por Felipe Szarruk para Subterránica

ADVERTENCIA: Lo que viene a continuación no es un artículo de opinión políticamente correcto sino una serie de análisis basados en datos reales, comprobables y publicados. No es una crónica bonita para celebrar los 30 años del festival de música gratis más grande de Latinoamérica. Esto es una veeduría ciudadana hecha carne, escrita con la rabia de alguien que ha visto cómo el mismo monstruo que ayudamos a construir ahora devora lo poco que queda de una escena que alguna vez sintió peligrosa y autentica. Amo Rock al Parque, asisto desde el 95, cosa que muy pocos pueden decir. Odio en lo que lo convirtieron.

¿Ustedes recuerdan cuando Garavito el asesino más grande de niños de la historia, que era colombiano, salió a decir en una entrevista que él quería trabajar por la niñez? Bueno, así mismo sonó la comitiva de Rock al Parque en FilBo 2026 tratando de sublimarse a sí mismos como los salvadores del rock que ellos mismos destruyeron. Sencillamente ridículo.

Y es que hay que entender una cosa, el problema no es, nunca ha sido y nunca será el Festival que es tan necesario, sino la categoría de gente que lo tiene a su cargo, que ha pasado décadas haciendo y deshaciendo con el rock, destruyéndolo, desconfigurándolo y convirtiéndolo en un oligopolio que literalmente lo acabó en el país, pero sobre todo en Bogotá que es donde los músicos están en tal grado de necesidad y hambre que no tienen otra alternativa que arrodillarse a una entidad para que los mantenga. El problema no es Idartes, es la gente deshonesta que trabaja allá y que están instalada hace demasiado tiempo.

El Mesías Burocrático

El anuncio llegó envuelto en el lenguaje almibarado de los comunicados de prensa… El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) esa caja menor de la deshonestidad bogotana que en 2018 y 2021 fue evidenciada por la Contraloría por sus prácticas irregulares en la contratación de Rock al Parque, ha decidido que este año el festival no solo celebrará tres décadas de existencia, sino que también ha decidido que se declarará el salvador del rock colombiano, la panacea, los mesías.

Bajo el concepto “Bogotá, ciudad Rock”, la Alcaldía Mayor, a través del Idartes, ha estructurado una celebración que combina memoria, circulación artística y participación ciudadana. Suena bonito, ¿verdad? Suena a que por fin el Estado reconoce la importancia del género.

Hay un pequeño problema y no es menor, “Bogotá, ciudad Rock” es un concepto que no es de ellos, Bogotá Ciudad Rock es un concepto de la organización del mismo nombre que ha trabajado en Bogotá durante casi los mismos 30 años que ellos y se han robado, así como otros conceptos que sencillamente toman de agentes independientes como “En Bogotá sucede” que han sido construidos por gestores culturales sin el apoyo estatal. Robar ideas es una práctica común en el instituto. Ahora, la Alcaldía lo empaca, lo mete en una licitación y lo vende como si fuera una ocurrencia luminosa de su inteligencia. Es el modus operandi de siempre, el estado engulle lo subterráneo, lo desinfecta, lo pasteuriza y lo devuelve como un producto de marketing para turistas. Y encima, se autoproclaman salvadores.

Bogotá Ciudad Rock ha trabajado desde los noventas en Bogotá dirigido por el músico y gestor cultural Rafael Escandón: https://web.facebook.com/groups/bogotaciudadrock/?_rdc=1&_rdr#

¿Salvadores de qué? ¿De un género que ellos mismos, con su cultura de la gratuidad subsidiada y su ignorancia sistemática sobre el rock y los géneros musicales populares, convirtieron en un mendigo que solo sabe aplaudir cuando la boleta es gratis? Idartes es el culpable de que en Colombia se valide la estúpida frase de Carlos Vives “el rock de mi pueblo” para referirse al vallenato, o que la gente crea que una cumbia con guitarras eléctricas es rock mientras más de cuatro mil bandas activas en Bogotá buscan un espacio para soñar. La Historia (con H mayúscula) nos debe una disculpa por este festival. No por el festival en sí, sino por lo que vino después.

Rock al Parque no es culpable de haber nacido, fue un hijo hermoso de una época de esperanza. Pero se convirtió en el padre de la peor de las pesadillas, el papi de una generación entera de “rockeros” que creen que la música se paga con el IVA de todos, que el esfuerzo es mostrar las camisetas en Instagram y que el éxito es quedar en el cartel del parque Simón Bolívar. Esto ya lo dije hace un año y lo repito aquí con más datos, el festival no es el problema, es el síntoma de algo más profundo, de una escena que perdió el alma, nos volvimos cómodos y la comodidad nunca ha sido amiga del rock.

Hace un año, en junio de 2025, nuevamente se vieron desde la primera jornada del festival escenarios casi vacíos en la tarde, bandas con décadas de experiencia tocando con toda la energía frente a un puñado de espectadores, el movimiento entró en una pausa emocional, espiritual. La razón es que todo el mundo espera sentado a que el papá Estado le resuelva la vida. ¿Para qué pagar una boleta de diez mil pesos en un bar si puedo ver a una banda “internacional”? el público ya está adoctrinado a que solo se paga por tributos, conciertos internacionales y bandas que no sean de rock como los mariachis o la Salsa, si el concierto es de rock original, creado por las bandas, eso no sirve, eso no se paga, eso no existe. Esa es la realidad.

