Bogotá se alista para recibir Ska Punk Reggae Parties 2026, un circuito de seis fechas que apuesta por algo cada vez más necesario en la ciudad: circulación real, trabajo colectivo y fortalecimiento de la escena independiente desde los sonidos que históricamente han sido música de resistencia.

Entre el 31 de enero y el 28 de marzo de 2026, el circuito recorrerá tres espacios clave de Chapinero —Boro Room, Latino Power y Relevent Music Hall—, consolidando una alianza entre artistas, productores y venues que entienden que la escena no se sostiene con eventos aislados, sino con procesos continuos y bien estructurados.

El proyecto es liderado por El Punto Ska, agrupación ganadora de la Beca LEP Rutas Culturales 24/7 de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, y con una trayectoria sólida no solo como banda, sino como agente cultural. Desde ahí se han gestado iniciativas como Ska Para Todos Fest y El Concierskazo Fest, cuya próxima edición tendrá lugar el 1 de marzo de 2026 en el Teatro al Aire Libre La Media Torta, reafirmando una línea de trabajo que combina música, gestión y comunidad.

Ska Punk Reggae Parties 2026 nace de una convocatoria abierta impulsada desde la propia escena, con la intención de escuchar nuevos proyectos, ampliar el diálogo entre generaciones y abrir espacio a propuestas no solo de Bogotá, sino también de otros territorios. El resultado fue una respuesta contundente: 58 proyectos inscritos, de los cuales 20 fueron seleccionados mediante un proceso de evaluación claro y transparente, a los que se suman cuatro artistas invitados para una fecha especial.

Cada jornada del circuito mantiene una curaduría coherente y diversa: una banda de ska, una de reggae, una de punk y un DJ, apostando por el cruce de públicos, la circulación efectiva de los proyectos y el fortalecimiento de una comunidad que se reconoce en la diferencia.

Los carteles se distribuyen así:

El 31 de enero en Boro Room, con Ley Ska, Asamblea Feeling Roots, Los Sordos y Mr Tosh en los platos.
El 14 de febrero en Latino Power, con Big Beaters, Los Makonnen, Dosiis y Diego 25.
El 21 de febrero en Boro Room, fecha especial encabezada por El Punto Ska, Alto Grado, Chite y Fat Bastard.
El 28 de febrero en Relevent Music Hall, con Atrapamoskas, Los Candelarians, Los Highros y Matjahman.
El 14 de marzo en Latino Power, con La Farsa, Juan Camacho & La Roots Stop, Kaoz Kapital y La Calandria.
Y el 21 de marzo en Relevent Music Hall, cerrando el circuito con Dama Juana, Fausto Moreno, Lost Take y Zeta Pe.

Más allá de la programación, el circuito pone énfasis en condiciones técnicas dignas, organización profesional y trato respetuoso, entendiendo que el bienestar de artistas y públicos es parte fundamental del crecimiento de la escena.

En cuanto a la boletería, todas las fechas tendrán un valor de $30.000 más servicio en preventa y $40.000 en taquilla, con cerveza incluida. Para quienes quieran vivir la experiencia completa, se ofrece un abono para las seis fechas por $170.000 más servicio, que incluye seis cervezas.

Las boletas pueden adquirirse en Secta Colectiva, La Valija de Fuego, Fun Skateboards y Oi! Distro, así como a través del WhatsApp 310 493 8907 para información y compras directas.

Desde su concepción, Ska Punk Reggae Parties se declara como un espacio antifascista, libre de cualquier forma de discriminación y alineado con el espíritu histórico del ska, el punk y el reggae como músicas de encuentro, resistencia y comunidad. En palabras de Pablo Marroquín, productor general del circuito e integrante de El Punto Ska, se trata de un proyecto nacido desde la experiencia real de tocar, producir y sostener procesos independientes, con la convicción de que hoy más que nunca la escena necesita apoyo mutuo, respeto y espacios donde la diferencia sume.

Con seis fechas, más de veinte proyectos en tarima, más de cien músicos involucrados y una apuesta clara por la circulación independiente, Ska Punk Reggae Parties 2026 se perfila como uno de los circuitos más relevantes del primer semestre del año en Bogotá y una muestra concreta de cómo la escena se fortalece cuando se organiza desde abajo.

