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Cómo los músicos colombianos pierden millones por culpa de los intermediarios, las leyes y el mercado: un análisis sobre recaudadoras, tiqueteras y nuevos monopolios.

Con la compra de Páramo Presenta por parte de Live Nation se complica aun más el panorama de la industria para los músicos nacionales.

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Los músicos son uno de los colectivos más afectados por la falta de una ley de derechos de autor acorde con la realidad actual, no solo tienen que enfrentar las dificultades normales que enfrentan los artistas en ascenso como la competencia, la informalidad, la falta de apoyo, las escenas toxicas o incluso todos los cambios que causó la crisis sanitaria, sino que también tienen que lidiar con un sistema de gestión colectiva que no les garantiza una remuneración justa y equitativa por el uso de sus obras.

En Colombia, la entidad encargada de recaudar y distribuir los derechos de autor por la comunicación pública de las obras musicales es la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (SAYCO), una empresa privada que fue fundada en 1945 y ellos dicen representa a más de 9.000 compositores nacionales y extranjeros y tiene convenios con más de 100 sociedades homólogas en el mundo.

Sin embargo, SAYCO ha sido objeto de múltiples críticas y denuncias por parte de los músicos, los usuarios y las autoridades, debido a su falta de transparencia, eficiencia y legalidad, ha sido una entidad llena de escándalos y deshonestidad, algunas de las acciones que se le han comprobado son:

-El cobro excesivo e indiscriminado por concepto de derechos de autor a establecimientos comerciales, eventos públicos o privados y plataformas digitales que utilizan música.
-El reparto injusto o tardío de las regalías a los compositores, sin tener en cuenta el uso real o potencial de sus obras.
-La falta de información o rendición de cuentas sobre el recaudo y la distribución de los derechos de autor.
-El abuso de posición dominante y el impedimento a la libre competencia en el mercado de la gestión colectiva.
-Los escándalos por corrupción, malversación, fraude y evasión fiscal que han involucrado a sus directivos y empleados.

Estos problemas han generado un descontento generalizado entre los músicos, que se sienten desprotegidos y vulnerables frente a SAYCO y muchos de ellos han optado por desafiliarse o buscar otras alternativas para gestionar sus derechos de autor, como otras entidades colectivas o licencias directas, pero se han encontrado con obstáculos legales, administrativos y culturales que dificultan su ejercicio y por otra parte también están los músicos y políticos que comen de Sayco desde hace daño y quienes defienden a muerte el monopolio legal amparado por el estado así como defienden otras políticas culturales corruptas.

En el caso del rock, este es uno de los géneros más marginados y estigmatizados por el sistema de gestión colectiva, los rockeros han denunciado en varias ocasiones que SAYCO no les reconoce ni les paga adecuadamente sus derechos de autor, ya que no tiene en cuenta sus particularidades ni sus necesidades. Por ejemplo, SAYCO no tiene un sistema eficaz para monitorear el uso real de las obras musicales en las diferentes plataformas digitales o medios masivos, tampoco tiene un criterio claro para asignar las tarifas o las cuotas por concepto de derechos de autor a los eventos o establecimientos donde se toca rock, no respeta ni promueve la diversidad musical ni cultural del país, sino que privilegia a ciertos géneros o artistas sobre otros. Por estas razones, muchos músicos rockeros han decidido desvincularse o no afiliarse a SAYCO y han buscado otras formas para proteger y gestionar sus derechos de autor.

¿Quién controla los espectáculos y los boletos en Colombia?

Los espectáculos musicales son una de las principales fuentes de ingresos para los artistas pero también son una de las actividades más reguladas y gravadas por el Estado y por las entidades privadas que intervienen en su organización y realización, esto incluye a los promotores, los productores, los recintos, las tiqueteras, las recaudadoras de derechos de autor y otros agentes que influyen en el precio, la calidad y la disponibilidad de los boletos y los eventos.

