Cómo los músicos colombianos pierden millones por culpa de los intermediarios, las leyes y el mercado: un análisis sobre recaudadoras, tiqueteras y nuevos monopolios.

Los músicos son uno de los colectivos más afectados por la falta de una ley de derechos de autor acorde con la realidad actual, no solo tienen que enfrentar las dificultades normales que enfrentan los artistas en ascenso como la competencia, la informalidad, la falta de apoyo, las escenas toxicas o incluso todos los cambios que causó la crisis sanitaria, sino que también tienen que lidiar con un sistema de gestión colectiva que no les garantiza una remuneración justa y equitativa por el uso de sus obras.

En Colombia, la entidad encargada de recaudar y distribuir los derechos de autor por la comunicación pública de las obras musicales es la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (SAYCO), una empresa privada que fue fundada en 1945 y ellos dicen representa a más de 9.000 compositores nacionales y extranjeros y tiene convenios con más de 100 sociedades homólogas en el mundo.

Sin embargo, SAYCO ha sido objeto de múltiples críticas y denuncias por parte de los músicos, los usuarios y las autoridades, debido a su falta de transparencia, eficiencia y legalidad, ha sido una entidad llena de escándalos y deshonestidad, algunas de las acciones que se le han comprobado son:

-El cobro excesivo e indiscriminado por concepto de derechos de autor a establecimientos comerciales, eventos públicos o privados y plataformas digitales que utilizan música.
-El reparto injusto o tardío de las regalías a los compositores, sin tener en cuenta el uso real o potencial de sus obras.
-La falta de información o rendición de cuentas sobre el recaudo y la distribución de los derechos de autor.
-El abuso de posición dominante y el impedimento a la libre competencia en el mercado de la gestión colectiva.
-Los escándalos por corrupción, malversación, fraude y evasión fiscal que han involucrado a sus directivos y empleados.

Estos problemas han generado un descontento generalizado entre los músicos, que se sienten desprotegidos y vulnerables frente a SAYCO y muchos de ellos han optado por desafiliarse o buscar otras alternativas para gestionar sus derechos de autor, como otras entidades colectivas o licencias directas, pero se han encontrado con obstáculos legales, administrativos y culturales que dificultan su ejercicio y por otra parte también están los músicos y políticos que comen de Sayco desde hace daño y quienes defienden a muerte el monopolio legal amparado por el estado así como defienden otras políticas culturales corruptas.

En el caso del rock, este es uno de los géneros más marginados y estigmatizados por el sistema de gestión colectiva, los rockeros han denunciado en varias ocasiones que SAYCO no les reconoce ni les paga adecuadamente sus derechos de autor, ya que no tiene en cuenta sus particularidades ni sus necesidades. Por ejemplo, SAYCO no tiene un sistema eficaz para monitorear el uso real de las obras musicales en las diferentes plataformas digitales o medios masivos, tampoco tiene un criterio claro para asignar las tarifas o las cuotas por concepto de derechos de autor a los eventos o establecimientos donde se toca rock, no respeta ni promueve la diversidad musical ni cultural del país, sino que privilegia a ciertos géneros o artistas sobre otros. Por estas razones, muchos músicos rockeros han decidido desvincularse o no afiliarse a SAYCO y han buscado otras formas para proteger y gestionar sus derechos de autor.

¿Quién controla los espectáculos y los boletos en Colombia?

Los espectáculos musicales son una de las principales fuentes de ingresos para los artistas pero también son una de las actividades más reguladas y gravadas por el Estado y por las entidades privadas que intervienen en su organización y realización, esto incluye a los promotores, los productores, los recintos, las tiqueteras, las recaudadoras de derechos de autor y otros agentes que influyen en el precio, la calidad y la disponibilidad de los boletos y los eventos.

En Colombia, el mercado de los espectáculos y los boletos ha experimentado una serie de cambios y movimientos en los últimos años, que han generado preocupación e inconformidad entre los músicos, los usuarios y las autoridades. Estos cambios tienen que ver con la concentración, la competencia y la transparencia de las entidades que controlan este mercado, así como con los cobros excesivos e injustificados que se realizan por concepto de derechos de autor, impuestos, comisiones y otros conceptos, es increíble, pero Colombia todo lo corrompe, absolutamente todo hasta la música.