El resultado lo vivimos todos los que trabajamos en el rock en carne propia, mientras el festival se llena después de las seis de la tarde (porque es gratis) los bares y las salas independientes se mueren. Los promotores que arriesgan su patrimonio para traer a esa misma banda internacional se estrellan contra la mentalidad del “rock es gratis” que Rock al Parque implantó en el inconsciente colectivo. Esa es su herencia. Ese es su legado de 30 años sumándolo a la división de la escena en donde por un lado están los mendigos del Estado y por otro los que no pertenecen a ese círculo, es una guerra cultural.
El museo del que se burlaron y que ahora copian

Pero si hay una parte de este circo de los 30 años que merece una mención especial por su hipocresía monumental, es el anuncio de la creación de espacios de memoria.

Idartes, en su infinita falta de creatividad, ha anunciado que dentro de la programación se instalará en el Simón Bolívar la escultura “La Rockera”, del artista Maquiamelo. La obra no será solo ornamental; incluirá un código QR para consultar el archivo histórico de todas las bandas que han pasado por el evento, validando así de nuevo que el único rock que existe es el de ellos.

También anunciaron una exposición itinerante que durante un año recorrerá la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed). Parece una buena idea, ¿no? Lo es. Por eso desde el 2021 cuando lo fundamos el Museo del Rock Colombiano viene trabajando en eso.

Y aquí es donde la historia se pone turbia… cuando comenzamos este proyecto, cuando abrimos nuestras puertas en la calle 45 con Séptima con un archivo de más de 4.000 discos físicos, vestuarios históricos y una base de datos que probablemente es la más grande del país en su tipo, no recibimos flores por parte del distrito. Recibimos ataques por parte de Idartes y de Chucky García, sí, el mismo que se sentó en FilBo a hablar del nuevo “Museo de las músicas” con orgullo, no se puede ser más patético, no existe la forma.

En octubre de 2021, funcionarios del Idartes (esos mismos que hoy posan de salvadores de la cultura) lanzaron ataques sin sentido contra el Museo del Rock Colombiano. Nos desprestigiaron públicamente, calumniaron a nuestros gestores. La entidad, que debería haber sido la primera en apoyar un emprendimiento de rescate histórico, nos escupió en la cara porque les estábamos haciendo sombra. ¿Recuerdan cuando se burlaron? Yo sí. Recuerdo las llamadas. Recuerdo los comentarios de pasillo de sus “contratistas” (los mismos Chucky García y Hugo Ospina, que llevan años pegados a la teta estatal como rémoras). Decían que éramos unos ilusos, que el rock nacional no merecía un museo, que eso era una estupidez en la “parte de atrás de un bar”.

Pero el museo siguió creciendo, mientras ellos se llenaban la boca con “inclusión” y “territorio”, nosotros guardábamos los trajes los músicos de todas las décadas, los parches de bombo de los mejores bateristas y hasta el condón de las 1280 Almas. Construimos memoria con las uñas, sin un peso del estado, demostrando que el rock colombiano sí tiene historia y sí merece ser preservada. El resultado de nuestra lucha es innegable. El Museo del Rock Colombiano, lejos de ser ese “esfuerzo efímero” que algunos quisieron retratar, es hoy el archivo más grande del país. Y no solo eso, fuimos el modelo. Medellín nos copió. Y ahora, Idartes nos está copiando.

¿Qué le parece la hipocresía? Primero nos insultan, nos atacan, nos desechan. Luego, cuando ven que el trabajo independiente tiene peso, cuando ven que el concepto de “memoria del rock” es políticamente rentable, nos roban la idea y la presentan como suya. Es el ciclo de siempre. La bestia burocrática no puede crear, solo puede digerir lo que encuentra afuera y vomitarlo como política pública.

La Farsa de la “Polifonía”

El centro de la celebración por ahora es el lanzamiento del libro “Rock al Parque: 30 años. Bogotá y las voces de la tras escena”, escrito por la historiadora Tatiana Duplat.
La propaganda oficial dice que es un “libro polifónico”, con distintas voces que dialogan en cada capítulo, que no busca una versión cerrada del festival. Me pregunto: ¿en serio? ¿En serio creen que una publicación financiada por el Idartes, editada bajo el cuidado de María Claudia Parias (directora del Idartes) y con un conversatorio moderado por Chucky García (el mismo que nos atacó en 2021 y que dijo que hay bandas que siempre estarán allá, que se inventó un concepto de rock de la nada) va a ser un ejercicio de crítica independiente?
No señores. Eso no es un libro de historia. Es un artefacto de legitimación. Es el bronce que el estado se manda a fundir a sí mismo para colocarse una medalla que no merece. No dudo de la capacidad de Duplat como historiadora. Pero el contexto mata la obra. Cualquier investigación que sale de las entrañas del instituto que ha sido investigado por corrupción (aunque ellos lo nieguen) pierde toda credibilidad. Es como pedirle a un narco que escriba la historia de la DEA. El libro habla de “dificultades administrativas” pasadas, de cómo los gestores transportaban dinero en efectivo para pagar a artistas internacionales. Suena pintoresco. Pero no menciona, porque probablemente no puede mencionarlo, que la Contraloría de Bogotá, tras una visita fiscal motivada por denuncias de este medio, encontró hallazgos graves de corrupción en la contratación de Rock al Parque.

Esa es la realidad que el libro no va a contar. Que mientras los contratistas de Idartes nos insultaban a nosotros (los que guardamos la memoria real), desviaban dineros y amañaban convocatorias para pagar contratos a los amigos, metiendo bandas de cumbia, hip hop y papayera en un festival de rock para justificar sobrecostos.

El Estado como “Salvador”: ¿Contradicción o Estrategia?

Llegamos al punto más absurdo de esta celebración, la declaración de “salvadores”. El secretario de Cultura, Santiago Trujillo (Otro eterno del Distrito) y varios voceros del Idartes han salido a los medios a decir que este plan de 30 años es la forma en que el Estado “rescata” al género. Que, sin ellos, el rock colombiano estaría muerto, es una tesis ridícula que se cae sola si vemos los datos reales.

