En los últimos años se ha consolidado en Colombia una preocupante forma de captura del campo cultural por parte de un grupo de gestores, programadores y empresarios que concentran recursos públicos, visibilidad y toma de decisiones en torno a la música.

Espacios que se presentan como públicos o de interés general —como Rock al Parque, Hip Hop al Parque, los estímulos de Idartes, las convocatorias del Ministerio de Cultura y el Bogotá Music Market (BOMM)— han terminado convertidos en cotos cerrados donde se distribuyen oportunidades entre los mismos actores, excluyendo voces críticas o incómodas.

Esta no es solo una denuncia es un patrón verificable con nombres, trayectorias y contratos.

Por ejemplo, el Bogotá Music Market (BOMM) es un programa de la Cámara de Comercio de Bogotá que cuenta con apoyo público, se presenta como vitrina para “toda la música colombiana” y promete criterios transparentes de selección.

Pero la composición de su equipo curatorial revela conexiones muy estrechas con el ecosistema de Idartes y con proveedores recurrentes de recursos públicos que vetan y segregan a los críticos de sus gestiones y lanzan ataques personales contra ellos. Siempre los mismos personajes terminan en todos los espacios auspiciados de alguna manera por el Estado y eso se ha perpetuado, llevan años cómodamente instalados haciendo lo que quieren:

Gustavo “Chucky” García: ex-programador de Rock al Parque para Idartes, figura polémica por su estilo confrontativo y su historial de insultos y descalificaciones a músicos y gestores que critican la opacidad del sistema.

María Camila Rivas: también exintegrante del comité de Rock al Parque, festival financiado 100% con impuestos de los bogotanos.

Geovanny Escobar Rubio: productor del Festival Hip Hop al Parque, otro programa distrital de Idartes.

Francisco Mendoza (Páramo Presenta): gerente de una empresa privada que ha ganado contratos de producción para escenarios de Rock al Parque, al tiempo que programa su propio festival Estéreo Picnic.

Jorge Jiménez (Árbol Naranja): empresario cuyo colectivo ha sido contratista frecuente de Idartes, ofreciendo producción técnica para Rock al Parque y otros festivales.

Todos con relaciones con el gobierno ¿Para qué? ¿Por qué? ¿No existen otros profesionales diferentes? ¿Qué transparencia puede haber si algunos de ellos que pelean de frente con los independientes y han lanzado ataques públicos documentados, son parte de una curaduría que debe ser transparente pero a la que le ganan las rencillas personales y la falta de profesionalismo. Estas relaciones no son meramente “colaboraciones sectoriales”, son relaciones contractuales directas con recursos públicos. Personas que han definido quién toca en los festivales del Distrito ahora deciden también quién puede vender su música en la principal rueda de negocios del país.

El problema es que convierten las rencillas personales en vetos institucionales, no basta con el conflicto de interés estructural. Existe evidencia anecdótica y testimonial (cómo lo que ha sucedido con Subterránica, uno de los agentes más importantes para el ecosistema musical de Latinoamérica) de que estos curadores usan su poder para excluir a músicos y gestores que los han criticado.

Denunciar la falta de transparencia, los contratos repetidos y la concentración de oportunidades no debería convertir a nadie en enemigo público, pero en la práctica quienes levantamos la voz somos vetados sistemáticamente.

Se trata de una forma de retaliación política blanda: no te censuran directamente, pero te cierran las puertas en todas las instancias donde tienen poder.

Así, lo que debería ser una plataforma de toda la música colombiana se convierte en un club de amigos donde las críticas se castigan y la diversidad estética o ideológica se sofoca, es un patrón que se repite también en Idartes y el Ministerio de Cultura, no es exclusiva del BOMM porque como ya dijimos, son los mismos en las mismas en todas partes, en todos los espacios, como si en el país en realidad no más gente verdaderamente capacitada para estos cargos.

En Idartes las convocatorias, festivales y estímulos se resuelven muchas veces entre los mismos actores que programan, producen o evalúan, empresas proveedoras ganan contratos de producción y luego tienen representantes como jurados o curadores en otros espacios, en el Ministerio de Cultura, algo similar ocurre con la designación de jurados y la circulación de recursos de concertación.

El resultado es nepotismo cultural, no el de los apellidos de sangre, sino el de las redes cerradas de recomendación mutua y blindaje contra la crítica.

¿Es delito o falta ética y administrativa? Algunos se burlan diciendo: “Eso no es delito, es el negocio de la cultura”. Pero veamos: La ley colombiana prohíbe el favoritismo indebido en la asignación de recursos públicos, el Código Disciplinario sanciona a funcionarios que usen el cargo para favorecer o excluir a terceros arbitrariamente, las entidades que distribuyen recursos públicos están obligadas a garantizar igualdad y transparencia, la Cámara de Comercio recibe recursos públicos y tiene un deber de rendición de cuentas en sus programas.

Entonces excluir a alguien por enemistad personal o retaliación política es arbitrario y contrario a los principios del Estado Social de Derecho. Aunque no sea un delito penal típico (no van a la cárcel por eso) puede ser investigable como falta administrativa o disciplinaria, el problema es que como ya sucedió con Rock al Parque en donde la contraloría encontró infinidad de estas faltas, no pasa nada porque en el país la ley es blanda y la verdad el arte le importa muy poco.