En Colombia, el mercado de los espectáculos y los boletos ha experimentado una serie de cambios y movimientos en los últimos años, que han generado preocupación e inconformidad entre los músicos, los usuarios y las autoridades. Estos cambios tienen que ver con la concentración, la competencia y la transparencia de las entidades que controlan este mercado, así como con los cobros excesivos e injustificados que se realizan por concepto de derechos de autor, impuestos, comisiones y otros conceptos, es increíble, pero Colombia todo lo corrompe, absolutamente todo hasta la música.

Para entender mejor la situación del mercado de los espectáculos y los boletos en Colombia, es necesario examinar algunos casos que muestran los problemas y las posibles soluciones.
Live Nation es la empresa más grande del mundo en cuanto a shows en vivo, con presencia en más de 40 países y una facturación anual de más de 11.000 millones de dólares. En 2021, Live Nation adquirió el 51% de Ocesa, la principal compañía de eventos y espectáculos en América Latina, con sede en México. A su vez, Ocesa compró el 51% de Páramo Presenta, una empresa colombiana fundada en 2008, que organiza eventos como el Festival Estéreo Picnic, el Festival Cordillera y conciertos de artistas nacionales e internacionales.

Esta operación ha generado una gran controversia en el sector cultural colombiano, pues implica la creación de un monopolio o un duopolio en el mercado de los espectáculos y los boletos, según algunos expertos y críticos, esta concentración puede tener efectos negativos para la diversidad musical, la competencia leal, la calidad del servicio y el precio justo para los consumidores.

Con este movimiento, Live Nation puede imponer sus condiciones a los artistas, a los recintos y a las tiqueteras que quieran trabajar con ellos, limitando sus opciones y su margen de negociación, puede favorecer a ciertos géneros o artistas sobre otros, según sus intereses comerciales o estratégicos, afectando la oferta musical disponible para el público, podrá aumentar el precio de las entradas o cobrar cargos adicionales por concepto de servicio, manejo o conveniencia, sin justificación ni transparencia, también restringir o dificultar el acceso a las entradas o a los eventos a ciertos segmentos del público, según sus criterios o políticas.

Pero cuando alguien habla o se levanta en contra de esto se es vetado, excluido, ridiculizado e incluso atacado, es impresionante como la impunidad se toma todas las áreas de la sociedad mientras no exista nadie que ejecute las leyes o que defienda a los ciudadanos.
Hablemos de otro problema, las tiqueteras son las empresas encargadas de vender y distribuir las entradas para los eventos y espectáculos musicales. En Colombia, existen varias tiqueteras que operan en el mercado, como Tu Boleta, Primera Fila, Ticket Express, Colboletos, entre otras. Sin embargo, algunas de estas tiqueteras han sido objeto de múltiples críticas y denuncias por parte de los usuarios y las autoridades, debido a su falta de eficiencia, transparencia y legalidad.

Estas tiqueteras de un momento a otro comenzaron con el cobro excesivo e injustificado por concepto de servicio, manejo o conveniencia, que puede llegar a representar hasta el 30% del valor de la entrada y el problema más grave es la falta de información o claridad sobre el precio final, la disponibilidad, la ubicación o las condiciones de las entradas o los eventos y la falta de atención o solución a las quejas, reclamos o solicitudes de los usuarios.

Entonces tenemos monopolios y mafias por todas partes en el negocio de la música y los espectáculos en vivo, mafias oficiales y no oficiales, tenemos poca claridad y control en las recaudadoras de derechos, en las tiqueteras, en los precios de los eventos, poca igualdad para con los emergentes e independientes.

Ya es hora de actualizar las leyes de derechos de autor y de controlar todas estas irregularidades que solo sirven para algunos pocos y voltear las cartas de lado de los artistas, los derechos de autor son una forma de proteger la creatividad y el trabajo intelectual de los autores de obras literarias, científicas y artísticas, les otorgan a los autores el control exclusivo sobre el uso y la explotación de sus obras, así como el reconocimiento de su autoría y el respeto a su integridad. Pero necesitamos una ley nueva, unas leyes nuevas, propuestas nuevas, pero nadie escucha.

En Colombia, la ley que regula los derechos de autor es la Ley 23 de 1982, que fue promulgada hace casi 40 años. Esta ley establece las condiciones, los límites y las excepciones para el ejercicio de los derechos de autor, así como las sanciones por su violación. También protege los derechos conexos de los intérpretes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión.