Primero, La “vida” que ellos presumen generar es artificial, el público masivo solo se mueve cuando la boleta es gratis, lo hemos dicho hasta el cansancio, el rock colombiano es una alucinación colectiva de 5.000 personas (los músicos y sus familias) que creen que son superestrellas porque una vez tocaron frente a 100.000 personas en un parque. Fuera de ese contexto, los bares están vacíos. Los conciertos independientes no llenan, los músicos mendigan presentaciones, todo gracias a la cultura de la gratuidad que este festival implantó.

Segundo, el apoyo económico que tanto presumen no soluciona la falta de público, la empeora. Anunciaron 32 estímulos económicos para bandas, premios de hasta 150 millones de pesos. ¿Eso salva el rock? No. Eso domestica al rock porque el músico se convierte en un proveedor más del estado, deja de cantarle a la incomodidad para empezar a llenar formatos en plataformas digitales del ministerio para justificar la plata.

Tercero, la escena no necesita salvadores, necesita que los dejen respirar, el movimiento independiente, ese que vive en los bares, en las bodegas, en los festivales pequeños que se financian con esfuerzo ciudadano, ese movimiento está más vivo que nunca, la vitalidad creativa está en las sombras a las que ustedes, Rock al Parque, con su cartel reciclado de siempre (los mismos 20 nombres financiados por el estado desde los años 90) les tapan el sol y hacen que los mismos músicos se vuelvan enemigos de la propia escena.

El Monumento a la Hipocresía

El 10, 11 y 12 de octubre, el Parque Simón Bolívar se llenará de gente, habrá pogos, se venderán cervezas y la prensa complaciente hablará de “fiesta”, de “cultura ciudadana” y de “éxito rotundo” inflando d enuevo cifras que no corresponden a la realidad.

Mientras tanto, en el corazón de la ciudad, la escena independiente seguirá abriendo sus puertas con sus propios recursos, guardando la historia que ustedes ignoraron y seguiremos esperando que algún día dejen de robarnos las ideas, dejen de insultarnos y empiecen a pedir disculpas, porque Rock al Parque no es el puto salvador del rock. Es el asesino a sueldo y ahora quiere erigirse como su enterrador de lujo. Ustedes destruyeron la cultura del pago. Destruyeron la escena de bares. Convirtieron al rockero en un mendigo subsidiado y ahora, para celebrar 30 años de ese desastre, anuncian un museo que es una burda copia del que ustedes mismos patearon hace tres años permitiendo las burlas de sus contratistas y lavándose las manos diciendo que no son parte de Idartes, pero para ir a FilBo a llenarse el hocico con ideas prestadas y títulos robados si son parte de ustedes, es desagradable.

El Rockero colombiano, el verdadero enemigo del Rock.

Pero no nos equivoquemos ya que no sería justo, ni sería cierto echarle toda la culpa a Idartes. Sería fácil, sería cómodo, sería lo que ellos esperan… tener un enemigo externo al que señalar, una diana perfecta para desviar la atención de la podredumbre interna. Porque la verdad, la que nadie quiere decir en voz alta es que el peor enemigo del rock colombiano no está en Idartes sino que es el propio rockero colombiano.

Lo he visto durante 30 años de carrera. Lo viví en mis propias carnes cuando me atreví a decirlo en público y me llovieron ataques por todos lados. Lo confirmé cuando escribí Manifiesto en 2014, esa letanía de furia que nadie quiso escuchar entonces y que hoy resuena como una profecía cumplida. “La mafia más grande es la del rock, la manejan 10 pendejos y un gordito maricón”. No era poesía. Era periodismo. Me refiero a esos mismos tipos que hoy se rasgan las vestiduras criticando al Estado, que llenan sus cuentas de Twitter con dardos contra los “vendidos” y los “arrodillados”, los mismos que presumen de independencia mientras escriben sus posturas dignas desde el celular que les regaló la mamá, los que critican cualquier cosa que no sea chupar la teta del gobierno, el tributero, el muerto de hambre que necesita comer a como dé lugar. Tienen una soberbia y un ego enorme, pero cuando suena el teléfono o les llega el mail institucional se cuadran, sonríen, aceptan la reunión, se ponen la camisa limpia, madrugan y hacen lo que se les ordena como borregos que son.

¿Les parece exagerado? Miremos los hechos.

En 2026, Idartes abrió la Beca Festival Rock al Parque con 32 apoyos económicos. 32 bandas recibirán cheques del Estado. Pero —y esto es crucial—, esas convocatorias no distinguen. Allí se postula cualquiera. Y allí se postulan TODOS. Los mismos que juran que el Idartes es una mafia. Los mismos que firman cartas abiertas contra la institucionalización. Los mismos que en sus conciertos le gritan al público que “el sistema nos oprime”. Y luego, en la fila de la inscripción digital, se encuentran con los gaiteros, los currulaos, los grupos de papayera y las orquestas de música tropical que también aplican porque —según las bases de la convocatoria— el festival busca “repertorios originales que representen la diversidad y evolución de los sonidos en Bogotá” .

¿Entienden la magnitud del despropósito?

El rock colombiano se ha rebajado a competir por tres millones de pesos contra La Orquesta Conmoción y contra cualquier gaitero de la costa. Y no es que esos géneros no tengan derecho a existir —claro que lo tienen—. El problema es que el rock, el género que alguna vez fue sinónimo de inconformismo y frontera, ha aceptado mansamente ser una categoría más dentro del gran cajón de sastre de la “diversidad cultural”. El problema es que las bandas de rock, esas que alguna vez soñaron con llenar estadios por su propio mérito, ahora llenan formularios en la plataforma SICON esperando que un burócrata les dé el visto bueno. Los rockeros colombianos no son víctimas del sistema. Son sus socios. Y de los socios más baratos que tiene el sistema.

