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Colombia

La iglesia que viola niños quiere seguir censurando conciertos de Rock

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1 año ago

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Por Subterránica

En este mundo de hipócritas que ondea falsamente la bandera de la libertad de expresión, la secularidad de los Estados y la autonomía del arte, todavía hay espacios donde las voces más rancias y criminales del pasado insisten en dictar la agenda cultural. Hoy, nos enfrentamos a una de esas ironías brutales y grotescas que solo puede producir la historia: la Iglesia Católica —con una trayectoria documentada de abusos sexuales, encubrimientos sistemáticos y crímenes contra menores— exige, desde su pedestal de falsa moralidad, la cancelación de artistas como Marilyn Manson en San Luis Potosí, México, o la banda de black metal Marduk en Colombia y otros países.

Según ellos, son “satánicos”, “incitan al mal” y “corrompen la juventud”. Como si lo anterior no fuera exactamente lo que hicieron cientos de sus propios sacerdotes durante décadas. Como si no hubiera condenas penales firmes por parte del sistema judicial en Colombia, México y otros países contra miembros de su institución por delitos gravísimos.

La realidad documentada de la Iglesia Católica es un prontuario criminal impresionante… condenas reales, no canciones.

Hablemos con datos, porque parece que muchos tienen la memoria corta y la hipocresía larga.

En Colombia, según el trabajo de investigación de los periodistas Juan Pablo Barrientos y Miguel Ángel Estupiñán (autores de El archivo secreto), se han documentado más de 600 sacerdotes acusados de abuso sexual, de los cuales al menos 51 han sido condenados judicialmente por delitos como violación, acceso carnal violento y actos sexuales con menores. Entre ellos están nombres como:

William de Jesús Mazo Pérez, condenado a 33 años de prisión. https://www.elespectador.com/judicial/en-firme-condena-contra-sacerdote-por-pederastia-article-603103/

Luis Enrique Duque Valencia, sentenciado a más de 18 años por abuso a niños de 7 y 9 años. https://www.elcolombiano.com/colombia/por-pederastia-iglesia-debera-pagar-1-300-millones-BL2850407

Fabio Isaza Isaza, 5 años y 4 meses por abuso sexual de un menor incapacitado. https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12743283

En San Luis Potosí (México), donde ahora la iglesia local pide cancelar la presentación de Marilyn Manson, el sacerdote Noé Trujillo fue condenado por estupro a un menor. Y Eduardo Córdova Bautista, antiguo representante legal de la arquidiócesis, tiene más de 100 denuncias por abuso sexual de menores. Está prófugo de la justicia.

Entonces, ¿en serio tenemos que soportar que esta institución —cuya historia en muchos países latinoamericanos está manchada de impunidad, dolor y abusos comprobados— se atreva a censurar a artistas que jamás han cometido delitos equivalentes? ¿Qué clase de estupidez es esta? Y no dejemos atrás a los políticos que los respaldan, es su mayoría ignorantes sin estudios, adoctrinados y pertenecientes a los partidos más radicales, violentos y asesinos.

Para el dolor de los santos, Marilyn Manson, con toda su teatralidad y controversia, ha tenido apenas una condena menor por una falta administrativa (sonarse la nariz sobre una camarógrafa). No ha sido condenado por ningún delito sexual ni violento. Las demás acusaciones han sido desestimadas o resueltas civilmente y dejemos en que sonarse sobre una camarógrafa es algo mínimo comparado con lo que los periodistas sufrimos en esta cagadero de país, como cuando el Estado atacó de frente a Subterránica desde sus redes sociales, se robo medio presupuesto de los festivales, sacaron burlas en un portal de noticias falsas que eran sus contratistas y ¿Qué pasó? Nada… porque Colombia, México y otras fincas latinoamericanas están diseñadas para que los torcidos sean sus dueños y la falsa moral su biblia.

Marduk que ya fue censurado por las acciones de un personaje nefasto , no registra condenas penales ni antecedentes judiciales por ninguna parte. Pero en Colombia han sido vetados y cancelados por presiones morales, muchas veces sin ninguna base legal, solo por su estética y lírica anticristiana.

Entonces, ¿quiénes son los verdaderos criminales? ¿El músico que crea desde la provocación simbólica o la institución que ha protegido violadores en sus filas por décadas?

Señores, lo que pasa es que el homínido promedio no ha entendido que la libertad de expresión no es negociable, se supone que vivimos en Estados laicos, donde la Iglesia no debería tener poder político, ni control sobre lo que una sociedad libre escucha, ve o dice. Sin embargo, la censura clerical continúa activa en muchos niveles, disfrazada de moral, pero actuando como un mecanismo de represión ideológica.

