Colombia
La iglesia que viola niños quiere seguir censurando conciertos de Rock
Por Subterránica
En este mundo de hipócritas que ondea falsamente la bandera de la libertad de expresión, la secularidad de los Estados y la autonomía del arte, todavía hay espacios donde las voces más rancias y criminales del pasado insisten en dictar la agenda cultural. Hoy, nos enfrentamos a una de esas ironías brutales y grotescas que solo puede producir la historia: la Iglesia Católica —con una trayectoria documentada de abusos sexuales, encubrimientos sistemáticos y crímenes contra menores— exige, desde su pedestal de falsa moralidad, la cancelación de artistas como Marilyn Manson en San Luis Potosí, México, o la banda de black metal Marduk en Colombia y otros países.
Según ellos, son “satánicos”, “incitan al mal” y “corrompen la juventud”. Como si lo anterior no fuera exactamente lo que hicieron cientos de sus propios sacerdotes durante décadas. Como si no hubiera condenas penales firmes por parte del sistema judicial en Colombia, México y otros países contra miembros de su institución por delitos gravísimos.
La realidad documentada de la Iglesia Católica es un prontuario criminal impresionante… condenas reales, no canciones.
Hablemos con datos, porque parece que muchos tienen la memoria corta y la hipocresía larga.
En Colombia, según el trabajo de investigación de los periodistas Juan Pablo Barrientos y Miguel Ángel Estupiñán (autores de El archivo secreto), se han documentado más de 600 sacerdotes acusados de abuso sexual, de los cuales al menos 51 han sido condenados judicialmente por delitos como violación, acceso carnal violento y actos sexuales con menores. Entre ellos están nombres como:
William de Jesús Mazo Pérez, condenado a 33 años de prisión. https://www.elespectador.com/judicial/en-firme-condena-contra-sacerdote-por-pederastia-article-603103/
Luis Enrique Duque Valencia, sentenciado a más de 18 años por abuso a niños de 7 y 9 años. https://www.elcolombiano.com/colombia/por-pederastia-iglesia-debera-pagar-1-300-millones-BL2850407
Fabio Isaza Isaza, 5 años y 4 meses por abuso sexual de un menor incapacitado. https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12743283
En San Luis Potosí (México), donde ahora la iglesia local pide cancelar la presentación de Marilyn Manson, el sacerdote Noé Trujillo fue condenado por estupro a un menor. Y Eduardo Córdova Bautista, antiguo representante legal de la arquidiócesis, tiene más de 100 denuncias por abuso sexual de menores. Está prófugo de la justicia.

Entonces, ¿en serio tenemos que soportar que esta institución —cuya historia en muchos países latinoamericanos está manchada de impunidad, dolor y abusos comprobados— se atreva a censurar a artistas que jamás han cometido delitos equivalentes? ¿Qué clase de estupidez es esta? Y no dejemos atrás a los políticos que los respaldan, es su mayoría ignorantes sin estudios, adoctrinados y pertenecientes a los partidos más radicales, violentos y asesinos.
Para el dolor de los santos, Marilyn Manson, con toda su teatralidad y controversia, ha tenido apenas una condena menor por una falta administrativa (sonarse la nariz sobre una camarógrafa). No ha sido condenado por ningún delito sexual ni violento. Las demás acusaciones han sido desestimadas o resueltas civilmente y dejemos en que sonarse sobre una camarógrafa es algo mínimo comparado con lo que los periodistas sufrimos en esta cagadero de país, como cuando el Estado atacó de frente a Subterránica desde sus redes sociales, se robo medio presupuesto de los festivales, sacaron burlas en un portal de noticias falsas que eran sus contratistas y ¿Qué pasó? Nada… porque Colombia, México y otras fincas latinoamericanas están diseñadas para que los torcidos sean sus dueños y la falsa moral su biblia.
Marduk que ya fue censurado por las acciones de un personaje nefasto , no registra condenas penales ni antecedentes judiciales por ninguna parte. Pero en Colombia han sido vetados y cancelados por presiones morales, muchas veces sin ninguna base legal, solo por su estética y lírica anticristiana.
Entonces, ¿quiénes son los verdaderos criminales? ¿El músico que crea desde la provocación simbólica o la institución que ha protegido violadores en sus filas por décadas?