Pero desde 1982, el mundo ha cambiado mucho, especialmente en lo que se refiere al desarrollo tecnológico y al mercado global de la cultura, la aparición y el auge de internet, las plataformas digitales, los servicios de streaming y las redes sociales han transformado la forma de crear, distribuir y consumir obras musicales, audiovisuales y artísticas en general, estos cambios plantean nuevos desafíos y oportunidades para los autores y los usuarios de las obras protegidas por el derecho de autor, por un lado, se abren nuevas posibilidades de difusión, acceso y remuneración para los creadores, pero por otro lado, se generan nuevas formas de infracción, piratería y competencia desleal que afectan sus intereses legítimos.

En este contexto, surge la pregunta: ¿es suficiente y adecuada la Ley 23 de 1982 para regular los derechos de autor en Colombia en el siglo XXI? ¿Qué aspectos deberían modificarse o actualizarse para adaptarse a la realidad actual? ¿Qué experiencias o modelos se podrían tomar como referencia de otros países que han modernizado sus leyes de derechos de autor?
Hay problemas muy graves como la falta de claridad sobre el alcance y la aplicación de la licencia obligatoria para las obras musicales la cual permite a los usuarios obtener el derecho a reproducir o distribuir una obra musical previo pago al titular del derecho o a una entidad colectiva que lo represente, esta la ley no define con precisión qué tipo de usos están sujetos a esta licencia, ni cómo se debe calcular y pagar la remuneración correspondiente. Esto genera incertidumbre jurídica e inequidad entre los autores y los usuarios.

La falta de un sistema eficiente y transparente para la gestión colectiva de los derechos de autor. La gestión colectiva consiste en que una entidad autorizada por el Estado recauda y distribuye las regalías por el uso de las obras protegidas entre sus asociados o representados. En Colombia, existen varias entidades colectivas que operan en diferentes ámbitos (música, audiovisual, artes plásticas, etc.), pero no hay una coordinación ni una supervisión adecuada por parte del Estado. Esto genera problemas como la doble cobranza, el reparto injusto o tardío, la falta de información o rendición de cuentas y el abuso de posición dominante.
La falta de adaptación a las nuevas modalidades y formatos digitales. La ley no contempla expresamente las obras creadas o difundidas por medios digitales, como las obras multimedia, las bases de datos, los videojuegos o los podcasts. Tampoco regula adecuadamente los servicios en línea que ofrecen música o contenidos audiovisuales bajo demanda o por suscripción (streaming). Esto implica que no hay una seguridad jurídica ni una remuneración justa para los autores que utilizan estos medios o cuyas obras son explotadas por estos servicios.

La falta de equilibrio entre los derechos de los autores y los intereses de la sociedad. La ley no establece con claridad las limitaciones y excepciones al derecho de autor, es decir, los casos en los que se puede usar una obra protegida sin necesidad de autorización ni pago al titular. Estos casos suelen estar relacionados con fines educativos, culturales, informativos o de investigación. La ley tampoco reconoce el derecho de cita, el uso justo o el dominio público como mecanismos para fomentar la creatividad, el acceso y la difusión de la cultura.
Muy duro, tras el fracaso anunciado de políticas como “la economía naranja” de la cuál todo el mundo advirtió pero nadie escuchó, desde los abusos de Sayco y otras entidades, desde la creación de monopolios a micro mafias de círculos de amistades que se reparten las oportunidades y los dineros, hasta la inocencia del músico que solo quiere hacer música, Colombia es sencillamente un nido de mafiosos que usan a los artistas para lucrarse y generar imperios en donde el único perdedor siempre ha sido precisamente el artista.

Pero qué podemos hacer en un país en donde el vivo vive del bobo, a papaya puesta papaya partida, hecha la ley hecha la trampa y tantos dichos más por el estilo. ¿Díganme que podemos hacer al respecto en un país en donde ser un hampón es ser una abeja y no una rata? Nada, solamente torcerse o emigrar.