La cancelación de conciertos de metal extremo no es un debate sobre cultura. Es un síntoma de algo mucho más grave: el intento constante de los sectores más oscuros de controlar el discurso público, de silenciar lo incómodo, de imponer una única visión del mundo basada en dogmas… y de tapar sus propios crímenes con una sotana manchada de sangre y que cansancio de verdad tener que vivir en estos países en donde cada día vemos asesinatos a sangre fría, cuerpos en las calles, injusticias, etc y que declaren el rock como enemigo público, pobres pendejos. Solo recuerdo cuando a Subterránica lo sacaron de SOFA porque unos vecinos de Corferias decidieron que era inmoral… “Apaguen el Rock” fue la frase y los cobardes de los organizadores en lugar de luchar se callaron, se escondieron en su oficina y guardaron silencio, como todo en estos países. Si al perro le van a quitar el hueso el perro se agacha.

Casos como el de Marduk ha son blanco de campañas de censura por parte de grupos religiosos que sin ninguna prueba judicial ni delitos cometidos por los integrantes, han logrado bloquear conciertos en ciudades como Bogotá y Medellín. Las justificaciones son siempre las mismas: “atentan contra la moral”, “promueven el satanismo”, “son una amenaza para los jóvenes”. Los medios, timoratos y muchas veces aliados de las élites clericales, replican el discurso sin contrastarlo. Y los gobiernos locales, más preocupados por el escándalo que por la libertad, ceden ante las presiones y cancelan eventos legítimos.

En 2018, por ejemplo, el concierto en Bogotá fue cancelado por presión de organizaciones cristianas. No hubo ningún análisis jurídico, ni se consultó a la comunidad cultural. Simplemente se obedeció al dogma. Más grave aún, lo mismo ha ocurrido con otras bandas como Watain en Ciudad de México o Mayhem en varios países de América Latina ¿La evidencia de delito? Ninguna. Pero cuando la Iglesia levanta el dedo, los gobiernos se bajan los pantalones.

Es aquí donde la hipocresía alcanza su punto más nauseabundo. Mientras los curas pederastas siguen oficiando misas o se esconden en casas de retiro bajo protección institucional, mientras las víctimas siguen esperando justicia que nunca llega, mientras los archivos se mantienen cerrados y el Vaticano guarda silencio, son los músicos —los artistas— los que son vetados públicamente. No por dañar a nadie, sino por expresar ideas incómodas, por criticar a la religión, por utilizar símbolos que alteran la sensibilidad de los herederos del poder inquisitorial. Es decir, por ejercer su libertad de creación lo vimos hace poco con Behemoth en Polonia en donde casi son apresados por “insultar” una figura religiosa.

La censura clerical no solo es una amenaza a la libertad de expresión. Es una forma brutal de reescribir la historia, de manipular al público, de distraer a la sociedad con espectáculos morales mientras se ocultan los crímenes reales. Cancelar un concierto de Marilyn Manson no salva a ningún niño, no impide ningún abuso, no mejora ninguna vida. Solo perpetúa el control de una institución que ha demostrado no merecer autoridad moral.

Y sí, este es un país laico. Al menos en el papel. Porque en la práctica, seguimos viendo cómo obispos, sacerdotes y feligreses organizan cruzadas contra lo que no entienden o no quieren aceptar. Pero no los vemos organizando cruzadas contra los abusadores de su propia casa. No los vemos pidiendo perdón por los crímenes del clero. No los vemos renunciar a sus privilegios fiscales ni entregar a la justicia a sus violadores.

La ironía es insoportable. Los mismos que predican amor, tolerancia y piedad, son los que linchan mediáticamente a artistas cuya única “falta” ha sido hacer música que no se arrodilla. Los mismos que protegieron a Córdova Bautista en San Luis Potosí, a Mazo y Duque en Colombia, a decenas de sacerdotes acusados y condenados, son los que hoy se escandalizan por una puesta en escena teatral, por un maquillaje, por una metáfora.

Tal vez lo que más le tienen miedo es que el arte hable en voz alta, porque el arte, cuando no es domesticado como la mayoría del rock colombiano que ya es un perro sometido al estado, recuerda cosas que quieren que olvidemos. Recuerda que la iglesia no es sinónimo de moral, que el dogma no es ley y que el verdadero peligro no está en un escenario oscuro, sino en las sotanas que se pasean impunes por los altares.

¿Quieren censura? Aquí tienen memoria. ¿Quieren callarnos? Aquí tienen sus gritos con la verdad, la iglesia católica tiene más criminales que muchas mafias. Seguiremos escribiendo, tocando, cantando porque la libertad no se negocia con quienes protegieron violadores y ahora se visten de santos.