Señores, lo que pasa es que el homínido promedio no ha entendido que la libertad de expresión no es negociable, se supone que vivimos en Estados laicos, donde la Iglesia no debería tener poder político, ni control sobre lo que una sociedad libre escucha, ve o dice. Sin embargo, la censura clerical continúa activa en muchos niveles, disfrazada de moral, pero actuando como un mecanismo de represión ideológica.
La cancelación de conciertos de metal extremo no es un debate sobre cultura. Es un síntoma de algo mucho más grave: el intento constante de los sectores más oscuros de controlar el discurso público, de silenciar lo incómodo, de imponer una única visión del mundo basada en dogmas… y de tapar sus propios crímenes con una sotana manchada de sangre y que cansancio de verdad tener que vivir en estos países en donde cada día vemos asesinatos a sangre fría, cuerpos en las calles, injusticias, etc y que declaren el rock como enemigo público, pobres pendejos. Solo recuerdo cuando a Subterránica lo sacaron de SOFA porque unos vecinos de Corferias decidieron que era inmoral… “Apaguen el Rock” fue la frase y los cobardes de los organizadores en lugar de luchar se callaron, se escondieron en su oficina y guardaron silencio, como todo en estos países. Si al perro le van a quitar el hueso el perro se agacha.
Casos como el de Marduk ha son blanco de campañas de censura por parte de grupos religiosos que sin ninguna prueba judicial ni delitos cometidos por los integrantes, han logrado bloquear conciertos en ciudades como Bogotá y Medellín. Las justificaciones son siempre las mismas: “atentan contra la moral”, “promueven el satanismo”, “son una amenaza para los jóvenes”. Los medios, timoratos y muchas veces aliados de las élites clericales, replican el discurso sin contrastarlo. Y los gobiernos locales, más preocupados por el escándalo que por la libertad, ceden ante las presiones y cancelan eventos legítimos.

En 2018, por ejemplo, el concierto en Bogotá fue cancelado por presión de organizaciones cristianas. No hubo ningún análisis jurídico, ni se consultó a la comunidad cultural. Simplemente se obedeció al dogma. Más grave aún, lo mismo ha ocurrido con otras bandas como Watain en Ciudad de México o Mayhem en varios países de América Latina ¿La evidencia de delito? Ninguna. Pero cuando la Iglesia levanta el dedo, los gobiernos se bajan los pantalones.
Es aquí donde la hipocresía alcanza su punto más nauseabundo. Mientras los curas pederastas siguen oficiando misas o se esconden en casas de retiro bajo protección institucional, mientras las víctimas siguen esperando justicia que nunca llega, mientras los archivos se mantienen cerrados y el Vaticano guarda silencio, son los músicos —los artistas— los que son vetados públicamente. No por dañar a nadie, sino por expresar ideas incómodas, por criticar a la religión, por utilizar símbolos que alteran la sensibilidad de los herederos del poder inquisitorial. Es decir, por ejercer su libertad de creación lo vimos hace poco con Behemoth en Polonia en donde casi son apresados por “insultar” una figura religiosa.
La censura clerical no solo es una amenaza a la libertad de expresión. Es una forma brutal de reescribir la historia, de manipular al público, de distraer a la sociedad con espectáculos morales mientras se ocultan los crímenes reales. Cancelar un concierto de Marilyn Manson no salva a ningún niño, no impide ningún abuso, no mejora ninguna vida. Solo perpetúa el control de una institución que ha demostrado no merecer autoridad moral.
Y sí, este es un país laico. Al menos en el papel. Porque en la práctica, seguimos viendo cómo obispos, sacerdotes y feligreses organizan cruzadas contra lo que no entienden o no quieren aceptar. Pero no los vemos organizando cruzadas contra los abusadores de su propia casa. No los vemos pidiendo perdón por los crímenes del clero. No los vemos renunciar a sus privilegios fiscales ni entregar a la justicia a sus violadores.
La ironía es insoportable. Los mismos que predican amor, tolerancia y piedad, son los que linchan mediáticamente a artistas cuya única “falta” ha sido hacer música que no se arrodilla. Los mismos que protegieron a Córdova Bautista en San Luis Potosí, a Mazo y Duque en Colombia, a decenas de sacerdotes acusados y condenados, son los que hoy se escandalizan por una puesta en escena teatral, por un maquillaje, por una metáfora.