Bogotá explotó en un acto de orgullo regional y entrega absoluta la noche del 17 de enero de 2026. Ace of Spades —el templo del rock en la capital— se llenó hasta la última gota para presenciar una final que no fue solo una competición, fue la constatación de que el metal colombiano tiene músculo, mapa y futuro. La cita era clara… ocho bandas, jurados de primer nivel y dos pasajes a la final regional en Lima, Perú.

Desde el primer riff quedó en evidencia que esto no iba de formatos ni de discursos sino de carácter. Onnix, Soul Disease, Souland, Athemesis, Riptor, Licantropía, Infested Co. y Altars of Rebellion representaron, cada una desde su ciudad, una porción del país que llegó a decir “aquí estamos”, el cartel habló de diversidad estilística y de escenas que crecieron en condiciones adversas para llegar a rendir con solvencia en una noche que exigía todo.

El jurado, conformado por figuras de peso en la música y la gestión —Jorge Burbano, Ángel Niño, Guillermo Moreno, Edixón Sepúlveda y Viviana Cabrera— dio el marco técnico y riguroso que merecía la competencia. Sus decisiones, combinadas con la voz del público —que fungió como un jurado más en la noche— definieron los puestos que quedarán en la memoria.

Cuando se anunció el podio la escena se movió. En tercer lugar quedó Riptor (Cali), una banda que confirmó su prestigio en la escena thrash/alternativa; en segundo lugar Altars of Rebellion (Pasto), veteranos que trajeron a Bogotá la experiencia y la furia que los caracteriza; y en primer lugar, Athemesis (Medellín), que se alzó con la victoria absoluta y el derecho a representar a Colombia en la final regional junto a Altars. Estos resultados fueron comunicados oficialmente en el escenario durante la ceremonia de cierre de la final por los jurados y el equipo de Metal Battle. El voto del público, algo muy interesante lo ganaron Infested Co. Y Licantropía, dos bandas que tienen una base sólida de seguidores que no cualquiera tiene.

La mecánica para este evento no es caprichosa sino dificil y de mucho rigor, esto no ha terminado, las dos bandas viajarán a Lima para disputar la final sudamericana, y de ese cruce saldrá la banda que tendrán la oportunidad de tocar en el Wacken Open Air en Alemania representando a los seis países de la región. Es decir lo que aquí se decidió no es un trofeo local; es una pasarela hacia el circuito global que comienza en este momento.

Más allá del resultado, lo que quedó en claro fue otra cosa, el país dejó de pensar en Bogotá como único eje. Las regiones se impusieron. Medellín, Pasto y Cali dieron muestras de cantera y oficio; Bogotá respondió con público y esfuerzo; y la final se convirtió en una radiografía del metal colombiano contemporáneo, feroz, diverso y profesional. Ese cruce territorial fue, quizá, el mensaje más contundente de la velada.

La producción y la logística —impulsadas por la organización regional y el equipo local en cabeza de Subterránica e Independent Booking Artist Manager— respondieron con precisión. Que la Embajada de Alemania y las estructuras oficiales miren con atención este circuito no es casual, aquí se construye una industria cultural que busca tránsito internacional sin abandonar su independencia. El evento lo confirmó con boletería llena, puntualidad y un cierre de lujo a cargo de Maskhera, invitada especial que coronó la noche.

Para las bandas finalistas —y para quienes compitieron en los heats durante meses— la jornada fue más que una oportunidad, fue la certificación de un trabajo de años. Viajes, ensayos en condiciones difíciles, inversión personal y noches de sala chica se convirtieron en la fórmula que permitió llegar hasta el Ace of Spades y pelear por representar al país. Ese sacrificio es, en el fondo, el verdadero combustible del metal nacional. Bbar y Ace of Spades representan el circuito bogotano que aguanta y que le da honor a rock colombiano.

La victoria de Athemesis y la presencia contundente de Altars of Rebellion como segunda fuerza confirman una tendencia, que el metal colombiano se organiza por regiones, con circuitos propios que ya no dependen exclusivamente de la capital. Esa descentralización es estratégica multiplica voces, itinerarios y posibilidades de exportación. Mañana, cuando las dos bandas lleguen a Lima, llevarán en la mochila no solo su repertorio, sino la representatividad de escenas enteras.