Para entender mejor la situación del mercado de los espectáculos y los boletos en Colombia, es necesario examinar algunos casos que muestran los problemas y las posibles soluciones.
Live Nation es la empresa más grande del mundo en cuanto a shows en vivo, con presencia en más de 40 países y una facturación anual de más de 11.000 millones de dólares. En 2021, Live Nation adquirió el 51% de Ocesa, la principal compañía de eventos y espectáculos en América Latina, con sede en México. A su vez, Ocesa compró el 51% de Páramo Presenta, una empresa colombiana fundada en 2008, que organiza eventos como el Festival Estéreo Picnic, el Festival Cordillera y conciertos de artistas nacionales e internacionales.

Esta operación ha generado una gran controversia en el sector cultural colombiano, pues implica la creación de un monopolio o un duopolio en el mercado de los espectáculos y los boletos, según algunos expertos y críticos, esta concentración puede tener efectos negativos para la diversidad musical, la competencia leal, la calidad del servicio y el precio justo para los consumidores.

Con este movimiento, Live Nation puede imponer sus condiciones a los artistas, a los recintos y a las tiqueteras que quieran trabajar con ellos, limitando sus opciones y su margen de negociación, puede favorecer a ciertos géneros o artistas sobre otros, según sus intereses comerciales o estratégicos, afectando la oferta musical disponible para el público, podrá aumentar el precio de las entradas o cobrar cargos adicionales por concepto de servicio, manejo o conveniencia, sin justificación ni transparencia, también restringir o dificultar el acceso a las entradas o a los eventos a ciertos segmentos del público, según sus criterios o políticas.

Pero cuando alguien habla o se levanta en contra de esto se es vetado, excluido, ridiculizado e incluso atacado, es impresionante como la impunidad se toma todas las áreas de la sociedad mientras no exista nadie que ejecute las leyes o que defienda a los ciudadanos.
Hablemos de otro problema, las tiqueteras son las empresas encargadas de vender y distribuir las entradas para los eventos y espectáculos musicales. En Colombia, existen varias tiqueteras que operan en el mercado, como Tu Boleta, Primera Fila, Ticket Express, Colboletos, entre otras. Sin embargo, algunas de estas tiqueteras han sido objeto de múltiples críticas y denuncias por parte de los usuarios y las autoridades, debido a su falta de eficiencia, transparencia y legalidad.

Estas tiqueteras de un momento a otro comenzaron con el cobro excesivo e injustificado por concepto de servicio, manejo o conveniencia, que puede llegar a representar hasta el 30% del valor de la entrada y el problema más grave es la falta de información o claridad sobre el precio final, la disponibilidad, la ubicación o las condiciones de las entradas o los eventos y la falta de atención o solución a las quejas, reclamos o solicitudes de los usuarios.

Entonces tenemos monopolios y mafias por todas partes en el negocio de la música y los espectáculos en vivo, mafias oficiales y no oficiales, tenemos poca claridad y control en las recaudadoras de derechos, en las tiqueteras, en los precios de los eventos, poca igualdad para con los emergentes e independientes.

Ya es hora de actualizar las leyes de derechos de autor y de controlar todas estas irregularidades que solo sirven para algunos pocos y voltear las cartas de lado de los artistas, los derechos de autor son una forma de proteger la creatividad y el trabajo intelectual de los autores de obras literarias, científicas y artísticas, les otorgan a los autores el control exclusivo sobre el uso y la explotación de sus obras, así como el reconocimiento de su autoría y el respeto a su integridad. Pero necesitamos una ley nueva, unas leyes nuevas, propuestas nuevas, pero nadie escucha.

En Colombia, la ley que regula los derechos de autor es la Ley 23 de 1982, que fue promulgada hace casi 40 años. Esta ley establece las condiciones, los límites y las excepciones para el ejercicio de los derechos de autor, así como las sanciones por su violación. También protege los derechos conexos de los intérpretes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión.

