“Buenas prácticas” el Encuentro de Idartes bajo la sombra de los hallazgos y la repetición de viejas mañas.

El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) ha anunciado con bombos y platillos la realización del Encuentro de Buenas Prácticas en la Gestión Pública de las Artes en Iberoamérica. La sola frase despierta desconcierto: ¿cómo puede erigirse en referente de transparencia una institución que carga sobre sus hombros una larga historia de cuestionamientos fiscales, disciplinarios y éticos? El evento, pensado como una vitrina de excelencia, termina viéndose como un espejo incómodo en el que los fantasmas del pasado y las denuncias recientes aparecen reflejados con nitidez.

Desde hace más de una década, los festivales y equipamientos culturales administrados por Idartes han sido objeto de auditorías, visitas fiscales y debates en el Concejo de Bogotá. En 2018 y 2021, por ejemplo, la Contraloría de Bogotá practicó visitas fiscales a los contratos de Rock al Parque, encontrando irregularidades en la publicación de pliegos, falencias en la gestión de archivos y deficiencias en la supervisión. Algunos de estos hallazgos fueron tan graves que se consignaron con presunta incidencia disciplinaria y fiscal. ¿Puede hablarse de “buena práctica” cuando el festival bandera de la ciudad acumula observaciones de este calibre?

El caso no se limita al festival. Auditorías anteriores llamaron la atención sobre el manejo de boletería en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, donde no existían informes pormenorizados de ingresos, y sobre la compra del Teatro San Jorge, incluida en seguimientos especiales por la Contraloría. A estos antecedentes se suman contratos entre 2017 y 2019 en los que se detectaron falta de evidencia de ejecución, deficiencias de supervisión y problemas de gestión documental. La lista no es un inventario menor: son síntomas de un modelo de gestión que se repite y que parece haber normalizado la opacidad.

El capítulo más reciente lo protagonizan los teatros San Jorge y El Parque. En 2024, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación disciplinaria contra funcionarios de Idartes por presuntos sobrecostos y retrasos en las obras de remodelación. Y en enero de 2025, la Contraloría Distrital notificó la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal sobre el contrato 1878 de 2021, advirtiendo un posible detrimento de 97 millones de pesos. Es decir, mientras se prepara un encuentro internacional para hablar de gestión ejemplar, la entidad anfitriona se defiende de señalamientos por mala ejecución y pérdida de recursos públicos.

Pero no todo se reduce a cifras y hallazgos técnicos. La comunidad cultural ha denunciado durante años dinámicas igualmente corrosivas, aunque menos visibles en los informes oficiales. El acoso y veto a agentes independientes, la programación cerrada de escenarios públicos que terminan convertidos en feudos privados, los jurados con vínculos laborales previos que terminan premiando a sus propios círculos y los pagos cuestionables a sociedades de gestión colectiva como Sayco forman parte de un relato recurrente. Estas prácticas, aunque no siempre aparecen en los documentos de los entes de control, construyen un ambiente de exclusión y favorecimiento que contradice cualquier discurso de equidad cultural.

El tema ha tenido también eco político. En febrero de 2024, el concejal Rubén Torrado denunció en sesión del Concejo sobrecostos de hasta un 500 % en la compra de dotación para los mismos teatros. Sus palabras encendieron un debate que dejó claro que las dudas sobre la transparencia de Idartes no son capricho de unos pocos críticos, sino preocupación de instituciones de control y de representantes políticos.

Con este panorama, el Encuentro de Buenas Prácticas corre el riesgo de convertirse en una puesta en escena paradójica: el anfitrión exhibe un traje impecable para recibir a sus invitados, pero no logra ocultar las manchas en el espejo. En lugar de abrir un espacio para la autocrítica y la reparación, la institución parece interesada en blindar su imagen y proyectar hacia afuera una normalidad que puertas adentro está en entredicho.

Y como si todo esto no bastara, en los pasillos del sector circula una versión que, de confirmarse, ratificaría la sensación de círculo cerrado y falta de renovación: fuentes confiables aseguran que Chucky García, programador y curador de Rock al Parque durante casi una década, estaría cerca de regresar a su antiguo rol. García ha sido señalado en el pasado como símbolo de la repetición de élites en la curaduría, y su eventual retorno difícilmente podría leerse como un signo de apertura o cambio. Más bien, reforzaría la idea de un oligopolio cultural que se perpetúa con los mismos nombres y las mismas prácticas, ahora maquilladas bajo el discurso de las “buenas prácticas”.

En este contexto, el encuentro de Idartes no aparece como un espacio de construcción colectiva, sino como un ejercicio de legitimación institucional. Un foro que, en lugar de inspirar confianza, despierta preguntas incómodas: ¿se puede hablar de buenas prácticas cuando las malas prácticas no han sido aclaradas ni superadas? ¿Qué clase de modelo se quiere proyectar a Iberoamérica: el de la transparencia o el de la simulación? La respuesta no la dará un eslogan ni un evento de relumbrón, sino la capacidad real de transformar estructuras enquistadas que hasta hoy siguen alimentando la desconfianza.

En este panorama, hablar de “buenas prácticas” parece un gesto cínico. ¿Cuáles son esas prácticas? ¿Blindarse tras comunicados oficiales? ¿Repetir los mismos nombres en la curaduría, como si la cultura de una ciudad entera se redujera a una camarilla? Según fuentes del sector, la inminente reaparición de uno de sus actores eternizados en Rock al Parque es la mejor prueba de que los cambios son de forma y no de fondo: las curadurías terminan reciclándose en torno a los mismos actores, anclando una élite cultural que controla la programación, las convocatorias y hasta los jurados.

Lo más grave es que nadie escucha a los agentes independientes. Los vetos, las retaliaciones y las exclusiones sistemáticas quedan invisibilizados, mientras la institución se blinda en su burocracia y la justicia —cuando interviene— casi siempre favorece a los funcionarios y archiva los procesos. La desigualdad se institucionaliza y el discurso oficial se impone como si nada ocurriera.

En este contexto, ¿qué sentido tiene luchar por las artes en un país donde la cultura está sometida a un oligopolio comprobado, sostenido tanto por prácticas administrativas cuestionadas como por una red de favores políticos? A veces, la lucha parece en vano: se gasta vida, se gasta pasión, se gasta esperanza en un terreno donde los dados están cargados. Y aun así, la resistencia persiste, porque la cultura no le pertenece al oligopolio ni a sus curadores perpetuos: le pertenece a la gente que la crea y que, a pesar de todo, se niega a rendirse.