En Colombia, el artículo 19 de la Constitución Política garantiza expresamente la libertad de cultos, pero también la libertad de conciencia, de expresión y de creación. El artículo 20 establece que “se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios de comunicación masiva. Son libres la expresión artística, cultural y científica.” Y si eso no basta, el artículo 1 declara al país como un Estado social de derecho, democrático y pluralista, no confesional. Cualquier autoridad civil que cancele un evento artístico solo porque molesta a un grupo religioso está violando directamente la Constitución.

Y aún más claro es el precedente establecido por la Sentencia T-391 de 2007 de la Corte Constitucional, donde se afirmó que la libertad de expresión incluye manifestaciones que puedan ser impopulares, provocadoras, polémicas o contrarias a la moral tradicional. La Corte ha sido enfática en que el arte no debe someterse a criterios religiosos o morales arbitrarios, y que “la protección de la libertad de expresión es más fuerte precisamente cuando lo expresado no gusta o incomoda”.

En México, la situación es igual de clara. El artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege la libertad de expresión, y el artículo 7º garantiza la libertad de difusión sin censura previa. Además, el artículo 130 declara de forma explícita la separación del Estado y las iglesias, y prohíbe que las asociaciones religiosas interfieran en asuntos políticos o civiles. Es decir: la Iglesia Católica no tiene ningún derecho legal a incidir en decisiones gubernamentales sobre espectáculos públicos.

Pero lo hace. Lo hace a través de presión social, de discursos incendiarios, de manipulación mediática. Y cuando los funcionarios públicos ceden ante esas presiones —como ha ocurrido con las cancelaciones de conciertos de Marduk, Manson, Watain y otros—, están violando la ley, incurriendo en actos de discriminación ideológica, y en algunos casos, cometiendo abuso de autoridad.

No se trata solo de una batalla cultural. Esto ya es una batalla jurídica. Porque si el Estado laico permite que la moral religiosa imponga sus dogmas sobre la programación artística, entonces deja de ser laico. Si el Estado cede ante el chantaje clerical, entonces ya no es un Estado de derecho, sino un Estado confesional por la puerta de atrás. Y eso, en México, en Colombia, y en cualquier democracia moderna, es inaceptable.

Censurar conciertos por “ofender la religión” es como prohibir libros por hacer pensar. Es como quemar discos por sonar distinto. Es un acto de ignorancia institucionalizada. Pero también es una violación a los derechos humanos, a las normas internacionales de libertad artística, y a los principios más básicos del pluralismo. Por eso no es solo estúpido. Es ilegal.

Quizá lo más doloroso de todo esto no es que la Iglesia intente censurar, sino que lo logre. Que en pleno siglo XXI, con todas las herramientas legales, democráticas y tecnológicas disponibles, todavía tengamos que ver cómo se apagan conciertos, se silencian artistas y se castiga la disidencia creativa por culpa de instituciones que deberían estar rindiendo cuentas, no dando sermones.

La escena del rock, del metal, del arte independiente en México y Colombia lleva años desangrándose. No solo por la corrupción de las entidades culturales, que siguen entregando presupuestos públicos a las mismas redes clientelistas, a los mismos eventos tibios y domesticados, sino por la ignorancia de sectores que nunca entendieron que el arte no existe para adorar al poder, sino para cuestionarlo. Por eso les duele. Por eso lo persiguen. Porque el rock aún representa una amenaza, aunque lo hayan intentado desactivar desde dentro.

Pero si hay algo que deberíamos estar cuestionando, si hay algo que verdaderamente merece censura —una censura social, ética y política— es la historia criminal de una institución que ha quemado mujeres en hogueras por pensar diferente, que ha saqueado civilizaciones enteras en nombre de su dios, que ha condenado libros, perseguido científicos, impuesto dictaduras morales y callado generaciones de voces.

¿Vamos a seguir permitiendo que esa misma institución decida qué podemos oír, qué podemos ver, a quién podemos aplaudir? ¿Vamos a permitir que los que torturaron a Galileo, colonizaron América, asesinaron a miles en las cruzadas y la inquisición, manipularon la verdad, quemaron brujas y libros, escondieron pederastas y callaron víctimas vengan ahora a darnos clases de moral y a cancelar festivales de metal?

Si algo necesita una revisión profunda y una sanción real, no son los artistas, no son los músicos, no son los conciertos. Es esa Iglesia que durante siglos ha sido juez y verdugo, y que ahora pretende jugar a la víctima para seguir dictando normas en sociedades que se pretenden libres. Tal vez, después de todo, el verdadero peligro para la juventud no son las letras oscuras ni las guitarras distorsionadas, sino las sotanas que aún pretenden controlar el pensamiento.