La noche del 17 de enero no terminó con una foto en la tarima nada más; terminó con un pulso nuevo. El metal colombiano demostró que tiene estructura para soñar en grande y músculo para competir fuera. Athemesis, Altars of Rebellion y Riptor se llevan hoy aplausos, pero también la responsabilidad de representar un continente que merece ser escuchado. Y el público que llenó Ace of Spades se va con la certeza de que, cuando las regiones se organizan, ninguna capital puede monopolizar la historia.

A todos !gracias! Nos vemos en Perú.

@felipeszarruk

Cualquiera que haya solicitado un escenario público sin participar en convocatorias en el país sabe de lo que va este artículo… son meses de pedir permisos, pasar proyectos, ir a reuniones para que dejen dejen usar algo que es de todos. Pero no, este país es tan amañado y tan deshonesto que no se logra tan fácil, tal vez para ellos es más importante que las bandas amigas agarren el escenario de sala de ensayos que otra cosa. ¿Por qué Idartes y las instituciones que gestionan la cultura en este país son tan corruptas? En estos días han publicado de nuevo varios episodios muy duros para ellos, por ejemplo en Instagram rueda un video en donde se denuncia el incumplimiento en los pagos a contratistas y en los diarios están pidiendo explicaciones por nepotismo y contratos amañados… otra vez.

Pero el problema también son los artistas, los arrodillados… hasta aquí este artículo puede parecer “solo” otro conflicto político entre un gestor incómodo y una entidad cultural, eso que los ignorantes y cómplices llaman “una pataleta”. Pero el problema no es sentimental ni estético, es jurídico y eso es lo que la ignorancia colombiana no ha querido entender ni lo hará jamás. Cuando una entidad pública se apropia de un escenario cultural como si fuera suyo, restringe el acceso a quien le incomoda y administra recursos públicos en función de afinidades políticas, deja de cumplir su función legal y entra en terreno de desviación de poder, vulneración de derechos colectivos y posible corrupción administrativa. ¿Pero a ustedes no les interesa verdad? Porque lo saben, saben que esto es real, pero si pelean entonces se quedan sin el recurso, porque casi todo artista nacional es mendigo del Estado.

La Constitución colombiana es clara, los bienes de uso público, es decir las calles, plazas, parques y por extensión los equipamientos culturales destinados al uso común son inalienables, imprescriptibles e inembargables. El Consejo de Estado ha dicho que cualquier decisión que restrinja su destinación al uso común o excluya a algunas personas del acceso crea privilegios indebidos y vulnera el derecho colectivo al goce del espacio público. Eso incluye casos en los que una autoridad cierra o restringe un bien de uso público para favorecer intereses particulares, como ocurrió cuando una vía fue bloqueada para beneficio de una empresa privada y la justicia ordenó reabrirla mediante acción popular. Pero ustedes como les digo nuevamente son borreguitos arrodillados lo que hacen es callar y aguantar, llenar formularios y rezar para ser escogidos por la dictadura cultural.

En cultura, la Ley 397 de 1997 va más lejos, ordena al Estado “garantizar el acceso de todos los colombianos a la infraestructura artística y cultural” y asegurar que los ciudadanos puedan acceder a manifestaciones, bienes y servicios culturales “en igualdad de oportunidades”. No habla de “amigos del poder”, ni de “aliados del programa”. Habla de todos.

Cuando Idartes administra la Media Torta o el Jorge Eliécer Gaitán de modo que ciertos gestores o escenas nunca logran usar esos espacios, pese a cumplir condiciones técnicas y artísticas, está rompiendo el principio de igualdad en el acceso a la infraestructura cultural. Y cuando eso recae, de manera sistemática, sobre una persona o colectivo crítico de la institución, el asunto deja de ser un simple mal manejo administrativo y se acerca a una vía indirecta de censura. ¿Cómo hacerle entender esto a un colombiano?