Tal vez lo que más le tienen miedo es que el arte hable en voz alta, porque el arte, cuando no es domesticado como la mayoría del rock colombiano que ya es un perro sometido al estado, recuerda cosas que quieren que olvidemos. Recuerda que la iglesia no es sinónimo de moral, que el dogma no es ley y que el verdadero peligro no está en un escenario oscuro, sino en las sotanas que se pasean impunes por los altares.
¿Quieren censura? Aquí tienen memoria. ¿Quieren callarnos? Aquí tienen sus gritos con la verdad, la iglesia católica tiene más criminales que muchas mafias. Seguiremos escribiendo, tocando, cantando porque la libertad no se negocia con quienes protegieron violadores y ahora se visten de santos.
En Colombia, el artículo 19 de la Constitución Política garantiza expresamente la libertad de cultos, pero también la libertad de conciencia, de expresión y de creación. El artículo 20 establece que “se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios de comunicación masiva. Son libres la expresión artística, cultural y científica.” Y si eso no basta, el artículo 1 declara al país como un Estado social de derecho, democrático y pluralista, no confesional. Cualquier autoridad civil que cancele un evento artístico solo porque molesta a un grupo religioso está violando directamente la Constitución.
Y aún más claro es el precedente establecido por la Sentencia T-391 de 2007 de la Corte Constitucional, donde se afirmó que la libertad de expresión incluye manifestaciones que puedan ser impopulares, provocadoras, polémicas o contrarias a la moral tradicional. La Corte ha sido enfática en que el arte no debe someterse a criterios religiosos o morales arbitrarios, y que “la protección de la libertad de expresión es más fuerte precisamente cuando lo expresado no gusta o incomoda”.
En México, la situación es igual de clara. El artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege la libertad de expresión, y el artículo 7º garantiza la libertad de difusión sin censura previa. Además, el artículo 130 declara de forma explícita la separación del Estado y las iglesias, y prohíbe que las asociaciones religiosas interfieran en asuntos políticos o civiles. Es decir: la Iglesia Católica no tiene ningún derecho legal a incidir en decisiones gubernamentales sobre espectáculos públicos.
Pero lo hace. Lo hace a través de presión social, de discursos incendiarios, de manipulación mediática. Y cuando los funcionarios públicos ceden ante esas presiones —como ha ocurrido con las cancelaciones de conciertos de Marduk, Manson, Watain y otros—, están violando la ley, incurriendo en actos de discriminación ideológica, y en algunos casos, cometiendo abuso de autoridad.
No se trata solo de una batalla cultural. Esto ya es una batalla jurídica. Porque si el Estado laico permite que la moral religiosa imponga sus dogmas sobre la programación artística, entonces deja de ser laico. Si el Estado cede ante el chantaje clerical, entonces ya no es un Estado de derecho, sino un Estado confesional por la puerta de atrás. Y eso, en México, en Colombia, y en cualquier democracia moderna, es inaceptable.
Censurar conciertos por “ofender la religión” es como prohibir libros por hacer pensar. Es como quemar discos por sonar distinto. Es un acto de ignorancia institucionalizada. Pero también es una violación a los derechos humanos, a las normas internacionales de libertad artística, y a los principios más básicos del pluralismo. Por eso no es solo estúpido. Es ilegal.

Quizá lo más doloroso de todo esto no es que la Iglesia intente censurar, sino que lo logre. Que en pleno siglo XXI, con todas las herramientas legales, democráticas y tecnológicas disponibles, todavía tengamos que ver cómo se apagan conciertos, se silencian artistas y se castiga la disidencia creativa por culpa de instituciones que deberían estar rindiendo cuentas, no dando sermones.
La escena del rock, del metal, del arte independiente en México y Colombia lleva años desangrándose. No solo por la corrupción de las entidades culturales, que siguen entregando presupuestos públicos a las mismas redes clientelistas, a los mismos eventos tibios y domesticados, sino por la ignorancia de sectores que nunca entendieron que el arte no existe para adorar al poder, sino para cuestionarlo. Por eso les duele. Por eso lo persiguen. Porque el rock aún representa una amenaza, aunque lo hayan intentado desactivar desde dentro.
Pero si hay algo que deberíamos estar cuestionando, si hay algo que verdaderamente merece censura —una censura social, ética y política— es la historia criminal de una institución que ha quemado mujeres en hogueras por pensar diferente, que ha saqueado civilizaciones enteras en nombre de su dios, que ha condenado libros, perseguido científicos, impuesto dictaduras morales y callado generaciones de voces.