Colombia

Que el Estado sea mecenas, no censor: qué puede aprender Colombia del ingreso para artistas en Irlanda

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Es hora de hacer una pregunta importante en Colombia en cuanto a las artes: ¿Qué papel debería jugar el Estado en la vida cultural? ¿Debe limitarse a regular y a repartir migajas, o puede convertirse en un mecenas decidido que permita a las prácticas creativas existir sin extorsiones burocráticas ni censuras veladas?

Irlanda ha dado en 2025 una respuesta radical y práctica a esta pregunta, el Estado financia la capacidad de crear. Tras un piloto iniciado en 2022, el programa Basic Income for the Arts (Ingreso Básico para las Artes) que pagó €325 semanales a 2.000 artistas y se proyecta como permanente a partir de 2026. Es decir: alrededor de €1.300–€1.500 mensuales garantizados, sin informes de resultados que exijan productividad inmediata, con efectos positivos reportados en salud mental, producción creativa y retención profesional en el sector cultural. Los primeros balances del piloto y las decisiones tomadas en Dublín muestran que una política pública que confía en la autonomía creativa puede dar retornos sociales medibles y, sobre todo, devolver dignidad al trabajo artístico.

Frente a ese experimento irlandés, la realidad colombiana aparece fragmentada y se han desarrollado instrumentos de política cultural, pero persiste una brecha entre los discursos y la práctica. Los diagnósticos internacionales muestran que la política cultural en Colombia ha avanzado en la creación de ecosistemas creativos y en la declaración de cultura como derecho, pero su financiación y su capacidad de descentralizar recursos siguen siendo limitadas frente a las necesidades reales de artistas, gestores y territorios. En paralelo, la articulación entre memoria, museos locales (como el Museo del Rock Colombiano) y los programas de reconocimiento que proponen medios independientes y plataformas ciudadanas constituyen prácticas resilientes frente a esa fragilidad estatal.

Este contraste obliga a repensar el imaginario que muchos tenemos sobre la relación Estado-cultura en América Latina. Cuando se habla de “dictadura cultural” en tono de crítica, a menudo se alude a dos riesgos distintos pero conectados: a) el riesgo autoritario, en el que el poder decide qué es arte válido y qué no, imponiendo censuras o líneas temáticas legitimadas por el aparato estatal; y b) el riesgo liberalizador, donde el Estado abandona la escena cultural a los vaivenes del mercado y a la precariedad de la condición creativa. La experiencia irlandesa ofrece una tercera vía: un Estado que actúa como mecenas en sentido moderno —financiando la posibilidad de crear sin dirigir el contenido— y, al mismo tiempo, protege la libertad de expresión y la diversidad. Esa es la lección que conviene mirar con atención.

¿Por qué copiar el modelo irlandés? Primero, porque un ingreso básico para artistas parte de una hipótesis empírica: la inestabilidad económica genera fuga de talentos, autocensura por necesidad y el abandono de proyectos a largo plazo. Al mitigar esa inestabilidad, se multiplican las condiciones para la experimentación, la investigación artística y la construcción de memorias locales. Segundo, porque el retorno no es meramente simbólico: los informes preliminares del piloto en Irlanda registran mejoras en el bienestar, en la producción y en la profesionalización, y apuntan a beneficios económicos indirectos —mayor consumo cultural, circuitos de exhibición más dinámicos, y mayor oferta pedagógica— que compensan la inversión pública. Tercero, porque el ejemplo de pequeñas iniciativas como Raíz y Convergencia demuestra que la articulación entre museos, medios independientes y administración local puede amplificar los efectos de una política pública sólida.

Pero ninguna traslación política es automática. A partir de la comparación entre Irlanda y el estado actual de la cultura en Colombia, proponemos un diagnóstico y una serie de propuestas concretas, viables y escalables para que el Estado colombiano deje de ser un simple regulador o, peor, un censor indirecto, y pase a ser un mecenas responsable.