La Corte Constitucional ha sido contundente frente a las “vías o medios indirectos” de restricción a la libertad de expresión, negar licencias, concesiones o accesos a recursos públicos con el propósito abierto o encubierto de silenciar voces críticas constituye una forma de censura prohibida por el artículo 20 de la Constitución y por la Convención Americana de Derechos Humanos. En una sentencia sobre un canal de televisión al que el gobierno intentó ahogar mediante decisiones administrativas, la Corte describió este mecanismo así:

“Se prohíbe el empleo de vías o medios indirectos para restringir la comunicación y difusión de ideas y opiniones, pues pueden generar un efecto disuasivo e inhibidor sobre quienes ejercen la libertad de expresión, impidiendo el debate público”.

Cambie “canal” por “teatro público” y la lógica es exactamente la misma.

Habría que hacerle un tatuaje en el cerebro de cada habitante de esta tierra que diga “Idartes es un administrador, no un curador” pero ya es tarde… ya los tienen a todos pastando.

En el derecho administrativo existe una figura llamada desviación de poder que sucede cuando una autoridad usa sus competencias legales para un fin distinto al previsto por la ley. Si Idartes tiene la competencia para asignar la Media Torta, el fin previsto es garantizar el acceso equitativo a un equipamiento cultural público. Si, en la práctica, usa esa competencia para castigar o excluir a un gestor crítico, se configura una desviación de poder sancionable.
El Consejo de Estado y la Corte Constitucional han dicho hasta el cansancio que la desviación del fin en el uso de bienes públicos puede vulnerar varios derechos colectivos, entre ellos, el goce del espacio público, la defensa y utilización de los bienes de uso público y la moralidad administrativa.

La moralidad administrativa no es una invención como sí lo son las políticas culturales absurdas, la moralidad exige que los funcionarios gestionen recursos públicos de forma imparcial, transparente y ceñida a la finalidad del bien. Cuando un escenario financiado con impuestos se entrega selectivamente a ciertos proyectos y se niega sistemáticamente a otros por razones políticas, esa moralidad se quiebra. No hace falta robarse un peso, basta con usar el poder discrecional como arma.

En el plano disciplinario, la reiteración de negativas arbitrarias también puede configurar falta grave de los funcionarios responsables, al vulnerar principios de igualdad, imparcialidad y finalidad del gasto público. La Procuraduría y las personerías han investigado en otros contextos actos similares: cierre de parques, privatización encubierta de espacios públicos, entrega sesgada de contratos. La cultura no debería ser excepción. Pero ya todos conocen las técnicas de Idartes, Sayco (Privada), Mincultura y otros al usar triquiñuelas para salirse por la tangente como publicar pendejadas en portales de noticias falsas, negar a sus empleados usando el esquema de “contratistas” o reclamar que “les están dañando el nombre”. Patético.
Lo que ocurre con la Media Torta, el Jorge Eliécer o el Colón no es solo un problema de programación; es algo más profundo, se trata de la captura institucional de la cultura por parte de una élite burocrática que decide quién puede existir en el espacio público financiado por todos. Osea operan como una mafia. Normal acá.

La ley dice que los escenarios son de todos; la práctica los convierte en territorio de unos pocos. Esa fractura entre norma y realidad no es un simple descuido: es una forma sofisticada de corrupción política, donde el botín no son ladrillos ni contratos de cemento, sino la capacidad de decidir qué se ve, qué se escucha y qué se recuerda.

Frente a eso, el periodismo cultural tiene una tarea incómoda, dejar de tratar a Idartes y a las demás instituciones como mecenas intocables y empezar a narrarlas como lo que son, administradores de bienes públicos sujetos a escrutinio jurídico y ético. No basta con cubrir festivales; hay que cubrir también cómo se decide quién entra y quién queda afuera. Pero en Colombia el periodismo es un inodoro, un hervidero de oportunistas sin criterio que están también al servicio de quien les puede dar un peso para comer.

Porque cada vez que una entidad pública le cierra la puerta de un teatro a un gestor incómodo, no solo viola la ley y los derechos colectivos, nos recuerda que en Colombia la censura ya no necesita tijeras. Le basta con un escenario vacío, un correo sin respuesta y un funcionario que, desde su escritorio, se cree dueño de lo que en realidad pertenece a todos.