¿Vamos a seguir permitiendo que esa misma institución decida qué podemos oír, qué podemos ver, a quién podemos aplaudir? ¿Vamos a permitir que los que torturaron a Galileo, colonizaron América, asesinaron a miles en las cruzadas y la inquisición, manipularon la verdad, quemaron brujas y libros, escondieron pederastas y callaron víctimas vengan ahora a darnos clases de moral y a cancelar festivales de metal?
Si algo necesita una revisión profunda y una sanción real, no son los artistas, no son los músicos, no son los conciertos. Es esa Iglesia que durante siglos ha sido juez y verdugo, y que ahora pretende jugar a la víctima para seguir dictando normas en sociedades que se pretenden libres. Tal vez, después de todo, el verdadero peligro para la juventud no son las letras oscuras ni las guitarras distorsionadas, sino las sotanas que aún pretenden controlar el pensamiento.
Y eso sí debería darnos miedo…
Colombia
¿Son los rockeros colombianos corruptos? Solidaridad de escena o complicidad: las sombras del silencio en el rock nacional
El circuito del rock en Colombia ha construido durante décadas una narrativa pública fundamentada en la rebeldía, la resistencia contra los abusos del poder y una presunta superioridad moral frente al establecimiento. Subirse a un escenario con distorsión y corear consignas contestatarias contra el gobierno y las injusticias ha servido como un salvoconducto ético que supuestamente exime al gremio de las miserias cotidianas del país. Pero al examinar la trastienda donde se negocian los espacios, se gestionan los recursos y se construyen las alianzas de la música local, queda en evidencia una contradicción flagrante. Lejos de ser un territorio incorruptible, el ecosistema musical convive con prácticas de silencio, conveniencia y encubrimiento que replican con exactitud las lógicas clientelares de la política tradicional. La interrogante que incomoda, pero resulta indispensable plantear, no busca condenar al arte en sí mismo, sino a las conductas de quienes lo operan ¿han convertido los músicos el silencio cómplice en su principal herramienta de supervivencia?
La ética de la omisión y el cálculo comercial representan la primera fractura de este discurso rebelde. En el ámbito legal y moral, tener constancia de un delito, guardar silencio deliberado frente a él y luego beneficiarse directa o indirectamente de la operación no es neutralidad como lo quieren pintar algunos cobardes por no perder el favor o ser vetados; es coparticipación. Trasladado al circuito del rock, este fenómeno se manifiesta cuando se conocen desvíos de fondos públicos, monopolios amañados en carteles de festivales, abusos sistemáticos o contrataciones fraudulentas, y la respuesta generalizada de bandas y promotores es el hermetismo calculador. Nadie denuncia, nadie exige explicaciones y nadie se aparta del infractor si este aún tiene la capacidad de programar una fecha, pagar una pauta o gestionar un presupuesto. La consigna gremial de «no dañar la escena» o «cuidar el parche» termina funcionando como un escudo corporativo de impunidad. Se calla no por ignorancia, sino por miedo a perder un turno en la fila de los beneficios, demostrando que para muchos el discurso contestatario se apaga apenas entra en conflicto con el bolsillo.
Este silencio encuentra su manifestación más agresiva en la hostilidad abierta contra el control, la fiscalización y la veeduría ciudadana. Cuando un colectivo, un medio independiente como Subterránica o una veeduría formal asume la tarea de revisar pliegos de contratación, denunciar favoritismos en la asignación de estímulos o fiscalizar cómo los operadores y burócratas distribuyen los recursos públicos del arte, la reacción habitual del gremio no es el respaldo solidario, sino la descalificación virulenta. En lugar de exigir transparencia para que los presupuestos rindan y beneficien a todo el tejido musical, sectores enteros del rock local cierran filas para atacar al denunciante. Se le etiqueta de «resentido», «destructor de procesos» o «enemigo de la cultura», calcando los mismos métodos de linchamiento retórico que utiliza cualquier estructura mafiosa cuando se le auditan las cuentas. Quien ataca con sevicia a los mecanismos de vigilancia no defiende la música independiente; defiende su relación de compadrazgo con quienes reparten la torta.
