciben los millonarios contratos de producción y logística.
  • Los jurados de las convocatorias son seleccionados a dedo, sin criterios de imparcialidad, y en muchos casos tienen vínculos directos con las bandas que evalúan.
  • Los medios de comunicación aliados reciben acreditaciones masivas y a cambio se comprometen a guardar silencio sobre las irregularidades.
  • Los veedores ciudadanos que se atreven a denunciar son sometidos a campañas de desprestigio, linchamiento digital y vetos institucionales.

Las bandas, en este ecosistema, son piezas de un tablero. No son las culpables. Son, en muchos casos, víctimas de un sistema que las obliga a bailar al ritmo que marca el Estado si quieren sobrevivir.

La responsabilidad de Idartes y la cooptación de la crítica

En el libro también documentamos un fenómeno que el teórico Antonio Gramsci llamó “transformismo”: el proceso mediante el cual el Estado absorbe, neutraliza y asimila a los elementos disidentes a través de la asignación de contratos, recursos públicos o prebendas.

En el Capítulo VI, “El Cartel de los Medios y el Botín de las Acreditaciones”, relatamos el caso de un periodista y gestor cultural, que entre 2012 y 2013 fue uno de los críticos más duros de la gestión de Rock al Parque, fue contratado directamente por Idartes como asesor de comunicaciones. Tras recibir el flujo de fondos públicos, su línea editorial crítica se desvaneció por completo.

Esa es la forma de operar de Idartes: comprar conciencias, silenciar voces y neutralizar la fiscalización ciudadana con recursos del erario.

Y cuando eso no funciona, cuando la crítica persiste, se recurre a la descalificación, al matoneo digital y a la difamación. Como ocurrió conmigo mismo, como ocurrió con el Colectivo Subterránica, como ha ocurrido con todos los que nos hemos atrevido a señalar las irregularidades.

La calumnia como mecanismo de defensa

Ahora entiendo por qué están circulando esos videos que me acusan de haber calumniado a The Klaxon. Es el mismo mecanismo de siempre:

Primero: Se descontextualiza mi declaración.
Segundo: Se reduce el libro a un titular sensacionalista.
Tercero: Se me acusa de atacar a una banda querida por el público.
Cuarto: Se desvía la atención de las verdaderas denuncias: los hallazgos fiscales por más de 960 millones de pesos, los contratos a dedo con Teatro R101, los vetos ideológicos, la persecución a Félix Báez, el desorden documental, las puertas giratorias y el nepotismo institucionalizado.

Es un truco viejo. Y no funcionará.

La verdad está en el libro, no en los titulares

Invitó a quienes han visto esos videos y han dudado a que hagan lo que muchos ya están haciendo: leer el libro completo. No basta con leer un fragmento, un tuit o un titular. Negocio al Parque es un expediente documentado de 30 años de corrupción estructural. Contiene:

  • Pruebas documentales oficiales: Contratos, minutas, estudios previos y actas de liquidación extraídos de SECOP I y II.
  • Hallazgos de entes de control: Informes de la Contraloría de Bogotá que documentan sobrecostos, pagos sin soporte y desorden administrativo.
  • Respuestas oficiales: Derechos de petición y requerimientos de control fiscal que evidencian las excusas y evasivas de Idartes.
  • Análisis estadístico: Datos de programación que demuestran la repetición sistemática de bandas y la exclusión de la escena emergente.

The Klaxon aparece en una de las páginas del libro como un ejemplo de la arbitrariedad de Idartes. No como un ejemplo de corrupción.

The Klaxon es parte de la solución, no del problema

Andrés y The Klaxon son parte del ecosistema musical de Bogotá. Han trabajado por el rock local, han defendido la escena y han hecho buena música. Su inclusión en el cartel de 2013 fue un acierto artístico. Eso no lo discute nadie.

Lo que discuto es que, para que ellos tocaran, Idartes tuvo que violar sus propias reglas. Si la convocatoria decía que no habían pasado, la entidad no debería haberlos invitado. O, mejor aún, la convocatoria debería haber sido lo suficientemente flexible y justa para que bandas como The Klaxon pudieran pasar sin necesidad de “contactos”.

El problema no es la banda. El problema es un sistema que obliga a las bandas a depender de la voluntad de un burócrata.

La fatiga del veedor y la resistencia ciudadana

Llevo más de diez años haciendo veeduría ciudadana. He interpuesto derechos de petición, acciones de tutela, denuncias penales y quejas disciplinarias. He sido vetado, difamado, amenazado y perseguido. He visto cómo Idartes utiliza el presupuesto de los bogotanos para comprar a críticos, silenciar medios y consolidar un feudo cultural.

Y estoy cansado.

Cansado de que me calumnien por no saber leer. Cansado de que se desvíe la atención de las verdaderas irregularidades. Cansado de que se me acuse de atacar a músicos cuando lo que estoy atacando es un sistema que los victimiza.

Pero también estoy fortalecido. Porque la gente está leyendo el libro. En masa. Y se están dando cuenta de la verdad.

No, The Klaxon no es corrupto. La forma en que actuó Rock al Parque, a través de Idartes, es lo que ha sido, durante décadas, la antítesis de la transparencia y la justicia para los artistas de esta ciudad.