¿Quiere pruebas? Miren los comentarios en redes sociales cada vez que se anuncian las convocatorias. Ahí están. Los mismos “independientes” de siempre, compartiendo el link con sus amigos. “Apoya la convocatoria”. “Hay que participar”. “Es una oportunidad para visibilizar el rock”. Los medios arrastrados. No, señores. No es una oportunidad para visibilizar el rock. Es una oportunidad para que el Estado les ponga el escenario, les ponga el sonido, les ponga el público y ustedes, a cambio, le pongan el sello de “autenticidad” a un evento que es cualquier cosa menos rock. Por tres millones de pesos. O por mucho si tienen la suerte de caer en la bolsa de “trayectoria consolidada” ¿cuál? La de haber tocado para el Estado por años y en ninguna otra parte.

Putas, mercenarios de las artes: La humillación como moneda Corriente

Hablemos claro. Usemos las palabras exactas. Un músico que se presenta como independiente, que construye su discurso público criticando al Estado (como los punks) y que al mismo tiempo se postula a las convocatorias del Idartes, tiene un nombre. Se llama mercenario.

Los mismos tipos que hace un año firmaban cartas denunciando la corrupción en Idartes, presentarse humildemente a la convocatoria doce meses después, con el sombrero en la mano y la lengua afuera. He visto a los “rockeros de verdad” arrodillarse ante cualquier funcionario de cuarta que tenga el poder de firmar una resolución. Lo llaman “hacer gestión”. Yo lo llamo venderse. Y lo llamo con todas sus letras. Lo peor no es que se vendan. Lo peor es que se vendan por tan poco.

Humillarse es el Deporte Nacional del Rock Bogotano, pero hay algo aún más patético que la mercenarización. Hay la humillación gratuita, voluntaria, casi sacrificial. Porque los rockeros colombianos no solo aceptan la plata del Estado, aceptan las condiciones que vienen con ella y esas condiciones son humillantes. Aceptan tocar en un festival donde el rock es apenas una sección dentro de un popurrí de géneros que no tienen nada que ver. Aceptan que los pongan a compartir cartel con bandas de salsa, de hip hop, de música andina, bajo la etiqueta difusa de “música popular”. Aceptan que los funcionarios del Idartes les expliquen qué es y qué no es rock, basándose en manuales escritos por gente que nunca ha pisado un concierto de garaje. Han aceptado la domesticación. Mejor dicho, la han aplaudido. Mientras siguen hablando mierda de los que hacen, de los que construyen.

Recuerdo una conversación con un músico de una banda “exitosa” (léase: que ha tocado tres veces en Rock al Parque). Me dijo, con total naturalidad: “Hay que adaptarse, parce. Si quieren que toquemos con gaiteros, pues tocamos con gaiteros. La plata es plata”. Esa frase debería estar tatuada en la lápida del rock colombiano. Es su epitafio. “La plata es plata”. No el arte. No la coherencia. No la rebeldía. La plata. Tres millones de pesos. Para repartir entre cuatro o cinco músicos. Menos de lo que gana un vendedor de aguardiente y marihuana en el mismo parque los días del festival.

El Círculo Vicioso de la Hipocresía

Y entonces, cuando desde Subterránica o desde el Museo del Rock Colombiano o desde otro lugar que no seamos nosotros, nos atrevemos a señalar esta podredumbre, ¿qué pasa? Pasa que los mismos mercenarios, los mismos que están llenando los formularios de la convocatoria mientras leen esto, salen a insultarnos. “Son resentidos”, “Eso es porque no pasan”, “El museo es una mierda”, “No entienden que hay que tocar donde sea”, “Solo critican”. La misma cantaleta de siempre. El mismo manual del mediocre que no soporta que le señalen las vergüenzas. Esa es la diferencia entre un independiente de verdad y un mercenario de las artes. La independencia se demuestra con hechos, no con discursos. Y los hechos son irrefutables, la mayoría de los rockeros colombianos han elegido la jaula dorada. Y no solo la han elegido, la defienden con uñas y dientes porque es la única forma de justificar su propia sumisión.

Así que ya saben. Cuando vean a esos mismos de siempre hablando mierda de los independientes en redes, recuerden que hoy mismo, mientras usted lee esto, probablemente están preparando su carpeta de SICON. Están grabando el video de tres minutos. Están redactando la carta de motivación donde explican por qué “su proyecto es innovador” Y luego, cuando no los seleccionen (porque el cupo es limitado y la rosca es fuerte), van a salir a gritar que el festival está amañado. Pero no por dignidad. Por envidia. Porque no les tocó a ellos. Esa es la verdad que nadie quiere ver. El rock colombiano no está destruido por el Estado. El Estado solo es el espejo. El rock colombiano está destruido por su propia falta de dignidad, por su disposición a venderse al mejor postor, por su incapacidad para entender que la libertad no se negocia.

El Expediente de la Podredumbre: Los Hallazgos Completos de la Contraloría y las Denuncias que Sigue Ignorando la Justicia

Hablar de “hallazgos de corrupción” sin poner los hallazgos sobre la mesa es hacerle el juego a los mismos corruptos que esconden los expedientes detrás de tecnicismos legales y silencios cómplices. Así que aquí van. Con nombres. Con cifras. Con documentos públicos que cualquier ciudadano puede consultar, pero que ningún medio tradicional ha tenido los huevos para publicar completos.

Lo que encontró la Contraloría en 2018 (y que nadie quiso leer)

En 2018, la Contraloría de Bogotá realizó una visita fiscal al Idartes, específicamente a los procesos del festival Rock al Parque. La visita no fue voluntaria. Fue motivada por una denuncia ciudadana que Subterránica envió al ente de control después de hacer una veeduría independiente y de recibir múltiples testimonios de exempleados y contratistas que estaban hartos de la podredumbre.