Y eso sí debería darnos miedo…

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Colombia

La Veeduría Ojo al Arte destapa millonarios vacíos, duplicidades y opacidad financiera en informe sobre los Festivales al Parque de Bogotá.

Publicado

1 semana ago

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22 octubre, 2026

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La escena subterránea colombiana acaba de presenciar el ejercicio de periodismo de investigación y control ciudadano más demoledor de su historia contemporánea tras el cierre oficial de las pesquisas lideradas por la Veeduría Ciudadana Ojo al Arte. Nacida desde las entrañas de la resistencia cultural y consolidada como el único contrapeso real frente a la desidia estatal, esta plataforma ha sacudido los cimientos de la burocracia musical local al destapar lo que las grandes esferas del poder cultural querían mantener sepultado bajo alfombras de terciopelo y contratos multimillonarios. Lo que comenzó como una sospecha sobre el manejo de los dineros públicos en los festivales más importantes del continente se convirtió en una radiografía de cómo se mercantiliza la pasión de miles de rockeros en favor de unos pocos operadores privados y clanes institucionales protegidos por el silencio administrativo.

Durante meses de un rastreo forense implacable por los laberintos transaccionales del SECOP II y la revisión de polémicos convenios de asociación, la veeduría diseccionó quirúrgicamente la maquinaria financiera del Instituto Distrital de las Artes exponiendo ante la opinión pública un modelo de contratación opaco que supera los trece mil millones de pesos entregados a dedo a entidades sin ánimo de lucro como el Teatro R101. El equipo investigador logró documentar la existencia de cajas negras presupuestales donde el Estado transfiere sumas astronómicas de dinero para operar festivales masivos mientras confiesa por escrito que carece de extractos bancarios y comprobantes de egreso reales para verificar el destino de los recursos. La investigación detalla con precisión quirúrgica cómo se desvío dinero destinado a la formación artística infantil en los barrios para tapar huecos en contratos de vigilancia y cómo se consolidó un monopolio técnico de backline e infraestructura donde las mismas empresas rotan en simulacros de subasta adjudicándose contratos por el cien por ciento del presupuesto oficial sin dejar un solo peso de ahorro para la ciudad.

El informe final no solo desnuda la duplicidad escandalosa de los gastos operativos y el pago inflado de más de mil doscientos millones de pesos a sociedades de gestión colectiva mediante falsas motivaciones de exclusividad, sino que también pone sobre la mesa el acoso sistemático, los vetos corporativos y las persecuciones policiales orquestadas contra los veedores que se atrevieron a desafiar el statu quo. Con este compendio probatorio ya radicado formalmente ante los entes de control fiscal y disciplinario, la veeduría cierra un ciclo histórico demostrando con documentos firmados que la deshonestidad y la tercerización corrupta imperaban en el corazón de la fiesta musical de Bogotá, dejando ahora la responsabilidad en manos de una ciudadanía que ya despertó y de unas autoridades obligadas a romper su complicidad histórica.

Obviamente el trabajo investigativo termina, se presentaron más de 250 páginas de pruebas. Ya el documento reposa en manos de las autoridades después de que a la veeduría concluyera su trabajo aun con allanamientos basados en denuncias falsas, seguimientos a las viviendas, amenazas y desacreditación por parte de intereses oscuros los cuales también se han solicitado sean investigados.

La conclusión de una auditoría forense de esta magnitud no se sostiene en adjetivos grandilocuentes, sino en la implacable arquitectura de los documentos públicos. Tras meses de un cruce metodológico de bases de datos transaccionales en el SECOP II, oficios institucionales de respuesta evasiva y resoluciones presupuestales, la Veeduría Ciudadana Ojo al Arte ha consolidado el expediente más riguroso y documentado sobre las anomalías estructurales que rigen la contratación del Instituto Distrital de las Artes y los Festivales al Parque en Bogotá. El informe no es un manifiesto político, sino una autopsia institucional que demuestra cómo los mecanismos de fomento cultural fueron desplazados por una maquinaria de tercerización opaca, diseñada para transferir millonarios recursos públicos a manos privadas eludiendo los principios elementales de la contratación estatal.

El núcleo de esta desviación financiera se sostiene sobre convenios de asociación plurianuales que superan los trece mil trescientos millones de pesos entregados a la Asociación Cultural Teatro R101, un operador privado que recibe el grueso del presupuesto operativo mientras la propia entidad pública confiesa por escrito que carece de extractos bancarios, comprobantes de egreso y copias de los subcontratos artísticos que justifiquen el destino real de los dineros. Esta renuncia deliberada a la fiscalización bancaria convierte al operador en una caja negra financiera, blindada por respuestas burocráticas que fragmentan la información entre entidades hermanas y por fallos judiciales de primera instancia que conceden plazos de espera funcionales para la consolidación de coartadas documentales, reproduciendo las mismas prácticas de opacidad detectadas en la gestión de estímulos anteriores como la Beca LEP.