Quienes creemos en la música como un bien público no podemos aceptar que se repartan recursos y espacios con criterios de venganza personal, no se trata de pedir caridad ni favoritismo, se trata de exigir transparencia, pluralidad y profesionalismo en la gestión cultural financiada con los impuestos de todos.

Si el BOMM quiere ser la “gran vitrina de la música colombiana” no puede comportarse como un club exclusivo que castiga a quien denuncia su falta de diversidad pero los artistas callan por miedo al veto, los medios callan por miedo al veto y los que callan porque son cómplices están disfrutando de sus beneficios. La verdad cansa llenar tantas convocatorias para ver siempre a los mismos embolsillándose millones y millones, o ver jurados excontratistas premiando a concursantes excontratistas, eso es ridículo.

Hablemos claro: el rock colombiano fue capturado.

Lo que alguna vez fue un movimiento rebelde, plural, contestatario, se transformó en un espacio cooptado por gestores y programadores que usan el poder estatal para decidir quién existe y quién no.

Otro ejemplo: Rock al Parque, que nació para dar cabida a todas las voces, se volvió el feudo de curadores con agenda propia, contratistas de Idartes que se eligen entre ellos como jurados y programadores, músicos y empresarios que deciden quién toca y quién queda por fuera, convocatorias con criterios opacos, resultados predecibles y favoritismos evidentes.

Quien se atreve a cuestionarlo —como nosotros en Subterránica— queda marcado. Excluido de festivales, ruedas de negocios y de cualquier espacio público y no solo eso, Idartes permite los insultos y la denigración pública lavándose las manos diciendo que solo son “contratistas” como si la ley no exigiera que el instituto es quien debe responder por estos actos. Pero en Colombia la ley es de plástico y corrupta.

No se trata solo de festivales públicos. También la radio se contaminó con estos vetos. Ahora Radiónica como lo han denunciado varios de los que ya salieron de ahí por la nueva administración o figuras como Alejandro Marín se han erigido también como “curadores” de la música colombiana mientras ignoran sistemáticamente el rock local, lo caricaturizan o simplemente lo excluyen de su parrilla. Mientras predican la apertura a la música global y la sofisticación pop, se olvidan de las escenas de base, de los músicos independientes, del rock crítico y hablan mal de los agentes de la industria.

Y no es casualidad. Muchos de ellos están en la misma red: Curadores del BOMM, jurados de convocatorias públicas, “conferencistas” (Muchas veces sin la educación necesaria), invitados a viajes y ruedas de negocio, amigos de festivales privados que se lucran del Estado y así consolidaron una narrativa única: el rock es cosa del pasado, o se resume en cinco bandas amigas. ¡Delicioso! Que envidia.

Pero el resultado de esto ha sido devastador: Bandas que no tienen cómo circular ni grabar porque no pasan por la rosca, escenas locales moribundas, músicos que ya no denuncian nada para no ser vetados, productores independientes arruinados, público aburrido, sin oferta nueva ni riesgosa y dejando vacíos festivales como Rock al Parque al cual le inflan los números los medios amigos para no reflejar el fracaso y mientras tanto, los “curadores” viajan a ferias internacionales diciendo que representan “la música colombiana”.

Es necesaria una guerra cultural. Una guerra contra el amiguismo disfrazado de gestión cultural, el reparto de recursos públicos como botín de un clan. la retaliación contra quien critica, el bloqueo de sonidos incómodos o disidentes, la captura del discurso sobre “lo que es válido” en la música, la dictadura estética y política que han impuesto sobre el rock.

El Estado debe salir de la música (o reformarse radicalmente) y digámoslo sin miedo: el Estado colombiano fracasó como mecenas cultural, en vez de garantizar diversidad y acceso, financió roscas, compró silencios y generó dependencia clientelista. Su dinero, que es nuestro dinero, terminó consolidando un circuito cerrado de curadores, empresas contratistas privilegiadas artistas obedientes y dóciles como corderos, vetos y listas negras extraoficiales. El Estado debe salir de la música si no es capaz de apoyarla sin corromperla o al menos debe refundar sus políticas culturales con veeduría ciudadana real, con una selección transparente de jurados y curadores, prohibir de conflictos de interés y exigir profesionalismo y requisitos académicos a estos personajes como manda la ley, rotación obligatoria en comités y puestos, auditoría independiente de contratos y resultados y esto es solo el comienzo

Subterránica no va a callar, no vamos a aceptar más vetos invisibles, más retaliación disfrazada de criterio curatorial, más contratos a dedo con dineros públicos, vamos a nombrar a los responsables, vamos a exigir las pruebas, vamos a mostrar los contratos, vamos a pedir las explicaciones y vamos a invitar a todos los músicos, periodistas, gestores y públicos cansados de la dictadura cultural a sumarse.

Porque el rock nació para denunciar y la música es demasiado importante para dejarla en manos de burócratas corruptos o gestores vengativos.

La música debe ser libre.
La cultura debe ser de todos.
El Estado debe ser para todos, o no ser.

@darielconway