Pero desde 1982, el mundo ha cambiado mucho, especialmente en lo que se refiere al desarrollo tecnológico y al mercado global de la cultura, la aparición y el auge de internet, las plataformas digitales, los servicios de streaming y las redes sociales han transformado la forma de crear, distribuir y consumir obras musicales, audiovisuales y artísticas en general, estos cambios plantean nuevos desafíos y oportunidades para los autores y los usuarios de las obras protegidas por el derecho de autor, por un lado, se abren nuevas posibilidades de difusión, acceso y remuneración para los creadores, pero por otro lado, se generan nuevas formas de infracción, piratería y competencia desleal que afectan sus intereses legítimos.

En este contexto, surge la pregunta: ¿es suficiente y adecuada la Ley 23 de 1982 para regular los derechos de autor en Colombia en el siglo XXI? ¿Qué aspectos deberían modificarse o actualizarse para adaptarse a la realidad actual? ¿Qué experiencias o modelos se podrían tomar como referencia de otros países que han modernizado sus leyes de derechos de autor?
Hay problemas muy graves como la falta de claridad sobre el alcance y la aplicación de la licencia obligatoria para las obras musicales la cual permite a los usuarios obtener el derecho a reproducir o distribuir una obra musical previo pago al titular del derecho o a una entidad colectiva que lo represente, esta la ley no define con precisión qué tipo de usos están sujetos a esta licencia, ni cómo se debe calcular y pagar la remuneración correspondiente. Esto genera incertidumbre jurídica e inequidad entre los autores y los usuarios.

La falta de un sistema eficiente y transparente para la gestión colectiva de los derechos de autor. La gestión colectiva consiste en que una entidad autorizada por el Estado recauda y distribuye las regalías por el uso de las obras protegidas entre sus asociados o representados. En Colombia, existen varias entidades colectivas que operan en diferentes ámbitos (música, audiovisual, artes plásticas, etc.), pero no hay una coordinación ni una supervisión adecuada por parte del Estado. Esto genera problemas como la doble cobranza, el reparto injusto o tardío, la falta de información o rendición de cuentas y el abuso de posición dominante.
La falta de adaptación a las nuevas modalidades y formatos digitales. La ley no contempla expresamente las obras creadas o difundidas por medios digitales, como las obras multimedia, las bases de datos, los videojuegos o los podcasts. Tampoco regula adecuadamente los servicios en línea que ofrecen música o contenidos audiovisuales bajo demanda o por suscripción (streaming). Esto implica que no hay una seguridad jurídica ni una remuneración justa para los autores que utilizan estos medios o cuyas obras son explotadas por estos servicios.

La falta de equilibrio entre los derechos de los autores y los intereses de la sociedad. La ley no establece con claridad las limitaciones y excepciones al derecho de autor, es decir, los casos en los que se puede usar una obra protegida sin necesidad de autorización ni pago al titular. Estos casos suelen estar relacionados con fines educativos, culturales, informativos o de investigación. La ley tampoco reconoce el derecho de cita, el uso justo o el dominio público como mecanismos para fomentar la creatividad, el acceso y la difusión de la cultura.
Muy duro, tras el fracaso anunciado de políticas como “la economía naranja” de la cuál todo el mundo advirtió pero nadie escuchó, desde los abusos de Sayco y otras entidades, desde la creación de monopolios a micro mafias de círculos de amistades que se reparten las oportunidades y los dineros, hasta la inocencia del músico que solo quiere hacer música, Colombia es sencillamente un nido de mafiosos que usan a los artistas para lucrarse y generar imperios en donde el único perdedor siempre ha sido precisamente el artista.

Pero qué podemos hacer en un país en donde el vivo vive del bobo, a papaya puesta papaya partida, hecha la ley hecha la trampa y tantos dichos más por el estilo. ¿Díganme que podemos hacer al respecto en un país en donde ser un hampón es ser una abeja y no una rata? Nada, solamente torcerse o emigrar.