La lista estructurada de los principales hallazgos técnicos y jurídicos de la investigación contine más de 70 jallazos de irregularidades de los cuales estos son algunos de los principales:

La “Caja Negra” Financiera del Teatro R-101 ($13.361 Millones): IDARTES transfiere multimillonarios recursos públicos mediante convenios de asociación para operar los Festivales al Parque, pero la propia entidad confiesa documentalmente que no audita las cuentas bancarias ni posee la totalidad de los subcontratos y pagos a artistas, amparándose en que los extractos son “documentos privados internos” del operador.

Duplicidad Contractual y Gasto Paralelo: IDARTES cubre directamente con contratos independientes los componentes esenciales de técnica, logística, seguridad, salud y transporte, mientras transfiere en paralelo sumas globales al operador privado, configurando un presunto pago doble por las mismas obligaciones operativas.

El Monopolio de Proveedores Técnicos: Concentración plurianual de más de cien contratos en un círculo cerrado de proveedores de infraestructura y backline (como Audio Daz y 4 Cuartos), amparados en pliegos restrictivos, subastas sin ahorro para el Estado (adjudicadas por el 100% del presupuesto) y confesiones documentadas de “monopolio de inventario”.

Escalada Injustificada en los Pagos a SAYCO (Aumento del 600%): Incremento desproporcionado en los giros directos por derechos de autor (de $178 millones en 2024 a más de $1.229 millones en 2026), fundamentados en una falsa motivación sobre inexistencia de pluralidad de oferentes y ejecutados a ciegas en el primer mes del año sin cruce de planillas de repertorio real. Todo esto a una entidad sancionada que históricamente ha estado envuelta en cientos de escándalos.

Privatización del Espacio Público y Patrocinios Ocultos: Explotación comercial de los parques metropolitanos y montaje de escenarios comerciales (como la tarima corporativa comercial) por parte de marcas privadas y licoreras, cuyos contratos y recaudos no ingresan al Tesoro Distrital ni son vigilados por la administración.

Nómina Paralela y Fraccionamiento Presupuestal: Uso masivo de la contratación directa por prestación de servicios y fraccionamiento de Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDPs) para mantener una estructura burocrática interna transversal que elude los concursos públicos de mérito y los umbrales de selección objetiva.

Vetos, Hostigamiento e Intimidación al Control Social: Bloqueo institucional y sistemático contra plataformas de veeduría y medios independientes (como Subterránica y el Museo del Rock Colombiano), trascendiendo a hostigamientos y operativos de presión policial y judicial contra los veedores ciudadanos.

Con la presentación de este informe técnico y financiero, la Veeduría Ciudadana Ojo al Arte cumple a cabalidad con su mandato constitucional y legal de control social, habiendo recaudado y documentado el acervo probatorio que demuestra las graves irregularidades que rodean la contratación de los Festivales al Parque.

No obstante, corresponde ahora de manera exclusiva a las autoridades competentes (Fiscalía General de la Nación, Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación y Personería de Bogotá) asumir la responsabilidad legal que les compete: realizar las investigaciones forenses de fondo, practicar las pruebas periciales necesarias y tomar las decisiones disciplinarias, fiscales y penales a que haya lugar. Nuestra labor investigativa ha llegado a su término; el esclarecimiento definitivo de los hechos y la determinación de las responsabilidades legales quedan enteramente en manos del Estado.

@veeduríaojoalarte

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Colombia

Bogotá afina las guitarras para Incendiar Wacken y el primer heat ya tiene dueño

Publicado

1 semana ago

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21 octubre, 2026

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La maquinaria del metal colombiano ha vuelto a rugir con una fuerza que no entiende de fronteras y Wacken Metal Battle Colombia ha abierto oficialmente su cuarta temporada consecutiva con una noche que quedará grabada en la memoria de la escena capitalina, porque Bbar se convirtió en el epicentro de una operación enorme que activa un circuito único en la región y que este 2026 llega con un antecedente demoledor, el primer lugar a nivel mundial conquistado con fuerza por el talento de los chilenos Force, un hito que ahora obliga a llevar a dos bandas al campo sagrado de Alemania y que eleva la vara para cada agrupación que se atreve a subirse al escenario.