Diagnóstico breve

  1. Financiación fragmentada y precaria. Los fondos existen en líneas dispersas como convocatorias, estímulos y subsidios, pero suelen ser inestables, condicionados y burocráticos. Eso excluye a muchos creadores que no tienen tiempo o recursos para competir permanentemente por subvenciones.
  2. Centralización y desigualdad territorial. Bogotá y algunas capitales concentran la mayor parte de la visibilidad y los recursos; el trabajo en regiones suele depender de iniciativas particulares y festivales puntuales.
  3. Déficit de políticas de ingreso estable para creadores. No hay un análogo real a programas tipo “basic income for artists” que garantice mínimos de subsistencia para producir con libertad.
  4. Gestión cultural y memoria resiliente. Actores privados y comunitarios (museos, medios como Subterránica, redes locales) han cubierto vacíos de la política pública, mostrando capacidad de archivo, reconocimiento y organización para mantener viva la memoria cultural.
    La propuesta es un marco de política pública inspirado (y adaptado) al modelo irlandés
  5. Lanzamiento de un piloto nacional de Ingreso Básico para la Cultura (IBC) — 2.000 beneficiarios (fase 1).
  6. • Monto orientativo: equivalente a una fracción razonable del salario mínimo local ajustado por regiones (por ejemplo, 1–1.5 SMMLV en ciudades principales, y 0.8–1 SMMLV en municipios). Alternativa: seguir el modelo irlandés y fijar un monto con impacto comparable al costo de vida local.
    • Selección: combinación de criterios objetivos (trayectoria mínima, producción cultural demostrable) y cupos territoriales para garantizar diversidad regional. No debe ser una “subvención por proyecto”, sino un reconocimiento temporal que permita crear.
  7. Evaluación independiente y horizonte de continuidad.
    • El piloto debe contar con evaluación académica independiente (universidades, think tanks) y con indicadores de impacto: salud mental, volumen de creación, empleo cultural indirecto, actividad expositiva/concertística. La idea es evitar la politización del programa y asegurar su continuidad técnica.
  8. Complementariedad con espacios de memoria y producción.
    • Asociar el IBC con museos y medios locales para crear residencias, archivos y ciclos de formación. Las coproducciones como la que plantean algunas premiaciones podrían ser cofinanciadas por el programa como espacios de visibilidad para los beneficiarios.
  9. Descentralización efectiva.
    • Asignar cupos por departamentos y garantizar vocaciones territoriales (por ejemplo, bandas y gestores del Valle, del Eje Cafetero, de la Costa, del Pacífico). Evitar que el programa solo beneficie a quienes ya tienen redes en Bogotá.
  10. Protección a la libertad de expresión y mecanismos anti-captura.
    • Establecer cláusulas claras: la asignación del ingreso no debe implicar control de contenidos ni aprobación previa. Crear un consejo ciudadano-artístico plural que supervise transparencia y evite capturas políticas. La “lógica del mecenas” aquí se entiende como financiamiento público para la creación, no como tutela ideológica.
  11. Sinergias con políticas culturales existentes.
    • Integrar el IBC con convocatorias, compra pública de arte, programación cultural municipal y acuerdos con teatros y salas para presentar trabajos producidos por beneficiarios. Esto multiplica el retorno social y económico de la inversión.
  12. Contraargumentos y riesgos — y cómo mitigarlos
  13. • “Se volverá una renta para ociosos”: la evidencia del piloto irlandés contradice esta afirmación; los beneficiarios usan la estabilidad para producir, formarse y participar en proyectos colaborativos. Es clave diseñar la evaluación para demostrar efectos positivos.
  14. • Politización del fondo: crear órganos independientes, plazos y transparencia pública de beneficiarios reduce la posibilidad de captura.
  15. • Costo fiscal: hay que dimensionarlo con realismo: un piloto con 2.000 beneficiarios es una inversión relativamente baja en términos presupuestales nacionales pero con alto impacto simbólico y práctico. Además, los beneficios indirectos (empleo cultural, consumo, turismo cultural) amortiguan el gasto. Informes preliminares del piloto irlandés señalan retornos sociales y económicos favorables por cada euro invertido.
  16. Mecenas democrático vs. “dictadura cultural”
  17. Llamar a una política pública “dictadura cultural” cuando lo que se reclama es la dirección autoritaria del contenido es válido como advertencia histórica; pero sería un error interpretar que la intervención estatal y la existencia de grandes programas de apoyo equivalen a censura. El reto es que el Estado colombiano deje de verse solo como juez y supervisor, y asuma el papel que le corresponde en una democracia robusta: el de garante de derechos culturales. Ser mecenas no significa mandar sobre el arte: significa pagar la posibilidad de que el arte exista con autonomía.
  18. Irlanda nos recuerda que el Estado puede, sin imponer visiones estéticas, invertir en la libertad creativa y cosechar efectos sociales que van mucho más allá del aplauso: desarrollo económico local, salud pública, educación y memoria colectiva. Copiar ese modelo, con las adaptaciones territoriales y políticas que exige Colombia, es una inversión de futuro; una forma de reconocer que la cultura no es un lujo sino un bien público que sostiene la democracia y nos enseña quiénes somos. Si queremos que la memoria del rock y de tantas otras músicas deje de depender solo de iniciativas heroicas y dispersas, es hora de exigir que el Estado se convierta en mecenas responsable y que la cultura sea tratada como política de Estado, no como anécdota.
  19. Fuentes principales consultadas
  20. • Cobertura sobre la permanencia del programa Basic Income for the Arts en Irlanda (informes y notas recientes): Business Insider; Smithsonian Magazine; ArtNews; Citizens Information.
  21. • Información y fichas sobre los Premios Subterránica y su rol en la escena del rock colombiano.
  22. • Diagnósticos y recomendaciones sobre políticas culturales en Colombia (OECD, UNESCO y análisis sobre financiamiento y descentralización).
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SAYCO sancionada nuevamente, Subterránica reivindicada otra vez: La corrupción que los músicos prefieren callar y aplaudir por un almuerzo.