El costo inevitable de este compadrazgo es un ecosistema cultural atrofiado, mediocre y condenado a la insignificancia histórica. Cuando las tarimas de los festivales distritales, las giras financiadas con dineros públicos y la visibilidad mediática no se obtienen por solvencia artística ni por convocatoria real, sino por lealtades ciegas y silencio pactado, la calidad musical pasa a un segundo plano. La dependencia parasitaria del presupuesto estatal ha reemplazado la autogestión genuina y la construcción orgánica de audiencias, convirtiendo a bandas con años de trayectoria en simples solicitantes complacientes ante el operador de turno. El público general, lejos de ser ignorante, percibe con claridad el cinismo que existe entre la pose incendiaria del micrófono y la sumisión pragmática en las oficinas culturales, lo que termina por vaciar las salas y romper el vínculo de credibilidad con la sociedad.
La discusión sobre la corrupción en el rock colombiano no puede seguir esquivándose bajo el pretexto de que la música es inherentemente noble o de que los recursos en disputa son marginales en comparación con otros desfalcos del país. La corrupción cultural es igual de dañina, pues descompone el tejido social, premia la deshonestidad y ahoga a las propuestas artísticas rigurosas que se niegan a someterse al juego de las componendas. Mientras el circuito siga considerando que denunciar lo indebido es una traición y que callar ante el abuso es una virtud gremial, el rock nacional continuará encerrado en su propio laberinto de frustración, incapaz de trascender precisamente porque eligió la comodidad de la complicidad por encima del valor de la coherencia.

Hay que llamar a las cosas por su nombre, la corrupción en la música no es únicamente la mano que firma el contrato amañado o el funcionario que desvía la partida presupuestal; es también la mano que extiende la palma para cobrar la tajada sabiendo de dónde viene el dinero. Si una banda decide subirse a una tarima financiada con recursos turbios, montada por operadores señalados o concebida como lavado de cara para la politiquería local, esa banda es cómplice y por definición práctica, es corrupta. El argumento victimista de que «el músico solo vive de su arte» o de que «a nosotros no nos metan en política, solo venimos a tocar» es una excusa cobarde para justificar el lucro personal a costa de la descomposición del circuito. Tocar en un escenario podrido a cambio de un cheque no es resistencia cultural ni profesionalismo; es alquilar la reputación al mejor postor y validar el saqueo con acordes de guitarra
La misma lógica se aplica a la complicidad burocrática del día a día. Cuando los integrantes de una agrupación saben de antemano que una convocatoria pública, un festival institucional o una beca distrital están manipulados y aun así diligencian los formularios para participar del simulacro, están legitimando el fraude. Al prestarse como comparsas para que las entidades inflen cifras de participación y justifiquen procesos amañados con la esperanza de que esta vez «les toque el turno» o les caiga una migaja del presupuesto, las bandas renuncian a cualquier reclamo de legitimidad. Postularse sabiendo que las cartas están marcadas es participar en la farsa para ver si sobra algo en la mesa de los tramposos. Quien valida una convocatoria corrupta con su firma y sus documentos es un eslabón indispensable para que el entramado siga funcionando sin levantar sospechas formales, quien lo hace sabiéndolo es corrupto.
El nivel más degradante de esta cadena no es el silencio pasivo, sino la defensa activa del corrupto. Cuando un músico, gestor o seguidor sale a descalificar a las veedurías ciudadanas, a sabotear el trabajo de quienes auditan los contratos o a perseguir a los denunciantes, no está defendiendo la cultura: está actuando como un borrego servil del sistema que lo explota. Atacar a quien exige cuentas claras, tildarlo de «resentido» o acusarlo de «querer acabar con los festivales» es una conducta abiertamente corrupta. Revela el pánico visceral de quien teme que, si se acaba el compadrazgo y la asignación a dedo, su propia mediocridad quede al descubierto. El que prefiere que no se fiscalice para no perder sus privilegios o sus contactos en las oficinas públicas no es una víctima del sistema; es un peón voluntario que prefiere un circuito podrido donde tiene cabida, antes que un entorno transparente donde tendría que competir con talento real.
El balance final de esta complicidad colectiva es el aislamiento total de un género que se niega a mirarse al espejo. Mientras las bandas sigan creyendo que el aplauso fácil del público y las poses de rebeldía en redes sociales borran sus pactos de silencio, sus formularios fraudulentos y sus ataques a la fiscalización, el rock en Colombia seguirá siendo un cascarón vacío. La corrupción no se combate con decibeles ni con discursos pregrabados entre canción y canción; se combate con coherencia ética, negándose a cobrar de manos sucias y respaldando a quienes tienen el valor de denunciar. Mientras el gremio prefiera el plato de lentejas del presupuesto manipulado antes que la dignidad de un oficio limpio, no habrá escenario, festival ni historia que salve al rock nacional del desprestigio que sus propios protagonistas han alimentado.