El Festival Rock al Parque no es de Idartes. No es de los contratistas. No es de los curadores de turno. Es de la ciudadanía. Es un patrimonio cultural que debe ser defendido, saneado y devuelto a los músicos y al público.

Seguiremos investigando. Seguiremos denunciando. Seguiremos ejerciendo el control social que la Constitución y la ley nos otorgan. Y no nos callarán con calumnias.

Invito a quienes han malinterpretado el libro a que lo lean con atención. Invito a los medios de comunicación a que hagan periodismo serio y no se dejen instrumentalizar por la maquinaria de propaganda de Idartes. Invito a los músicos a que se organicen y exijan transparencia.

The Klaxon es una excelente banda. La corrupción está en las oficinas de Idartes, no en los escenarios.

Toca que aprendan a leer… pero para eso, hay que hacerlo primero.


Felipe Szarruk
Director de la Veeduría Ciudadana Ojo al Arte
Colectivo Subterránica
Bogotá, septiembre de 2026

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K-Tarzys y el grito de la sabana: rock y metal con conciencia social frente al horror de la guerra

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Hay propuestas emergentes que entienden el rock y el metal no solo como vehículos de descarga sónica, sino como trincheras de reflexión humana. Este es el caso de K-Tarzys, una sólida agrupación de la sabana de Bogotá conformada por jóvenes músicos que irrumpen en la escena independiente con una premisa clara: utilizar la música como un altavoz para diseccionar las heridas sociales y políticas que golpean al mundo.

La banda presenta su más reciente sencillo, “Susurros de Piedad”, un lanzamiento que trasciende el circuito convencional del género al proponer una profunda y dolorosa reflexión sobre el impacto humano de los conflictos armados y el sufrimiento de las víctimas anónimas de la guerra.

“Susurros de Piedad” nace de la necesidad de mirar de frente una realidad que continúa afectando a millones de personas. Lejos de la estriducción vacía, K-Tarzys canaliza la crudeza instrumental del rock y el metal hacia una atmósfera densa e interpelante, buscando sacudir al oyente y remover conciencias. Es un ejercicio de empatía hecho canción, donde los pesados acordes y la potencia rítmica sirven para traducir el desgarro de los territorios atravesados por el fuego cruzado.

La agrupación se encuentra actualmente puliendo los detalles de su primer EP de siete canciones, un trabajo discográfico de larga duración con el que buscan consolidar su identidad dentro de la escena independiente colombiana y abrirse paso con fuerza en los circuitos culturales y escenarios de Bogotá y su región.

El valor de K-Tarzys radica precisamente en su capacidad de hibridar la destreza técnica de sus integrantes con una inquietud narrativa genuina. En tiempos donde la música suele buscar el consumo efímero, ver a jóvenes creadores apostar por temáticas de profunda trascendencia humana demuestra que el rock nacional sigue vivo, inconforme y con los pies firmemente puestos sobre la realidad de su entorno

Para quienes deseen sumergirse en esta propuesta, la banda ha dispuesto su material en plataformas digitales y redes oficiales:

Instagram oficial: @ktarzys.oficial

K-Tarzys demuestra que desde la sabana de Bogotá se sigue agitando un rock con memoria, agudeza y un profundo sentido de urgencia.

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Grietas Mentales presenta “Nada Me Quema”: La catarsis sónica del hastío hecho armadura

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Grietas Mentales está de regreso con “Nada Me Quema”, su nuevo sencillo y el primer adelanto de un próximo EP que marcará una evolución decisiva en el sonido de la banda. El estreno está disponible en todas las plataformas digitales desde el pasado 28 de agosto de 2026.

Definida por sus creadores como la banda sonora oficial de mandar todo al carajo, la canción nace de ese punto de quiebre donde el cansancio deja de ser una simple fatiga cotidiana para transformarse en una coraza impenetrable. Habla de estar harto de las cargas laborales, los problemas y las presiones diarias, hasta cruzar la línea donde el dolor cede ante una certeza absoluta: ya nada puede hacer daño, ya nada quema.

En el plano sonoro, la agrupación traduce esa frustración y liberación hacia una propuesta que fusiona el rock alternativo y el indie con sutiles texturas electrónicas. Un bajo robusto, sintetizadores envolventes, cambios dinámicos precisos y un coro de alto impacto conforman un tema diseñado para transformar la rabia contenida en pura energía cinética.

El lanzamiento se completa con un videoclip oficial animado protagonizado por Paco, una silueta concebida como la representación abstracta de la banda dentro de la narrativa visual. Paco encarna al individuo que llega al límite de sus fuerzas, se planta frente al fuego y logra transmutar aquello que lo consumía en su propia armadura, conectando de lleno con el imaginario underground del proyecto.

Ficha Técnica y Formación:

Thiago Villada – Voz

Davyd Junguito – Bajo

Juan Esteban Arango – Guitarra, sintetizadores y voces

Santiago “Rigby” Palacio – Batería, sintetizadores y coros

Producción, mezcla y máster: Juan Esteban Arango, realizado en El Planetario Records

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