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Actualización 01/12/2025: Posteriormente a la publicación original, un juez ordenó a la SIC retirar de sus propios canales la información relacionada con esta sanción, mientras se resuelven recursos en trámite. Esta orden aplica únicamente a la SIC y no obliga a terceros ni medios que replicaron la noticia, por lo que este contenido se mantiene publicado como registro informativo y de interés público.

Otra vez, después de décadas, los titulares anuncian lo que llevamos años diciendo, SAYCO de nuevo ha sido sancionada, sus directivos multados, el país “sorprendido” porque una entidad que se dice defensora de los autores en realidad los usa como excusa para seguir cobrando y enriqueciéndose. Y claro, ahí salen los comunicados, las frases de indignación, las promesas de cambio. Pero los músicos siguen callados, siguen firmando, siguen creyendo que “esta vez sí”, el músico colombiano es en su mayoría un muerto de hambre que calla la corrupción porque no tiene como más comer.

La sanción a SAYCO, una multa por aproximadamente $5.300 millones de pesos impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), confirma lo que desde hace años denunciamos, impedir que autores gestionen individualmente sus derechos, clasificar a los afiliados como “titulares administrativos”, cobrarles un 10 % adicional y obligarlos a ceder todas las vías de comunicación pública para estar representados por el monopolio colectivo.

Pero no es la primera vez que pasa, son años de corrupción y deshonestidad, en 2018 la SIC la multó por $1.378 millones por abuso de posición dominante y violación de la libre competencia. En 2012 la Dirección Nacional de Derechos de Autor suspendió su personería jurídica y le impuso la multa máxima de 50 salarios mínimos legales vigentes (equivalente entonces a unos 28 millones de pesos) por «inoperancia de sus órganos de dirección, falta de transparencia, incumplimiento de deberes estatutarios». Y a los colombianos y sobretodo a los músicos les vale cinco… para ellos está el “cállese” porque nos vetan.

La historia de SAYCO es la historia de un monopolio consentido por el Estado y sostenido por el silencio de los músicos. Desde los años noventa hasta hoy ha sido denunciada por prácticas anticompetitivas, por retener dineros, por excluir a autores que no se someten al régimen interno. A lo largo de los años, las mismas familias, los mismos apellidos y los mismos métodos se repiten: estatutos que se reforman para perpetuar a los directivos, asambleas cerradas, informes maquillados. SAYCO se ha convertido en un modelo perfecto de lo que es la “gestión colectiva” en Colombia, un castillo de papel donde la ley sirve solo para proteger a los que ya están dentro, la justicia tambien es cómplice, así como es cómplice de los malos manejos de las EPS, de los abusos de los bancos y de todo lo que represente ganar dinero deshonesto sobre los derechos de los ciudadanos.