Es hora de despojar al rock colombiano de esa falsa aureola de intocable y enfrentarlo con su propia hipocresía. Un movimiento que nació para desafiar el autoritarismo, señalar el desfalco y romper las cadenas del conformismo no puede terminar convertido en una clientela dócil que mendiga favores institucionales, celebra tarimas manchadas y lincha a quien se atreve a fiscalizar las cuentas. La música no limpia la falta de principios: el talento instrumental no exime a nadie de la responsabilidad civil y penal que implica beneficiarse de la trampa. Quien calla frente al robo para no perder una fecha en el calendario oficial, quien diligencia formatos a sabiendas de que el concurso está arreglado y quien ataca a la veeduría para congraciarse con el burócrata de turno, comparte exactamente la misma bajeza moral de los políticos que dice despreciar en sus canciones.
El estancamiento histórico de este circuito no es culpa exclusiva de la falta de público, de la indiferencia de los medios masivos ni de la escasez de recursos; es la consecuencia directa de haber sustituido la autogestión y el criterio por el servilismo y el encubrimiento gremial. Si el rock en Colombia pretende algún día tener peso histórico, relevancia social y verdadero respeto, tendrá que empezar por limpiarse desde adentro y romper el pacto de impunidad que lo carcome. Mientras subir el volumen sirva para tapar el sonido del saqueo y mientras la escena siga premiando al cómplice y condenando al denunciante, no habrá himno, riff ni festival que disfrace la verdad: que este circuito eligió el cinismo del dinero fácil sobre la dignidad del arte, condenándose a ser el eco ruidoso de su propia corrupción.
Poner el pecho, arriesgar el nombre, revisar papeles y quemar tiempo para defender los derechos y los recursos de un gremio, solo para que ese mismo gremio salga a blindar a quienes manejan la torta a su antojo, produce una mezcla de asco e impotencia difícil de tragar.
En el fondo, lo que se revela es una dinámica perversa donde la precariedad y el miedo pesan más que la dignidad. Muchos prefieren la certeza de una migaja o el favor del burócrata de turno antes que arriesgarse a quedar vetados, y terminan atacando al que exige cuentas claras porque perciben que la transparencia les pone en riesgo el único canal que conocen para subsistir.
Ver a la persona por la que estás dando la pelea convirtiéndose en el escudero de quien la explota es un golpe bajo y desmoralizador. La náusea y la rabia que se siente ante esa falta de carácter y esa incoherencia es lo que ha desanimado históricamente a los que apoyan el rock en Colombia.
Colombia
Mr Bitch lanza SUCKER, el espejo incómodo del rock colombiano
La banda de Pereira lanza un sencillo que convierte la crítica ajena en autoironía, con un videoclip que no deja títere con cabeza.
Hay una frase que Mr Bitch lanza al aire y que resume el espíritu de «SUCKER»: “todos somos suckers, menos tú… obvio”. Esa coletilla, cargada de sarcasmo, es la puerta de entrada a un lanzamiento que la banda colombiana de rock alternativo usa para señalar esas conductas cotidianas que criticamos en los demás sin detenernos a pensar que nosotros también podemos ser parte de ellas.
El grupo, oriundo de Pereira, construye su propuesta sobre una base sonora que bebe del rock alternativo, el grunge y los sonidos de los años 80 y 90. Guitarras contundentes, actitud irreverente y una ironía que no se esconde, esos son los pilares de un sonido que «SUCKER» lleva a su terreno más reconocible.
Pero si hay un elemento que le da cuerpo a la crítica que la canción propone, es su videoclip. Protagonizado por un personaje con apariencia de bolsa de basura, el video recorre situaciones cargadas de clichés y referencias a comportamientos cotidianos. La elección no es gratuita, el personaje envuelto en basura es, en sí mismo, una metáfora de aquello que desechamos, de lo que señalamos como ajeno, mientras el mensaje de la canción insiste en que eso que tanto criticamos en los demás también puede tener algo que ver con nosotros mismos.
La apuesta de Mr Bitch no es la del sermón ni la del juicio moral. Es la de la autoironía como espejo. La banda juega con la idea de que el “sucker” no es solo el otro, el que comete las conductas que nos molestan, sino también uno mismo. Y lo hace desde un lugar lúdico y provocador, con una propuesta visual que se ríe de los clichés mientras los exhibe.