Irregularidades en la publicación de los pliegos de condiciones para la licitación pública IDARTES-LP-001-2017

Este contrato, que tenía por objeto la contratación del servicio integral para la realización del festival Rock al Parque 2017, fue manejado con una opacidad que desafía cualquier principio de transparencia. La Contraloría encontró que Idartes incumplió los principios de publicidad, transparencia y selección objetiva al no publicar los pliegos en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), que es el mecanismo estándar para que cualquier ciudadano o empresa pueda conocer las condiciones de una licitación. En lugar de eso, los pliegos se publicaron únicamente en un tablero físico ubicado en las instalaciones del Idartes .

¿Qué significa esto en la práctica? Que solo los contratistas que tenían “contactos” dentro de la entidad se enteraron de la convocatoria a tiempo. El resto del mundo quedó excluido por falta de información. Eso no es una “irregularidad menor”. Eso es amañar una licitación desde el pliego de condiciones.

Falta de cuidado en el manejo del archivo documental del expediente contractual No. 1139 de 2017

Cuando la Contraloría pidió revisar el expediente completo del contrato, se encontró con que estaba incompleto, desordenado y sin foliar. O sea, los responsables del contrato habían “extraviado” documentos clave, habían mezclado papeles sin ningún orden y ni siquiera se habían tomado la molestia de numerar las páginas para dificultar cualquier auditoría.
Esto no es un descuido administrativo. Esto es ocultamiento deliberado de información. En cualquier empresa privada, esto es causal de despido inmediato y demanda penal. En Idartes, es el modus operandi.

Incumplimiento de las normas sanitarias y de bioseguridad durante el festival Rock al Parque 2017

La Contraloría constató que Idartes no garantizó las condiciones mínimas para la prestación del servicio médico y de primeros auxilios a los asistentes al evento. No contaba con una ambulancia básica ni con personal médico calificado.

Piénselo un momento. Estamos hablando de un evento que congrega a más de cien mil personas en un solo día. Y el Idartes, que recibió millones de pesos para producir el festival, decidió ahorrar en ambulancias y en personal médico. Si alguien se hubiera infartado, si una persona hubiera sufrido una fractura en un pogo, si una convulsión o un accidente hubiera requerido atención inmediata, no había con qué responder. Eso no es corrupción administrativa. Eso es poner en riesgo vidas humanas.

Pero además, el informe señala que no se cumplió con el protocolo de limpieza y desinfección de los baños públicos ni con el manejo adecuado de los residuos sólidos. Es decir, los asistentes estuvieron expuestos a condiciones insalubres mientras los contratistas del Idartes se embolsillaban la plata destinada a servicios básicos.

Sobrecostos en la producción y logística del evento

La Contraloría detectó que Idartes pagó precios excesivos por conceptos como transporte, alojamiento, alimentación, sonido e iluminación, sin justificación técnica ni económica .
Traducción… los contratistas cobraban de más, y el Idartes pagaba sin poner peros. ¿Por qué? Porque el sobrecosto no era un error: era la comisión. El contratista inflaba los precios, y la diferencia se repartía entre los funcionarios que aprobaban la factura. Es el mecanismo más viejo de la corrupción estatal en Colombia. Y funciona porque nadie investiga.

Desviación de recursos públicos destinados al festival

Este es quizás el hallazgo más grave. La Contraloría estableció que Idartes utilizó recursos del presupuesto asignado a Rock al Parque para financiar otros eventos o actividades que no tenían relación con el objeto contractual.

Ejemplos concretos que aparecen en el informe:
– Se pagaron viáticos y pasajes aéreos para personas que no participaron en el festival.
– Se contrataron artistas o servicios que no hicieron parte de la programación.
– Se adquirieron bienes o insumos que no se utilizaron o se perdieron.

¿A dónde fue esa plata? ¿Quién se la embolsilló? Esas preguntas, seis años después, siguen sin respuesta. Porque la justicia colombiana, cuando se trata de proteger a los poderosos, actúa con una lentitud que solo puede calificarse como complicidad.

Lo que la Contraloría NO pudo investigar (y por qué)

El informe de la Contraloría, siendo contundente, se quedó corto. Porque la competencia del ente de control es limitada: pueden revisar números, contratos y procedimientos. Pero no pueden investigar lo que realmente importa: la corrupción de la curaduría artística.

¿Quién decide qué bandas tocan en Rock al Parque? Durante ocho años, esa decisión estuvo en manos de Chucky García, el mismo que hoy escribe columnas en El Tiempo defendiendo al festival y diciendo que las denuncias de corrupción son “mentiras” de “resentidos”.

El propio festival tuvo que cambiar su misión en el papel para poder adaptarlo a los constantes actos deshonestos y contratos amañados de sus amigos. No es una metáfora. Es un hecho documentado: las bases del festival se modificaron para incluir géneros que nada tenían que ver con el rock, simplemente para que los contratistas pudieran facturar servicios que no correspondían al objeto del contrato.

El Idartes paralelo: Los 21.000 millones de pesos de la Fundación Teatro R-101

Pero la corrupción del Idartes no se limita a Rock al Parque. Es estructural. Y eso lo ha denunciado, entre otros, el concejal del Partido de la U, Rubén Torrado, en debates de control político que ningún medio grande ha cubierto con la profundidad que merecen.

Esto es lo que Torrado encontró y presentó ante el Concejo de Bogotá:

Un solo contratista —la Fundación Teatro R-101— ha recibido contratos de Idartes por más de
21.000 millones de pesos en los últimos cuatro años, de los cuales 7.600 millones fueron adjudicados solo en 2023. Esta fundación no es un proveedor externo ocasional. Es, en palabras del concejal, “un Idartes paralelo”. Es la entidad que define los artistas, paga el personal de los eventos, contrata el catering, la logística, la iluminación, todo.