Cada vez que una sanción sale a la luz, los titulares hablan de “nuevo escándalo” como si fuera sorpresa. No lo es. Subterránica lo gritó una y otra vez, las sanciones son solo parches, ¿De dónde creen que sale el dinero para las sanciones? Usen la cabeza, las multas se pagan con la misma plata que recaudan de los artistas. Ninguna de estas sanciones ha significado una verdadera intervención ni un cambio estructural. Los millones que les quita la SIC los recuperan en cuestión de meses, porque el Estado nunca crea una alternativa real para los autores independientes. Y mientras tanto, la prensa cultural finge objetividad, los artistas institucionales se callan para no perder contratos y el público ni siquiera sabe cómo funciona el sistema que paga cada vez que suena una canción en un bar.

SAYCO, IDARTES y todo el aparato cultural estatal son piezas de la misma maquinaria burocrática que sofoca el arte en Colombia. La corrupción en el sector musical no se esconde, se exhibe con descaro, los mismos nombres en todas las convocatorias, los mismos jurados que se evalúan entre sí, los mismos gestores que se autodenominan “cultura”. Y cuando alguien levanta la voz, lo llaman a uno conflictivo. Pero no es conflicto, es dignidad. Y aunque el país entero parezca tolerar el robo sistemático de la cultura, Subterránica sigue en pie, con los mismos argumentos y la misma convicción, la de denunciar aunque nadie escuche, escribir aunque no cambie nada, sostener el espejo frente al monstruo hasta que al menos por un instante, se vea reflejado.

Subterránica lleva más de veinte años repitiendo lo mismo. Denunciando, investigando, poniendo nombres, mostrando documentos. Cuando dijimos que SAYCO actuaba como una mafia organizada, que el IDARTES protege burócratas y no artistas, que las entidades culturales son feudos de amigotes, nos llamaron resentidos, locos, conflictivos. Y sin embargo, aquí está otra vez la prueba, una multa millonaria por impedir a los autores gestionar sus propias obras, por condicionar sus contratos, por cobrar tarifas indebidas. No lo dice Subterránica; lo dice la Superintendencia de Industria y Comercio.

Pero nada cambia. Nada cambia porque en Colombia la corrupción no se castiga, se normaliza. Se vuelve parte del paisaje. Los músicos lo saben y callan, y al callar se vuelven cómplices. Ese es el círculo perfecto: los corruptos actúan, los jueces absuelven, los artistas callan, el público olvida. ¿Cuántas veces esta entidad corrupta ha sido multada y sancionada? ¿Cuántas veces la procuraduría tiene que demostrar la corrupción en otras instituciones que gestionan las artes en el Estado? Lo que se puede llegar a concluir es que tal vez o los colombianos somos estúpidos o que sencillamente no importa.

No hay inocentes en esta cadena… el que firma sin leer, el que paga sin preguntar, el que asiste a los mismos eventos estatales sabiendo que son vitrinas de favores políticos, todos son parte del engranaje. Aquí nadie quiere hacerse enemigo de nadie, y por eso todos terminan siendo socios de la impunidad.

Y los que insistimos en hablar nos volvemos los parias, pero preferimos eso antes que vivir arrodillados ante un sistema que prostituyó el arte. El Estado sigue alimentando las mismas vacas sagradas; las secretarías de cultura, IDARTES, las convocatorias amañadas, los jurados repetidos, los artistas institucionalizados que se reparten el presupuesto público como si fuera botín de guerra. Y cada tanto, cuando alguna sanción se hace pública, los medios anuncian que “ahora sí se hará justicia”. No, no se hará. No mientras sigamos creyendo que un comunicado es justicia. Y es que hay que repetirlo cien veces porque pareciera que no entendieran, el problema no es Sayco, no es Idartes, no son sus alidos sino los corruptos que trabajan ahí. La verdad no es difícil de entender, hasta un niño lo comprende.