«SUCKER» ya está disponible en las plataformas digitales, y su videoclip puede verse en el canal oficial de YouTube de la banda. Con este lanzamiento, Mr Bitch reafirma su lugar dentro del rock alternativo colombiano, una banda que combina canciones propias, guitarras contundentes y una actitud irreverente inspirada en distintas generaciones del rock, pero con una mirada propia sobre lo que somos capaces de criticar sin mirarnos al espejo.
Colombia
La Veeduría Ojo al Arte destapa millonarios vacíos, duplicidades y opacidad financiera en informe sobre los Festivales al Parque de Bogotá.
La escena subterránea colombiana acaba de presenciar el ejercicio de periodismo de investigación y control ciudadano más demoledor de su historia contemporánea tras el cierre oficial de las pesquisas lideradas por la Veeduría Ciudadana Ojo al Arte. Nacida desde las entrañas de la resistencia cultural y consolidada como el único contrapeso real frente a la desidia estatal, esta plataforma ha sacudido los cimientos de la burocracia musical local al destapar lo que las grandes esferas del poder cultural querían mantener sepultado bajo alfombras de terciopelo y contratos multimillonarios. Lo que comenzó como una sospecha sobre el manejo de los dineros públicos en los festivales más importantes del continente se convirtió en una radiografía de cómo se mercantiliza la pasión de miles de rockeros en favor de unos pocos operadores privados y clanes institucionales protegidos por el silencio administrativo.
Durante meses de un rastreo forense implacable por los laberintos transaccionales del SECOP II y la revisión de polémicos convenios de asociación, la veeduría diseccionó quirúrgicamente la maquinaria financiera del Instituto Distrital de las Artes exponiendo ante la opinión pública un modelo de contratación opaco que supera los trece mil millones de pesos entregados a dedo a entidades sin ánimo de lucro como el Teatro R101. El equipo investigador logró documentar la existencia de cajas negras presupuestales donde el Estado transfiere sumas astronómicas de dinero para operar festivales masivos mientras confiesa por escrito que carece de extractos bancarios y comprobantes de egreso reales para verificar el destino de los recursos. La investigación detalla con precisión quirúrgica cómo se desvío dinero destinado a la formación artística infantil en los barrios para tapar huecos en contratos de vigilancia y cómo se consolidó un monopolio técnico de backline e infraestructura donde las mismas empresas rotan en simulacros de subasta adjudicándose contratos por el cien por ciento del presupuesto oficial sin dejar un solo peso de ahorro para la ciudad.
El informe final no solo desnuda la duplicidad escandalosa de los gastos operativos y el pago inflado de más de mil doscientos millones de pesos a sociedades de gestión colectiva mediante falsas motivaciones de exclusividad, sino que también pone sobre la mesa el acoso sistemático, los vetos corporativos y las persecuciones policiales orquestadas contra los veedores que se atrevieron a desafiar el statu quo. Con este compendio probatorio ya radicado formalmente ante los entes de control fiscal y disciplinario, la veeduría cierra un ciclo histórico demostrando con documentos firmados que la deshonestidad y la tercerización corrupta imperaban en el corazón de la fiesta musical de Bogotá, dejando ahora la responsabilidad en manos de una ciudadanía que ya despertó y de unas autoridades obligadas a romper su complicidad histórica.
Obviamente el trabajo investigativo termina, se presentaron más de 250 páginas de pruebas. Ya el documento reposa en manos de las autoridades después de que a la veeduría concluyera su trabajo aun con allanamientos basados en denuncias falsas, seguimientos a las viviendas, amenazas y desacreditación por parte de intereses oscuros los cuales también se han solicitado sean investigados.
La conclusión de una auditoría forense de esta magnitud no se sostiene en adjetivos grandilocuentes, sino en la implacable arquitectura de los documentos públicos. Tras meses de un cruce metodológico de bases de datos transaccionales en el SECOP II, oficios institucionales de respuesta evasiva y resoluciones presupuestales, la Veeduría Ciudadana Ojo al Arte ha consolidado el expediente más riguroso y documentado sobre las anomalías estructurales que rigen la contratación del Instituto Distrital de las Artes y los Festivales al Parque en Bogotá. El informe no es un manifiesto político, sino una autopsia institucional que demuestra cómo los mecanismos de fomento cultural fueron desplazados por una maquinaria de tercerización opaca, diseñada para transferir millonarios recursos públicos a manos privadas eludiendo los principios elementales de la contratación estatal.