En otras palabras, Idartes le gira la plata a la Fundación Teatro R-101, y la fundación decide cómo se gasta. ¿Qué control ejerce el Estado sobre esos 21.000 millones? Ninguno. Porque la figura del “convenio de asociación” que usa Idartes es deliberadamente ambigua y está diseñada para restringir la pluralidad de oferentes.

El sindicato de trabajadores de Idartes, Sintraidartes, advirtió en enero que “es inviable una entidad donde contratistas desarrollan funciones misionales y permanentes”. Pero la advertencia cayó en oídos sordos. Porque los contratistas no son cualquier contratista, son los amigos. Y mientras sigan girando la plata, nadie va a mover un dedo para investigarlos.

Los sobrecostos del 500% en los teatros San Jorge y El Parque

Y no terminó ahí. El concejal Torrado también destapó las irregularidades en las remodelaciones de los teatros San Jorge y El Parque, dos proyectos que deberían haber sido motivo de orgullo para la ciudad y que terminaron convertidos en nuevos pozos de corrupción.

Teatro El Parque:
-Lo entregaron un año después de lo acordado.
-En la compra de dotación, encontraron sobrecostos que superan el 500% en algunos ítems.
Ejemplo: compraron una tableta Samsung por más de $5 millones, cuando en el mercado la misma referencia se consigue por menos de un millón.
Compraron componentes de sonido por casi 20 millones, cuando en el mercado se consiguen por 3.132.000 la unidad.

Esto no es “administración ineficiente”. Esto es robo descarado. Cualquier persona que haya comprado un computador o un equipo de sonido sabe que esos precios son un absurdo. Pero en Idartes, los contratistas facturan esos valores y nadie pone peros. ¿Por qué? Porque la plata no es de ellos. Es de todos nosotros. Y a nadie le importa.

Teatro San Jorge:

– Una construcción que supera los $14.024 millones.
– Hubo reiteradas modificaciones, prórrogas, suspensiones y adiciones desde la fase de diseños y estudios.
– La obra está abandonada. En el último reporte, la remodelación no superaba el 39% de avance, aunque al contratista se le entregó $7.854 millones, más del 50% del costo del contrato.

Para rematar: se contrató como interventor de la obra a la misma empresa que hizo los diseños, un conflicto de interés evidente que cualquier estudiante de primer semestre de administración pública sabría identificar.

La interventoría, para quien no lo sepa, es la entidad que debe vigilar que el contratista cumpla con lo pactado. Si la interventoría es la misma empresa que hizo los diseños, ¿quién vigila al vigilante? Nadie. Es como poner a un alumno a calificar su propio examen.

¿Y qué pasó con todo esto?

Buena pregunta. La respuesta es la más indignante de todas.

Nada.

Absolutamente nada.

La Contraloría emitió sus hallazgos. El concejal Torrado hizo sus denuncias públicas. Subterránica publicó los informes completos y los puso a disposición de cualquier ciudadano.
¿Y la justicia? Un juez se declaró impedido para conocer el caso porque, según sus propias palabras, “no sabía lo que era el rock”.

Es decir, un juez admite públicamente que no puede fallar sobre un caso de corrupción que involucra millones de pesos porque no sabe qué es el rock. Y en lugar de que esto genere una crisis institucional, Idartes se burla del asunto en un portal de noticias pagado por ellos mismos.

Ese es el nivel de impunidad. Ese es el escudo con el que cuentan los corruptos en este país. Mientras tanto, los músicos independientes —los que no se arrodillan, los que no se presentan a las convocatorias, los que prefieren tocar en bares con diez personas antes que venderse al mejor postor— siguen esperando que algún día la justicia colombiana deje de ser un chiste de mal gusto.

Lo que sigue: La celebración de los 30 años con las mismas caras

Y ahora, después de todo esto, después de los hallazgos de la Contraloría, después de las denuncias del concejal Torrado, después de que el Sindicato de Trabajadores de Idartes advirtió sobre el “Idartes paralelo”, ¿qué hace la entidad? Celebrar.

Anuncian un museo que es una copia del que atacaron. Anuncian un libro “polifónico” que es un monumento a su propia grandeza. Anuncian 30 años de “logros” mientras los expedientes de corrupción siguen engavetados en los estantes de una fiscalía que nunca tuvo la menor intención de investigar.

Y los rockeros colombianos, esos mismos que llenan los formularios de SICON cada año, esos mismos que critican al Estado con la boca mientras extienden la mano para recibir el cheque, esos mismos mercenarios que se humillan por tres millones de pesos, aplauden.
Porque mientras haya plata que repartir, mientras las convocatorias sigan abiertas, mientras exista la más mínima posibilidad de que “les toque” el premio, los rockeros colombianos seguirán siendo los mejores defensores de este sistema podrido.

Ellos son el problema. Ellos son la razón por la que Idartes sigue existiendo. Ellos son los que convierten la corrupción en algo rentable.

Y mientras eso siga siendo así, ningún hallazgo de la Contraloría, ninguna denuncia del concejal Torrado, ningún artículo de Subterránica va a cambiar nada.

El informe final, que reposa en los archivos de la Contraloría y que hemos publicado íntegramente en Subterránica, contiene hallazgos que por sí solos deberían haber mandado a la cárcel a media docena de funcionarios y contratistas. Porque al final del día, la corrupción no es un problema de los políticos. Es un problema de una escena musical que prefiere la comodidad de la jaula a la dignidad de la libertad.