La multa a SAYCO no es una victoria para nadie; es otra migaja, un teatro más en este país que premia al corrupto y castiga al que incomoda. Los músicos seguirán cobrando regalías miserables mientras los directivos se reparten millones. Seguirán viendo cómo sus obras son administradas por gente que no compone ni canta, pero cobra como si lo hiciera. Y seguirán tragando entero, porque aquí el que denuncia se queda sin contratos, sin toques, sin apoyo, sin “redes”.

Subterránica lo advirtió mil veces, el problema no es solo SAYCO, es la estructura cultural completa. Un país que tolera la corrupción en la música es el mismo que la tolera en la política, en la justicia, en la educación. Lo mismo disfrazado de gestión cultural.

Y sí, hemos tenido razón desde el principio y siempre la vamos a tener así a los mercenarios de las artes que le dan regalos de Navidad a sus hijos con dinero robado se ofendan. Pero tener razón en Colombia no sirve de nada. Aquí la verdad no cambia las cosas, solo las confirma.

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Cheyne Stokes Experience se sumerge en la introspección con Perfect Days, el nuevo capítulo de The Empress

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El universo de Cheyne Stokes Experience vuelve a expandirse con Perfect Days, una pieza instrumental e introspectiva que abre las puertas de The Empress, su segundo larga duración, ya disponible en Bandcamp. La banda bogotana, conocida por su enfoque conceptual y su capacidad para unir lo etéreo con lo brutal, presenta esta composición como un preludio emocional a un disco que se adentra en las profundidades de la existencia, los duelos y la energía femenina que habita en cada ser.

Grabado en El Bunker Studios durante agosto y septiembre de 2024, el álbum contó con la producción y arreglos de Nicolás Sadovnik (Tras las Púas, Los Carrangomelos), quien acompañó a la banda en un proceso de creación meticuloso, extendido entre jornadas de pre y postproducción que dieron forma a una obra cargada de fuerza, sensibilidad y ambición. Las influencias son claras —Alcest, Opeth, Soen, Mastodon, Gojira o The Ocean Collective—, pero lo que emerge de The Empress es una identidad absolutamente propia, un sonido que se construye desde la emoción y el pensamiento, más que desde la simple técnica.

En esta nueva entrega, la emperadora —esa figura enigmática que ya había aparecido en The Labyrinth of E²— revela su rostro como una encarnación simbólica de la muerte, la transformación y el cuestionamiento interior. Cada video y cada tema se articulan como capítulos de un relato introspectivo donde los protagonistas enfrentan su propia finitud, sus vacíos y la búsqueda de significado en un mundo hostil. Perfect Days es el sexto episodio de esta historia audiovisual, y también su punto de inflexión: un tema sin palabras, donde la música es la única voz posible ante la reflexión más profunda de todas —¿qué es realmente un día perfecto y vale la pena seguir viviendo por él?—.

The Empress amplía además el espectro emocional del grupo incluyendo reinterpretaciones de Pagan Poetry de Björk y Artemis de Aurora, piezas que en manos de Cheyne Stokes Experience se convierten en un manifiesto sonoro sobre la vulnerabilidad y la ferocidad de lo femenino. Este enfoque artístico se complementa con la visión visual del ilustrador Void Espíritu (Daniel Esteban Gómez), quien una vez más plasma en la portada del disco su estilo críptico y espiritual, explorando la brutalidad y la belleza que coexisten en la muerte y el duelo.

El álbum completo está disponible de manera exclusiva en Bandcamp, mientras que su lanzamiento físico y digital oficial se celebrará el próximo 29 de noviembre en B Bar, Bogotá, junto a Ashes, Mauna y el DJ Alcapone, en una noche dedicada al metal progresivo, la melancolía y el poder creativo.

Con Perfect Days, Cheyne Stokes Experience reafirma su lugar dentro del metal alternativo colombiano como una de las propuestas más profundas, conceptuales y arriesgadas de la escena. En un panorama donde el ruido suele imponerse sobre el sentido, la banda invita a detenerse, mirar hacia adentro y, aunque duela, descubrir la luz que habita en nuestras sombras.

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