El núcleo de esta desviación financiera se sostiene sobre convenios de asociación plurianuales que superan los trece mil trescientos millones de pesos entregados a la Asociación Cultural Teatro R101, un operador privado que recibe el grueso del presupuesto operativo mientras la propia entidad pública confiesa por escrito que carece de extractos bancarios, comprobantes de egreso y copias de los subcontratos artísticos que justifiquen el destino real de los dineros. Esta renuncia deliberada a la fiscalización bancaria convierte al operador en una caja negra financiera, blindada por respuestas burocráticas que fragmentan la información entre entidades hermanas y por fallos judiciales de primera instancia que conceden plazos de espera funcionales para la consolidación de coartadas documentales, reproduciendo las mismas prácticas de opacidad detectadas en la gestión de estímulos anteriores como la Beca LEP.
La lista estructurada de los principales hallazgos técnicos y jurídicos de la investigación contine más de 70 jallazos de irregularidades de los cuales estos son algunos de los principales:
La “Caja Negra” Financiera del Teatro R-101 ($13.361 Millones): IDARTES transfiere multimillonarios recursos públicos mediante convenios de asociación para operar los Festivales al Parque, pero la propia entidad confiesa documentalmente que no audita las cuentas bancarias ni posee la totalidad de los subcontratos y pagos a artistas, amparándose en que los extractos son “documentos privados internos” del operador.
Duplicidad Contractual y Gasto Paralelo: IDARTES cubre directamente con contratos independientes los componentes esenciales de técnica, logística, seguridad, salud y transporte, mientras transfiere en paralelo sumas globales al operador privado, configurando un presunto pago doble por las mismas obligaciones operativas.
El Monopolio de Proveedores Técnicos: Concentración plurianual de más de cien contratos en un círculo cerrado de proveedores de infraestructura y backline (como Audio Daz y 4 Cuartos), amparados en pliegos restrictivos, subastas sin ahorro para el Estado (adjudicadas por el 100% del presupuesto) y confesiones documentadas de “monopolio de inventario”.
Escalada Injustificada en los Pagos a SAYCO (Aumento del 600%): Incremento desproporcionado en los giros directos por derechos de autor (de $178 millones en 2024 a más de $1.229 millones en 2026), fundamentados en una falsa motivación sobre inexistencia de pluralidad de oferentes y ejecutados a ciegas en el primer mes del año sin cruce de planillas de repertorio real. Todo esto a una entidad sancionada que históricamente ha estado envuelta en cientos de escándalos.
Privatización del Espacio Público y Patrocinios Ocultos: Explotación comercial de los parques metropolitanos y montaje de escenarios comerciales (como la tarima corporativa comercial) por parte de marcas privadas y licoreras, cuyos contratos y recaudos no ingresan al Tesoro Distrital ni son vigilados por la administración.
Nómina Paralela y Fraccionamiento Presupuestal: Uso masivo de la contratación directa por prestación de servicios y fraccionamiento de Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDPs) para mantener una estructura burocrática interna transversal que elude los concursos públicos de mérito y los umbrales de selección objetiva.
Vetos, Hostigamiento e Intimidación al Control Social: Bloqueo institucional y sistemático contra plataformas de veeduría y medios independientes (como Subterránica y el Museo del Rock Colombiano), trascendiendo a hostigamientos y operativos de presión policial y judicial contra los veedores ciudadanos.
Con la presentación de este informe técnico y financiero, la Veeduría Ciudadana Ojo al Arte cumple a cabalidad con su mandato constitucional y legal de control social, habiendo recaudado y documentado el acervo probatorio que demuestra las graves irregularidades que rodean la contratación de los Festivales al Parque.
No obstante, corresponde ahora de manera exclusiva a las autoridades competentes (Fiscalía General de la Nación, Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación y Personería de Bogotá) asumir la responsabilidad legal que les compete: realizar las investigaciones forenses de fondo, practicar las pruebas periciales necesarias y tomar las decisiones disciplinarias, fiscales y penales a que haya lugar. Nuestra labor investigativa ha llegado a su término; el esclarecimiento definitivo de los hechos y la determinación de las responsabilidades legales quedan enteramente en manos del Estado.
@veeduríaojoalarte
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