La geografía de esta batalla es tan ambiciosa como su propósito y nuestra región se divide en dos, norte con Colombia, Ecuador y Venezuela, mientras que el oeste agrupa a Chile, Perú y Bolivia, tejiendo una red de eliminatorias que desembocan en una final regional donde los mejores exponentes del continente se disputan el pasaje a Wacken Open Air y esa presión se sintió desde el primer acorde en Bogotá, donde cinco bandas de altísimo nivel se lanzaron a la arena con la certeza de que solo un cupo directo estaban en juego y con la responsabilidad de demostrar que la escena local es mucho más que las diez bandas que suelen rotar por los espacios públicos.

La primera en reventar el escenario fue Decimation, una agrupación bogotana de death metal formada en 2016 que sonó como un camión y que dejó claro por qué es una de las bandas más sólidas del circuito extremo capitalino, con una alta factura en los riffs de guitarra y una energía que no dio tregua en ningún momento, porque su punto fuerte es ese front man que combina una voz poderosa con una presencia escénica bestial y que, respaldado por una banda de ejecución precisa, logró que el público entendiera de inmediato que la noche no iba a tener concesiones, sobre todo si se tiene en cuenta que Decimation trabajando constantemen te consolidando un nombre que ya es sinónimo de brutalidad bien entendida en la movida bogotana.

Siguió Atomic Heart, una de esas bandas jóvenes que llevan varios años trabajando y cuya evolución ha sido evidente para quienes han seguido su rastro, porque el ensamble musical es de mucho calibre y refresca una escena que necesita urgentemente de savia nueva, y es que Atomic Heart ha dado un giro hacia una especie de hard rock con una identidad propia que ellos mismos bautizaron como Street-Rock, una propuesta que refleja lo que es ser un muchacho en estos tiempos y que se sostiene en el caos urbano de Bogotá como materia prima, con guitarras pesadas, estructuras directas y una estética que bebe del pixel art y el glitch, además de contar con recorrido que ya supera una enorme cantidad de presentaciones y nominaciones en los Premios Subterránica 2026, lo que confirma que su juventud no es un obstáculo sino un combustible para seguir conquistando espacios.

Luego vino Sunset Street, una banda que ha dado mucho de qué hablar en Bogotá por su puesta en escena, su look y su energía, y que representó toda la estética glam de los ochentas a la perfección con una diversión contagiosa que cautivó al público desde el primer acorde, porque su propuesta rescata el sonido y la imaginería de bandas como Mötley Crüe, Ratt y Poison con una fidelidad que no cae en la copia y que, por el contrario, se apropia del sleaze metal para proyectarlo hacia el presente, y para este heat integraron una segunda voz femenina que sí aportó y enriqueció tanto visual como musicalmente, sumando armonías, texturas y una presencia escénica que potenció la puesta en escena y se complementó con la solidez de un grupo que se nota sin esfuerzo sobre las tablas, con un performance que levantó a todos los asistentes y que confirmó por qué son una de las bandas revelación de los últimos años en el país.

Le llegó el turno a Detonadores, una agrupación que ha sufrido cambios a lo largo de los años hasta consolidar lo que son hoy, con una demostración de poder que dejó al jurado sin argumentos en contra, porque su vocalista es una fuerza de la naturaleza imparable, una mujer que se lleva por delante a muchos de los vocalistas de metal actuales y que, con una música que mezcla crust punk alterado con la fuerza del gutural, convierte cada canción en un golpe profundo y pesado, agresivo y con clase, demostrando que la escena extrema colombiana tiene nombres femeninos que están redefiniendo las reglas del juego y que el jurado supo reconocer al momento de deliberar, apostando por una presencia escénica arrolladora y por un sonido que no necesita adornos para ser demoledor.

Para cerrar la noche llegó Thunder Steel, heavy clásico pero con tintes modernos, riffs rápidos y una puesta en escena perfecta para despedir una jornada tan intensa, y bandas como estas demuestran que los géneros más puros del rock se están retomando por las nuevas generaciones y los están haciendo propios, metiendo el tinte de la ciudad y la realidad en donde viven, porque a pesar de que ya habían pasado cuatro bandas la gente se levantó y respondió con una entrega que pocas veces se ve en un concierto de esta naturaleza, validando el trabajo de una agrupación fundada en 2010 que lleva más de una década construyendo un camino en la escena bogotana y que con discos como “Legión del Trueno” ha sabido mantener viva la llama del heavy metal tradicional sin quedarse anclada en el pasado.