Documentos de respaldo citados en este artículo, disponibles para consulta pública:

Informe de visita fiscal de la Contraloría de Bogotá a Idartes (2018): https://drive.google.com/file/d/1HGbXTkznSl0_7U8nT6GV3NstIbUY4o0z/

Debate de control político del concejal Rubén Torrado en el Concejo de Bogotá (2024)

Derecho de petición y respuesta de Idartes sobre los ataques al Museo del Rock Colombiano (2021)

y los hallazgos de la contraloría en 2021 fueron peores porque hubo uno penal, no nombras nasa de eso

2021: El Año en que la Contraloría Encontró Indicios Penales y la Justicia Volvió a Mirar para Otro Lado

Porque si los hallazgos de 2018 fueron graves, los de 2021 fueron catastróficos. Y ahí es donde el asunto deja de ser “administrativo” y se convierte en penal.

Subterránica, en su calidad de veedor ciudadano, solicitó una segunda visita fiscal a la Contraloría en 2021. Teníamos pruebas. Teníamos testimonios. Teníamos la certeza de que la podredumbre no había parado, sino que se había profundizado. Y la Contraloría nos dio la razón.

Estos son los hallazgos de esa auditoría, publicados en su momento por este medio y disponibles en los archivos públicos:

Los hallazgos con presunta incidencia PENAL

No es “administrativo”. No es “disciplinario”. Es PENAL. Es decir: conductas que podrían constituir delitos. Cárcel. Ante la justicia ordinaria.

La Contraloría encontró, dentro de su auditoría a los contratos de los Festivales al Parque en el marco del Plan de Desarrollo ‘Bogotá Mejor Para Todos’, múltiples hallazgos con presunta incidencia fiscal y disciplinaria. Pero el más grave, el que debería tener a más de un funcionario y contratista tras las rejas, es este:

Contrato 1181-18: Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria y FISCAL por falta de evidencia de la ejecución contractual, con una cuantía de $875.805.100
¿Entiende lo que significa esto? Más de ochocientos setenta y cinco millones de pesos pagados sin que exista evidencia de que se ejecutara el contrato. El dinero simplemente desapareció. No hay facturas. No hay soportes. No hay nada que demuestre que esos 875 millones de pesos se invirtieron en algo real. ¿Quién los recibió? ¿Quién los firmó? ¿Quién los aprobó?

La Contraloría no lo dice en el informe porque no es su función señalar nombres. Pero las preguntas están ahí. Y la justicia colombiana, esa misma que se declara impedida porque “no sabe qué es el rock”, tiene la obligación de responderlas.

Los demás hallazgos que confirman el modus operandi

Pero no fue el único. La auditoría de 2021 encontró una constelación de irregularidades que, en conjunto, dibujan un mapa de la corrupción sistemática dentro del Idartes:

Contrato 1130-2019: Hallazgo administrativo por no establecer adecuadamente los gastos de administración, relacionados con los Festivales al Parque 2019.

Los contratos se firmaban sin definir claramente en qué se iba a gastar la plata. ¿Por qué? Porque la vaguedad permite la creatividad contable. Permite meter facturas de cualquier cosa. Permite que el contratista facture servicios que nunca se prestaron. Permite la comisión.
Contrato 1122-2017: Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria y FISCAL por deficiencias en el ejercicio de supervisión del contrato, con una cuantía de $79.445.875.

Aquí hay otro indicio penal. Casi ochenta millones de pesos en un solo contrato, mal supervisados. ¿Quién era el supervisor? ¿Por qué no hizo su trabajo? ¿O acaso hizo su trabajo y lo que no hizo fue poner peros porque también recibía su parte?

Contrato 1177-2018: Hallazgo administrativo por incumplimiento en el proceso de convocatoria pública, relacionado con la prestación de servicios de alimentación e hidratación.

Pero lo más grave de este contrato no es solo eso. La Contraloría señala específicamente que no se dio cumplimiento cabal al principio de transparencia reglamentado en la ley 80 de 1993 y los pronunciamientos del Consejo de Estado en materia de procesos de selección objetiva.

Es decir, la convocatoria para contratar la comida y la hidratación del festival —servicios básicos, elementales, que cualquier evento masivo necesita— se hizo por debajo de la mesa. Sin transparencia. Sin que otros oferentes pudieran competir en igualdad de condiciones. ¿El resultado? El contratista amigo se llevó el negocio. Y los asistentes al festival, los que pagamos con nuestros impuestos ese contrato, recibieron el servicio que Dios y el amañe permitieron.

Contrato 1291-2017: Múltiples hallazgos administrativos, incluyendo deficiente planeación, falta de cuidado al elaborar documentos del contrato y falta de publicación en el SECOP, relacionados con la prestación de servicio de transporte terrestre de pasajeros y carga.

La falta de publicación en el SECOP es, por sí sola, una irregularidad gravísima. El SECOP es el sistema electrónico que permite que cualquier ciudadano revise los contratos del Estado. No publicar allí es, en la práctica, ocultar la información. Es decirle al ciudadano: “esto no es de tu incumbencia”. Es el sello de la corrupción.

Contrato 1418-2019: Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria y FISCAL por deficiencias en el ejercicio de supervisión, con una cuantía de $5.532.709.

Contrato 1420-2019: Hallazgo administrativo por deficiencias en la gestión documental-contractual, particularmente en el ejercicio del archivo y la trazabilidad documental.
La suma de la podredumbre

Sume, si quiere. Los hallazgos fiscales de 2021, solo los que tienen cuantía identificada, superan los 960 millones de pesos. Sin contar el contrato 1181-18 de 875 millones, que no tiene soportes. Sin contar los contratos donde no se pudo determinar la cuantía del daño por la falta de documentos.