Fue un gran inicio de Metal Battle y las cuentas hablan por sí solas, porque en tres participaciones hemos conquistado dos podios a nivel mundial y eso para nosotros dice mucho, pero la apuesta para esta edición es buscar esa banda que vuelva a remover la tierra de Wacken y eso es algo totalmente difícil, tanto que no se puede decir que hubo una mejor banda que otra, porque los estilos fueron diferentes y los sonidos también, y por eso el jurado se tardó tanto tiempo en decidir, aunque al final el veredicto fue claro, el ganador del primer Heat es Detonadores porque el jurado piensa que la presencia escénica de su vocalista y el poder de la banda podrían destacar en el campo sagrado, así mismo Sunset Street pasa a las finales gracias a un performance que levantó a todo el público y que además les valió el voto de la gente, y algo interesante que estamos haciendo es que las bandas voten por otra banda, y ese voto se lo llevó Atomic Heart, lo cual es muy interesante porque demuestra que todos apoyaron a la generación nueva y que la escena entiende que el relevo generacional no es una amenaza sino una necesidad.

Qué honor poder ver a estas bandas en este circuito y descubrir y reiterar una vez más que Bogotá es mucho más de las diez bandas que rotan por todos los espacios públicos, porque a los que fueron saben que fue un concierto de talla mundial y que las grandes bandas no necesitan estadios para sonar como deben, así que encontraremos de nuevo a Detonadores y Sunset Street en las finales para ver si alguna de ellas avanza a la gran final regional, mientras que por lo pronto el segundo heat será el sábado 24 de octubre con otro cartel que promete darnos una de las mejores noches del año y que dejará claro que esta cuarta edición del Wacken Metal Battle Colombia no es un simple torneo sino una declaración de intenciones de una escena que ya no pide permiso para existir sino que exige ser escuchada.

@subterranica

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Colombia

Aun si fuera verdad que más de 500 mil personas fueron a Rock al Parque, esta entonces sería la peor noticia para la escena del rock bogotano

Publicado

3 semanas ago

en

13 octubre, 2026

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¿Dónde putas están esas 500 mil personas cuando las bandas colombianas se presentan durante el resto del año? ¿Dónde están cuando esas mismas agrupaciones organizan un concierto en un bar y no consiguen meter ni diez personas pagando una entrada de veinte mil pesos? ¿Dónde están los miles de asistentes que aparecen en Rock al Parque, consumen, recorren el festival y llenan los espacios frente a las tarimas, pero desaparecen cuando los músicos necesitan vender unas cuantas boletas para poder seguir tocando?

Si aceptáramos que la cifra de 500 mil asistentes publicada por varios medios es cierta, tendríamos una noticia hermosa para el festival. Pero hay otra realidad… Durante Rock al Parque, buena parte del público llega para ver a los artistas internacionales que se presentan después de las seis de la tarde. Las bandas nacionales pueden estar tocando desde temprano, pero la convocatoria que parece multitudinaria no se traduce en público para sus conciertos durante el resto del año. Esas mismas agrupaciones que aparecen en el cartel de uno de los festivales públicos más importantes del continente no consiguen reunir ni diez personas en un bar.

Entonces, ¿de qué público estamos hablando? ¿De una comunidad que sigue a sus bandas, compra entradas, asiste a conciertos y sostiene una escena musical o de una multitud ocasional que consume rock cuando la entrada es gratuita y el espectáculo está financiado con recursos públicos?

Asistencia en las primeras bandas

Aquí aparece la contradicción. Hay personas dispuestas a gastar treinta mil pesos en un perro caliente durante el festival, pero que no pagan veinte mil por entrar a ver a una agrupación colombiana en un escenario independiente. No se trata de cuestionar en qué gasta su dinero cada persona. Se trata de señalar la hipocresía de una cultura que dice apoyar el rock nacional, comparte afiches, publica fotografías desde el parque y aplaude a las bandas cuando no tiene que pagar por escucharlas, pero que después no aparece cuando esas mismas agrupaciones necesitan público para sobrevivir.

El problema no es que el rock colombiano carezca de músicos, de propuestas o de talento. El problema es que hemos confundido la asistencia a un festival gratuito con la existencia de una escena musical sólida. Una multitud que llega a ver a sus artistas internacionales favoritos no constituye automáticamente un público para las bandas nacionales. Y una persona que disfruta de un concierto gratuito no necesariamente se convierte en alguien dispuesto a pagar por la música durante el resto del año.

El público del rock colombiano tiene que mirarse al espejo. No puede exigir mejores bandas, mejores escenarios, más conciertos y mayor reconocimiento mientras se niega a pagar una entrada de veinte mil pesos. No puede reclamar que los músicos vivan de su trabajo y después dejarlos solos frente a una taquilla vacía. La música necesita seguidores, pero también necesita personas dispuestas a sostener económicamente aquello que dicen amar.

Por supuesto, existen seguidores que apoyan de manera constante a las agrupaciones, compran entradas y mantienen vivos los circuitos independientes. Pero si una banda puede tocar ante miles de personas en un festival y después no consigue reunir ni diez asistentes en un bar, algo está profundamente jodidísimo en la relación entre esa escena y su público.