Estamos hablando de más de mil ochocientos millones de pesos en hallazgos fiscales. Mil ochocientos millones de pesos de los bogotanos. De los impuestos que pagan los que trabajan. De la plata que se pudo haber usado para escuelas, para hospitales, para vías, para cualquier cosa menos para llenar los bolsillos de contratistas amigos y funcionarios corruptos.
¿Qué pasó con esos hallazgos? La respuesta es peor que el silencio

La Contraloría remitió estos hallazgos a las autoridades competentes. Eso es lo que dice el informe: “hallazgos administrativos con presunta incidencia disciplinaria y fiscal que fueron remitidos a las autoridades competentes para su correspondiente atención y seguimiento” .

¿Y qué hicieron esas autoridades? Como lo hemos denunciado en Subterránica, absolutamente nada.

La Procuraduría no abrió investigaciones disciplinarias serias. La Fiscalía no imputó a nadie. Los jueces, como aquel que se declaró impedido porque “no sabía qué era el rock”, encontraron la manera de no tocar el caso. Y el Idartes, lejos de depurar responsabilidades, siguió contratando con los mismos, pagando sobrecostos, ocultando información, burlándose de los veedores.

Y la rueda sigue girando, como lo dijimos en su momento. La rueda de la impunidad. La rueda de la corrupción. La rueda que solo se detiene cuando la ciudadanía deja de aplaudir y empieza a exigir.

Pero mientras los rockeros colombianos sigan postulándose a las convocatorias, mientras sigan arrodillándose por tres millones de pesos, mientras sigan defendiendo a sus padrinos políticos con el argumento de que “hay que hacer gestión”, esa rueda no se va a detener nunca. Porque al final, la corrupción no existe en el vacío. Existe porque hay quienes se benefician de ella. Y los rockeros colombianos, esos que llenan los formularios de SICON cada año, esos que aplauden cuando les dan la beca, esos que callan cuando ven las irregularidades porque “no hay que morder la mano que da”, son parte del problema. Son cómplices. Cómplices por omisión. Cómplices por conveniencia. Cómplices por miedo. Cómplices por hambre y mientras sigan siéndolo, los hallazgos de la Contraloría seguirán siendo eso: hallazgos. Papel. Expedientes que se empolvan en los estantes de una justicia que nunca, nunca, va a actuar. Porque la justicia en Colombia no actúa contra los poderosos. Y en el mundo del rock, los poderosos son esos mismos que llenan las convocatorias, que firman los contratos, que reciben la plata, que callan las denuncias. Los poderosos no son los funcionarios de Idartes. Los poderosos son los rockeros que, con su silencio y su sumisión, les permiten seguir robando.

Documentos de respaldo:

Informe de visita fiscal de la Contraloría de Bogotá a Idartes (2018): https://drive.google.com/file/d/1bYDpNr8NXXMrhIhRinOelMclwZEyVpl_/
Informe de auditoría de la Contraloría a contratos de Festivales al Parque (2021): https://drive.google.com/file/d/1cfdoioQoNRBlBCk7kWYhlMlzSSa1kpDp/
¿Esos son los salvadores del rock? jajajajajaja

No puedo cerrar este artículo sin repetirlo, sin que quede grabado como el epitafio de esta farsa de tres décadas.

Los mismos que en 2018 no pudieron justificar 875 millones de pesos. Los mismos que en 2021 acumularon hallazgos fiscales por más de 1.800 millones de pesos. Los mismos que le pagaron 5 millones por una tableta Samsung que vale 800 mil pesos. Los mismos que contrataron a la empresa que hizo los diseños para que fuera la interventora de sus propias obras. Los mismos que no publican los pliegos en el SECOP para que nadie más compita. Los mismos que esconden los expedientes, que los entregan desordenados, sin foliar, incompletos. Los mismos que le giraron 21.000 millones de pesos a una fundación “paralela” sin ningún control.

Son los que ahora salen en las fotos de la FILBo, sonriendo, con el libro recién empastado bajo el brazo, diciendo que van a “salvar” al rock colombiano. Son los mismos que anuncian un museo copiado. Son los mismos que se declararon “Bogotá, ciudad Rock” después de robarnos el concepto.

El chiste se cuenta solo. El rock, ese género que nació para incomodar al poder, ahora es salvado por los tipos que tienen más hallazgos fiscales que discos publicados. El rock, que alguna vez fue la voz de los que no tenían nada, ahora tiene como padrinos a los que se robaron 1.800 millones de pesos de los impuestos de todos.

Y lo más triste, lo más patético, lo que me hace reír para no llorar, es que hay rockeros —sí, rockeros de verdad (¿o ya no?)— que se los creen. Que los aplauden. Que se postulan a sus convocatorias. Que les agradecen cuando les dan la beca. Que los defienden en las redes sociales cuando alguien se atreve a señalar la podredumbre.

Esos rockeros, los arrodillados, los mercenarios, los que se humillan por tres millones de pesos, también son parte del chiste. Porque ellos podrían haber dicho “no”. Podrían haber construido escena independiente. Podrían haber pagado sus propios escenarios, sus propias grabaciones, sus propias giras. Podrían haberle demostrado al mundo que el rock colombiano no necesita del Estado para existir.

Pero no. Prefirieron la beca. Prefirieron la convocatoria. Prefirieron arrodillarse.

Y ahora, 30 años después, Idartes tiene el descaro de decir que va a “salvar” al rock. ¿Salvarlo de qué? ¿De ustedes mismos?

Esto no es una queja. Es un acto de veeduría y ojalá los próximos 30 años alguien se acuerde de mostrar este artículo en su exposición itinerante de BibloRed. Porque ahí está escrito quiénes son ustedes realmente.

Tengan que presente que Rock al Parque no es culpable, Rock al Parque es solo otra víctima más que debe ser rescatada.

Felipe Szarruk
Director, Subterránica / Museo del Rock Colombiano
Mayo 4, 2026