Y esto es directo, el público del rock colombiano, entendido como esa masa que presume de apoyar el género pero solo aparece cuando todo es gratis, es una mierda. Es un público acomodado, acostumbrado a que otros paguen la cuenta, que confunde consumir un espectáculo con apoyar una cultura. Quiere la foto, la experiencia, el artista internacional y el festival multitudinario, pero no quiere asumir los veinte mil pesos que pueden ayudar a mantener viva a una banda nacional.

Rock al Parque puede ofrecer visibilidad a ciertas bandas, pero la visibilidad no paga los ensayos, las grabaciones, el transporte, los equipos ni el alquiler de un bar. Los músicos no pueden vivir eternamente de la promesa de que algún día ese público regresará. Tampoco pueden sostener una carrera esperando la siguiente convocatoria institucional.

Treinta años después de la creación del festival, la pregunta no es solamente cuánta gente fue al parque. La pregunta es cuántas de esas personas seguirán a las bandas colombianas cuando se apaguen las tarimas, se retiren los artistas internacionales y desaparezca la gratuidad. ¿Cuántas comprarán una entrada de veinte mil pesos para ver a esas mismas agrupaciones en un bar? Eso sucedía en los noventas cuando al otro día una banda que se hiciera notoria sonaba en las radios y llenaba bares, hoy para nada.

Asistencia en las horas antes de las 6.00 PM

Porque si la respuesta es que no llegan ni diez, entonces tenemos que dejar de celebrar las multitudes como prueba del éxito del rock nacional. Tal vez el festival sí tiene público. Tal vez los artistas internacionales sí tienen público. Lo que parece no tener la escena colombiana, en muchos casos, es un público dispuesto a pagar por ella.

Y esa es la peor noticia. No que la gente deje de ir a Rock al Parque, sino que después de treinta años todavía haya bandas colombianas que no consigan reunir diez personas pagando una entrada. El día que termine el festival, los músicos seguirán necesitando público. Y entonces no habrá perro caliente de treinta mil pesos, artista internacional ni presupuesto público detrás del cual esconderse.

Hagamos un ejercicio ¿que pasaría si se cobrara mil pesos por persona, cuanto ingresaría para rock al parque para traer más bandas de calidad o inyectarle al rock y la pregunta dura, si se cobrara mil pesos? cuanta gente irira?

Si Rock al Parque convocó 561.020 asistencias en tres días según lo que dice la alcaldía, ¿qué pasaría si cada asistente pagara apenas $1.000? No estamos hablando de cobrar una entrada de $20.000 ni de convertir el festival en un negocio privado. Estamos hablando de una contribución simbólica y de preguntarnos cuánto dinero podría regresar directamente a la escena del rock colombiano.

La cuenta inicial es sencilla: si las 561.020 asistencias se mantuvieran y cada una pagara mil pesos, el recaudo bruto sería de $561.020.000.

La pregunta más interesante es la segunda: ¿cuánta gente dejaría de ir si tuviera que pagar esos mil pesos? No hay datos que permitan predecirlo con certeza. Pero podemos calcular cuánto se recaudaría en distintos escenarios.

Recaudo bruto con una contribución de $1.000 por asistencia

100% de la asistencia

$561.020.000

561.020 asistencias pagando $1.000 cada una

90% de la asistencia

$504.918.000

504.918 asistencias pagando $1.000 cada una

75% de la asistencia

$420.765.000

420.765 asistencias pagando $1.000 cada una

50% de la asistencia

$280.510.000

280.510 asistencias pagando $1.000 cada una

25% de la asistencia

$140.255.000

140.255 asistencias pagando $1.000 cada una

Escenarios hipotéticos, antes de costos de recaudo y operación.

Con que pagara la mitad del público registrado, entrarían más de $280 millones. Con una cuarta parte, serían más de $140 millones que podrían destinarse, si así se decidiera y presupuestara, a circulación de bandas nacionales, giras, grabación, producción de conciertos o mejores honorarios.

Si una persona está dispuesta a desplazarse, pasar horas en el parque y gastar decenas de miles de pesos en comida, ¿pagaría mil pesos para entrar? ¿Cuántos dejarían de ir? ¿Y qué nos diría eso sobre la relación real del público con el festival y con el rock colombiano?

La cifra de asistencia de 2026 permite plantear el experimento, pero no demuestra de antemano cuántas personas aceptarían pagar. Precisamente por eso, la pregunta de los mil pesos es tan potente, pone a prueba cuánto vale realmente el apoyo que el público dice tener por el rock.

Entonces volvemos a la pregunta inicial ¿En donde están todos esos rockeros el resto del año?

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